El juez imputa a Grau y a la tesorera del PP por la financiación de las campañas de 2007 y 2011

El número dos del consistorio valenciano con Rita Barberá declarará como investigado por los delitos de cohecho, malversación y delito electoral

El exvicealcalde de Valencia,Alfonso Grau, en una imagen de archivo. E.P.

El exvicealcalde de Valencia,Alfonso Grau // imagen de archivo. E.P.

El magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Imelsa y su derivado conocido como Taula, ha citado a declarar como imputados a la actual tesorera del PP nacional, Carmen Navarro, y al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en la pieza relativa a la financiación de las campañas del PP de la capital valenciana de 2007 y 2011.

La tesorera está también imputada junto al partido por la destrucción de los discos duros de su antecesor en el cargo Luis Bárcenas.

El juez ha citado igualmente como investigado (antes imputados) el exgerente del PP provincial de Valencia José Moscardó y Grau declarará como investigado por los delitos de cohecho, malversación y delito electoral el próximo 6 de octubre en relación con la financiación de las campañas del PP de la ciudad de 2007 y 2011 a través de la empresa Laterne Product Council (LPC). Los otros dos investigados están citados para el 16 del mismo mes.

El auto, fechado el 20 de septiembre, se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que se desprende que el que fuera administrador de Laterne Vicente Sáez, ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron “utilizar el entramado empresarial” del primero para “alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros”.

En los comicios de 2007, el PP valenciano habría gastado 2.538.731 euros y solo declaró 133.762 en toda la provincia

Esta operativa se llevaba a cabo, según se explica en la resolución, “velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral”.

Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado “tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas” figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.

En el epígrafe Coste Total Campaña aparecen gastos por un total de 2.538.731 euros y, a continuación, se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como Aportaciones por un total de 2.683.750 euros. Sin embargo, el magistrado resalta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendió a la suma de 133.762 euros.

Procedimientos para canalizar el dinero

El instructor de esta causa desgrana también los distintos procedimientos empleados para canalizar dichas entregas de dinero. En primer lugar, señala que se producían a través de aportaciones provenientes de fundaciones y organismos vinculados al Ayuntamiento de València y que “no obedecerían a servicios efectivamente prestados a los mismos por Laterne u otras empresas del grupo empresarial de Vicente Sáez”.

El segundo método lo constituirían aportaciones de una serie de empresas privadas, todas ellas relacionadas contractualmente con el consistorio en el que gobernaba el PP de Rita Barberá, con las que se habría acordado “sufragar y financiar los gastos de campaña”.

Otra vía de entrada de efectivo, por un importe de hasta 620.000 o hasta 1.119.600 euros, según diversos documentos incorporados a la causa, provendría de firmas supuestamente implicadas en la constitución de una empresa, Product Management Council S.L. (PMC), que fue constituida en 2007 pero de la que “no hay ninguna justificación” en el empleo de esos fondos, “no contó con trabajadores”, ni aparecen “datos que revelen la devolución” de esos importes, por lo que “cabe pensar razonablemente que su destino fuera la financiación de la campaña de 2007”, apunta el juez.

El informe recoge también una operativa por la que se habría satisfecho, ya en 2008, el importe de gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban a LPC. “Esta operativa implica directamente a Alfonso Grau”, según consta en el auto.

El juez explica también que estos hechos serían constitutivos de un presunto cohecho, cuya responsabilidad penal hoy estaría prescrita, por lo que los empresarios que habrían entregado cantidades a Laterne deberán en su caso declarar en esta causa como testigos.

El juez señala que como los hechos se cometieron en 2007, antes de la reforma del Código Penal de 2010 “no pueden determinar la responsabilidad penal de ninguna persona jurídica”

De hecho, el magistrado argumenta que los nuevos hechos recogidos en el informe policial y cometidos antes de la reforma del Código Penal de 2010 “no pueden determinar la responsabilidad penal de ninguna persona jurídica”, por lo que por los hechos de 2007 “no puede investigarse la responsabilidad penal de ninguna empresa, asociación, fundación o partido político”.

Asimismo, en el escrito se indica que las posibles responsabilidades penales por falsedad en la contabilidad de los administradores electorales de 2007 estarían igualmente prescritos. La persona que figura como administrador único de las candidaturas en las municipales de 2007 es Luis Bárcenas. Por esta circunstancia, en caso de que se considera procedente que preste declaración, lo haría en calidad de testigo.

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