El juez imputa a cuatro altos cargos de Acuamed de la etapa del PSOE por las irregularidades en dos obras

La Mafia del Agua // El que fuera director general de la empresa pública hasta febrero 2012, Carlos Massa, y tres de sus subordinados han declarado como investigados en la Audiencia Nacional en las últimas semanas. Se les acusa de supuestos pufos en la desaladora de Torrevieja (Alicante) y en los trabajos de Rambla Gallinera, de Valencia, iniciados en la época de las ministras socialistas Elena Espinosa y Rosa Aguilar.

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Imagen de archivo del juez Eloy Velasco, instructor del ‘caso Acuamed’// EFE

El ‘caso Acuamed’ también salpica al PSOE. El titular del Juzgado Central de Instrucciónnúmero 6, Eloy Velasco, ha tomado declaración en las últimas semanas como investigados (antes imputados) a cuatro altos cargos de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) de la etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata del que fuera director general de la sociedad estatal hasta la llegada del PP, Carlos Massa Raviglione, y de sus subordinados Rafael Belda, Luis María Quinta Cavanillas y Luis Francisco García Poveda. El primero fue interrogado por el magistrado sobre dos de las obras ahora bajo sospecha, la desaladadora de Torrevieja (Alicante), y los trabajos de drenaje en Rambla Gallinera, en Valencia. Los otros tres imputados tuvieron que responder a preguntas de esta última adjudicación.

Los cuatro cargos de Acuamed de la etapa socialista imputados fueron interrogados por las irregularidades en la desaladora de Torrevieja y en los trabajos de Rambla Gallinera

El primero de todos ellos en comparecer en la Audiencia Nacional fue, precisamente, Carlos Massa. El pasado 12 de febrero se sentaba ante el juez Velasco y respondía durante cerca de 40 minutos a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción acusado de “conocer y consentir” determinadas actuaciones en Acuamed que “suponen un menoscabo para la Administración”. Todo ello desde su puesto de director general de Acuamed, al que accedió en febrero de 2009, con la socialista Elena Espinosa como ministra de Agricultura. Se mantuvo justo tres años, hasta febrero de 2012, cuando la también nombrada por el PSOE Rosa Aguilar ya había dejado su puesto al ‘popular’ Miguel Arias Cañete tras el triunfo del PP en las elecciones de diciembre de año anterior. Su sustituto al frente de la sociedad estatal fue, precisamente, Arcadio Mateo del Puerto, señalado por la ‘Operación Frontino’ como presunto cabecilla de la trama de amaños desmantelada.

Buena parte del interrogatorio al que sometió el juez Velasco a Carlos Massa se centró en la desaladora de Torrevieja, la obra realizada por la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras y Acciona Agua que terminó provocando un supuesto ‘agujero’ de más de 227 millones de euros entre sobrecostes de inversión “por mala gestión” y los causados por la explotación ineficiente de la misma, según un informe interno de la empresa pública que se ha incorporado al sumario. Dicho documento detallaba que la construcción de esta instalación, publicitada como la mayor de este tipo en Europa, superó ampliamente el presupuesto inicial y elevó el precio final en más de un 18%.

“Supongo que sí”

Pese a estas cifras, el antiguo director general de Acuamed, negó al magistrado cualquier irregularidad, aunque reconoció que los presupuestos de la misma se dispararon y que, hasta su salida de la empresa pública, este contrato fue un quebradero de cabeza al que “no fue capaz de encontrar una fórmula” para solucionarlo. “Sigo dándole vueltas a la situación”, se llegó a sincerar con el magistrado. No obstante, el juez Velasco no sólo le preguntó por los trabajos de construcción en si de la desaladora, sino también por una campaña publicitaria puesta en marcha por los entonces responsables del Ministerio de Agricultura sobre la misma. El magistrado también quiso saber si parte de las decisiones ahora bajo sospecha se tomaron por parte de persona situadas “más arriba que usted”. “Supongo que sí”, señaló antes de citar sin nombres a “la Secretaria de Estado de Medio Ambiente o al Ministerio de Agricultura” en el que se sucedieron Espinosa y Aguilar en el tiempo en el que él estuvo al frente de la empresa pública.

El juez preguntó al director general de Acuamed durante los últimos gobiernos de Zapatero si las decisiones se tomaban “más arriba”. “Supongo que sí” fue su respuesta

Carlos Massa fue interrogado también por otra obra iniciada durante su etapa al frente de Acuamed. En concreto, por los trabajos de drenaje en Rambla Gallinera, en la provincia de Valencia. La investigación apunta a que en la misma “se realizaron sondeos, estudios y proyectos diferentes sin realizar el proyecto contratado”. Además, se llegaron certificar 2 millones de euros en trabajos que no estaban en el contrato, “en concreto una escollera que nunca existió”. Un informe elaborado en el verano de 2013 por técnicos de la propia sociedad estatal ya alertaba de que la realización de aquello trabajos podían provocar el efecto contrario al que se buscaba con ellas. En concreto, avenidas de agua y las correspondientes inundaciones en zonas, además, “que antes no se veían afectadas”. El documento, incorporado al sumario, incluso tildaba éstas consecuencias de “nefastas desde un punto de vista económico y penal”. Aquella obra fue adjudicada a otra UTE, en este caso a la formada en 2009 por las empresas Sogeosa y Torrescámara.

Durante el interrogatorio, el juez Velasco incidicó en la supuesta existencia de “sobrevaloraciones en las certificaciones mensuales para beneficiar al contratista” y pagos por trabajos “ficticios”, pero también en “discrepancias sobre la cimentación de la presa”. Carlos Massa negó todas. El juez incluso le planteó si era “consciente de que al principio del proyecto se usó un estudio geotécnico de una presa diferente”. Carlos Massa también rechazó dicha acusación, a la que vez que recordaba que las decisiones importantes se tomaban en las reuniones del Consejo de Administración de la compañía a las que asistía como “invitado”, pero no como miembro del mismo. Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción también le preguntaron insistentemente por las anotaciones manuscritas que aparecían en varias facturas referidas a reclamaciones de los adjudicatarios de dicho contrato.

Certificado falsos, modificados manipulados

Los otros tres altos cargos de la compañía de la etapa socialista investigados comparecieron en la Audiencia Nacional las semanas siguientes. El interrogatorio de todos ellos se centro en casi en exclusiva en las obras de la Ramba Gallinera y en la supuesta alteración de documentos para favorecer a las compañías adjudicatarias. El primero fue Rafael Belda, quien ejerciera como director de proyectos entre diciembre de 2006 y mayo de 2012. El juez le preguntó por qué aparecía su firma en certificados de obras que presuntamente eran falsos y si había participado en la elaboración de documentos de modificados para elevar las cantidades a pagar a los contratistas. Idénticas preguntas tuvo que contestar el pasado 14 de marzo Luis María Quintana, director de Ingeniería y Construcción de Acuamed en aquellos años.

Uno de los altos cargos de la etapa del PSOE ahora investigado fue despedido en 2013 por Francisco Valiente, el ingeniero que denunció las irregularidades a Anticorrupción

El 29 de marzo fue el turno de la comparecencia de Luis Francisco García Poveda, que fuera subdirector de Construcción en la empresa pública. Éste, al que el juez también acusó de “manipular” los certificados de obra mensuales para presuntamente pagar de más a las empresas adjudicatarias, detalló que trabajó en la sociedad estatal entre marzo de 2007 y mayo de 2013, cuando fue apartado de su puesto para ser despedido finalmente a finales de ese año. El magistrado le preguntó el por qué de esa salida de la empresa y el respondió con un escueto “no sé”. Sin embargo, sí supo identificar al que decidió su despido: el entonces director de Construcción, Francisco Valiente, el ingeniero que sólo unos meses después sería represaliado por la compañía precisamente por negarse a validar las irregularidades y denunciarlas ante la Fiscalía Anticorrupción. Los mismos pufos de los que el juez Velasco acusa ahora a estos cuatro altos cargos de Acuamed de la etapa socialista.

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