Justicia: retroceso en derechos y libertades // No estaríamos peor si Rajoy no hubiese nombrado ministros de Justicia en estos años. Las reformas legales que se han aprobado pueden y deben contrarreformarse sin que se pierda calidad en la respuesta a ningún conflicto; las relaciones entre el Ejecutivo y la cúpula judicial (CGPJ) han abundado en los vicios que ya venían arrastrándose; y la estructura organizativa judicial (Juzgados y Tribunales) ha sido descuidada por completo, hasta provocar una huelga de jueces que expresó un malestar explicado en una tabla reivindicativa que parece elemental.
Si por algo se han caracterizado los gobiernos de Rajoy no ha sido en absoluto por una apuesta en la modernización de la Administración de Justicia. Es fácil sospechar que la que hay le servía. ¿Para qué mejorarla?
Ruiz-Gallardón (o quizás Montoro) hizo de la Justicia una justicia tasada (y por tanto desigual, poniendo un precio discriminatorio al ejercicio de la tutela judicial efectiva), redujo el CGPJ a una especie de Comité Ejecutivo más fácilmente manejable y preparó unos interesantes anteproyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial (con el establecimiento de los tribunales de instancia provinciales) y de Ley de Enjuiciamiento Criminal (con la instrucción atribuida al Ministerio Fiscal bajo control judicial) que habrían supuesto avances importantes largamente esperados. Su dimisión a causa del rechazo del propio Gobierno de su ley del aborto frustró esas reformas ambiciosas, que Catalá no supo o no quiso continuar (con la excepción de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que en general mereció aprobación en la comunidad jurídica). Catalá, de buen verbo, se dejó llevar y se limitó a suplir con palabras su completa inacción. Quizás porque empezó sin proyecto y se quedó más tiempo del previsto.
El legado de Rajoy en materia de Justicia tiene más cargas que bienes. Deja un Tribunal Constitucional desacreditado por el nombramiento de un presidente que fue militante de partido y por la reforma que lo convirtió en ejecutor de sus propias decisiones (árbitro que interviene en los lances del juego), y la Ley Mordaza (el nombre a veces es la esencia) no ha mejorado la calidad de la expresión y la protesta públicas, pero sí ha exacerbado su criminalización hasta extremos no soportables.
Deja Rajoy unos derechos fundamentales erosionados, expuestos a una percepción de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad pública y de la respuesta a la delincuencia que sólo provocan más sufrimiento en términos colectivos, más cárcel y más temor en el ejercicio de conductas hasta hace poco consideradas derechos sin más, además de un rosario de agravios con sed de sentencia ejemplarizante. Y deja por último, aunque su responsabilidad sea sólo indirecta, un problema político de primera magnitud incrustado en los estrechos e impredecibles cauces de un proceso penal que comprometerán cualquier solución propiamente política: la represión y reconducción de la Legislatura de la independencia en Cataluña.
Han sido años perdidos para la Justicia. Perdidos y mal empleados. La nueva ministra de Justicia, de intensa experiencia profesional, encuentra un terreno yermo, claudicante y derrotado. La democracia española tiene una larga y acumulada deuda histórica con la Justicia tanto en el aspecto presupuestario como en el de impulso modernizador. Cualquier iniciativa bien pensada desde el principio que vaya en la línea de reforzar la independencia judicial, la contención en la represión gubernativa (que no tiene las garantías del proceso penal), la redefinición legal de delitos y penas controvertidos socialmente, la despolitización de los nombramientos de la cúpula judicial y la proposición de un verdadero Pacto por la Justicia con previsiones presupuestarias realistas, podría hacer de estos dos años de Sánchez un bienio virtuoso.
Cataluña: la muerte de la política
La huella de Rajoy sobre el tema catalán se inicia antes de Rajoy, con la reforma del Estatut, en 2003. Es decir, con Aznar y con el último proyecto de España modulado por la derecha, una idea de España que lee la globalización parcialmente, y que apuesta por Madrid como una capital financiera del mundo hispano. Es, por tanto de una idea de centralización aún más rigurosa y amplia que las anteriores. Desde el siglo XIX, la democracia en España ha ido unida a descentralización. Optar por la opción contraria es, por tanto, democráticamente arriesgado. Rajoy, desde la oposición y desde 2004, jugó a ese juego peligroso con boicots a productos catalanes y recogidas de firmas ante un Estatut que contenía aportaciones que se aplicaron, sin mayor problema, en Andalucía y el País Valencià, y que apostaba por un tímido, débil y asumible autoreconocimiento nacional fuera del articulario, en el preámbulo. La política catalana –y la española: la descentralización es la democracia en España, recordemos– quedó sensiblemente emponzoñada tras esa etapa, y tras la sentencia del TC sobre el Estatut –en 2010 y con mayoría progresista en el TC, por cierto–, una sentencia desmesurada y agresiva para tan poco.
Con Rajoy en la presidencia se inicia una nueva etapa en la degeneración del tema catalán. En primer lugar, Rajoy se niega a negociar con Mas un pacte fiscal en 2012. Un pacte fiscal era la propuesta de un sistema de financiación foral. Pero también era cualquier cosa, pues Mas, el primer gran recortador del Bienestar en España, se hubiera conformado con cualquier gesto. No hubo gestos. Se pasó a la siguiente casilla, un referéndum. El Govern catalá, a partir de este momento, fue errático. Pero también, mucho más y de manera más determinante, el de Rajoy. Sin propuesta de diálogo, Rajoy dialogó y pactó el referéndum, que pasó a ser una consulta tolerada en 2014. Después de esta fecha, Rajoy se cerró en banda. La ausencia de diálogo ante un problema de fácil solución –por parte procesista, nunca estuvo en juego la independencia–, hizo que el tema transcurriera fuera de la política, en los medios afines, adquiriendo una velocidad e importancia paralela a la realidad.
En este punto, Rajoy apostó por deslocalizar en la Justicia cualquier solución. Con ello, el Gobierno desapareció de cualquier solución, perdió la iniciativa, y sometió a la Justicia al estrés de verse mezclada con la política. De septiembre a octubre eso es lo que pasó. Con dos nuevas aportaciones y agravantes.
Por un lado, el uso de la fuerza para un problema político. Hubo violencia, que podía haber sido mayor, que podría haber supuesto, incluso, una matanza, esperada por todo el mundo durante más horas de las deseables. Por otra parte, la solución de Rajoy parece ser que se verbalizó a través del discurso de rey, el 3-O, un discurso en el que se daba la democracia por finalizada –en el Estado que en el XIX descubrió que la democracia es descentralización–, y en el que se apuntaba a la violencia como solución a cualquier reapertura del debate. La aplicación del 155 –un 155 arbitrario y como consecuencia de la ausencia de política, pero más leve y moderado de lo esperado– es la última aportación de un Rajoy que dejó a Cataluña sin salida, provocando la renovación de líderes en Catalunya –alejados de la política tanto que no sabemos aún si quieren o pueden discutir con el Estado una solución–, y ha dejado a una generación de líderes en la cárcel y en el exilio. Posiblemente, por 30 años. Lo que aleja cualquier solución y enrarece la política. Un problema que se podría haber canalizado por gestos, ¿puede ser aún canalizado por gestos?
Mujeres: brecha salarial y adiós a la dependencia
El Ejecutivo del PP no ha gobernado para las mujeres, que somos casi el 51% de la población española. Solo el último 8M, con la extraordinaria marea violeta en las calles, consiguió que el Gobierno anunciara que reactivaría sus propuestas sobre igualdad. No tuvo tiempo y no tenía ganas. Pocos meses antes, el expresidente respondía “no nos metamos en eso” al ser preguntado por la ley islandesa que obliga a las empresas a la equiparación salarial entre hombres y mujeres. Rajoy ignoraba así la tremenda brecha salarial que existe en nuestro país: casi 6.000 euros, un 22%.
Los Presupuestos de 2018, que quedan como herencia para el presidente Sánchez, son una muestra de la ausencia de políticas con visión de género del anterior gabinete.
Diversas plataformas feministas criticaron el machismo de esas partidas, sobre todo en empleo, pensiones y permisos de paternidad. El PP, mientras tanto, se ausentaba de la reunión en el Congreso en la que se debatían las cuentas del Estado con el movimiento feminista.
Empleo. Según la última EPA, de abril, las mujeres se siguen viendo más afectadas por el paro: el 18,35% frente al 14,97% de los hombres. Además, el 73% de los contratos a tiempo parcial los realizan mujeres. Los presupuestos destinan un 3,4% menos al pago de las prestaciones por desempleo, por lo que la mitad de las paradas no recibirían ninguna ayuda. El PP, además, retrasó hasta 2023, mediantes enmienda a los presupuestos, la integración en el Régimen de la Seguridad Social de las empleadas del hogar.
Violencia machista. Finalmente, la presión de las mujeres en las calles consiguió que el Gobierno rectificara y asegurara los 200 millones del Pacto contra la Violencia de Género: un 0,06% de los presupuestos (327.955 millones). Poco más. Sin recursos económicos, que entre otras cosas garanticen la salida del hogar de las mujeres que denuncian violencia machista, la ley es insuficiente.
Dependencia. El Gobierno de Rajoy presupuestó 1.400 millones de euros para esta partida, un 6,7% menos que en 2011. El año pasado 38.000 personas dependientes fallecieron en España sin haber recibido ninguna prestación. Dos de cada tres dependientes son mujeres, y el 90% de las personas que se ocupan de los cuidados, también. La Ley de dependencia tiene pendiente extender su alcance, agilizar los pagos y profesionalizar una parte importante de los cuidados.
Permisos. Los Presupuestos contemplan el aumento de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad, aunque exige que se tomen de forma ininterrumpida. Queda pendiente la propuesta de las PPIINAS recogida en una Proposición de Ley en enero: permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%.
Economía: devaluación salarial y amenaza para las pensiones
Rajoy no lo dijo, pero se propuso bajar los salarios y lo consiguió. Insignes economistas han sostenido que bajar los salarios nominales no es posible por la resistencia de los asalariados a aceptarlo. Tal fue la contundencia del Gobierno del PP que lo consiguió en cuatro de los seis años que estuvo en el poder.
En términos reales, es decir, descontando la inflación, ya que el euro de 2011 valía más que el de 2018, los salarios han descendido casi continuamente. Ahora son un 5 por ciento más bajos que cuando Rajoy tomó el poder.
Esa devaluación salarial no ha consistido sólo en congelar o abaratar los sueldos de los que trabajan, sino también en algo mucho más impactante, y de consecuencias más graves. La Reforma Laboral del PP ha facilitado, y sigue facilitando, porque aún está en vigor, despedir de manera mucho más fácil. De ese modo se ha sustituido una parte de los empleos para contratar seguidamente a parados con salarios notablemente más bajos.
Entre 2012 y 2016, el Ministerio de Empleo tiene registrados más de un millón de despidos de trabajadores fijos. Gran parte de ellos fueron sustituidos por trabajadores que cobraban casi la mitad.
Esos nuevos asalariados eran nuevos cotizantes a la Seguridad Social que debían contribuir a pagar la pensiones de los jubilados. La consecuencia de esta devaluación salarial ha tenido su reflejo en las cuentas de la Seguridad Social. Sus ingresos han sido año tras año menores de los presupuestados. Al aumento de jubilados, unos 230.000 cada año, por término medio, sólo en el régimen general, se ha sumado la incapacidad recaudatoria por la bajada de sueldos. Lo han pagado los pensionistas presentes, con subidas raquíticas que no han compensado el encarecimiento del coste de la vida. Y lo pagarán también, si esto no se remedia, los pensionistas futuros. Un factor de sostenibilidad del sistema, elaborado por el Gobierno sin apoyo de la oposición, supondrá, de llevarse a cabo, una reducción de la cuantía a percibir por los nuevos jubilados.
Reconstruir sobre las ruinas debería consistir en primer lugar en recuperar significativamente los salarios. No sólo con aumentos anuales, que lógicamente no pueden ser explosivos, sino derogando la Reforma Laboral. Primero, para que el despido, y la consiguiente sustitución por otro asalariado, no se utilicen como la estrategia empresarial para bajar costes. El despido debe volver a tener causas muy justificadas ente los tribunales y recuperar el principio tuitivo, protector, hacia el trabajador de la legislación laboral. Segundo, recuperar el poder negociador de los sindicatos, limitando la posibilidad de que la parte empresarial se descuelgue de una parte del convenio, por ejemplo que no aplique la subida salarial comprometida. También se debe recuperar la ultraactividad de los convenios, que sigan vigentes mientras no se pacte otro. Y volver a dar prioridad a los convenios sectoriales frente a los de empresa.
Las dificultades de la Seguridad Social llevaron al PP a gastarse prácticamente todo su Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones. Estaba pensada para momentos puntuales y se ha empleado como recurso continuado.
Por ello, antes de irse Rajoy se ha visto obligado a prestar este año y el pasado 10.000 millones de euros de los Presupuestos del Estado para pagar pensiones, pero a costa de más deuda. Si es indispensable más dinero, debe establecerse transitoriamente un impuesto a la banca como han defendido el PSOE y Podemos. También los sindicatos, aunque dudan de que sea suficiente si se aplica como remedio definitivo.
Finalmente no debe aplicarse en 2019, como está previsto, el llamado factor de sostenibilidad para calcular la cuantía de las nuevas pensiones a partir de ese momento. Consiste en tener en cuenta la esperanza de vida, además de los años y la cuantía cotizados. Por tanto supone una pensión más baja que las anteriores. Y, por supuesto, volver al principio establecido en el Pacto de Toledo de subida de las pensiones de acuerdo con la inflación.
Economía: el precariado
En España se ha desarrollado un sistema de incentivos perversos que nos han llevado a un modelo productivo que no busca la especialización productiva en producciones de alto valor añadido, en bienes superiores, sino en la reducción de costes y la precariedad laboral. En parte por la regulación de la reforma laboral, en parte por estar mal resuelto este tema en el Estatuto de los Trabajadores, promueve este auténtico precariado dependiente del sector público y privado, así como dinámicas de competencia desleal entre empresas. Las propias administraciones públicas han fomentado estas prácticas, para ajustar sus propias cuentas.
Uno de los grandes focos de precariedad laboral, y con un sesgo de género bastante claro, son los procesos de externalización de parte de las actividades de las empresas a través de redes de subcontratación, cuyo último objetivo es desvalorizar el trabajo: esta es la única política industrial desarrollada en los últimos años.
Las facilidades para el descuelgue del convenio de empresa de los convenios sectoriales, el intento de terminar con la ultractividad, la descausalización en la práctica de la contratación temporal, la creciente desprotección del trabajador en despidos individuales y colectivos son las vigas maestras de la reforma laboral del 2012, y cuestiones que también están en la del 2010, que hay que eliminar.
Este camino no habría que renunciar a recorrerlo a través del marco tripartito del diálogo social, contando con las organizaciones empresariales. Serían cambios mucho más estables y útiles para la mayoría social. Más que una derogación que nos lleve a la legislación laboral del año 2007 o del 2009 (donde convivíamos con tasas de temporalidad de más del 30% que fueron el preludio de un aluvión de despidos ante la crisis, no lo olvidemos), se trata de una derogación por elevación. Se trata de la construcción de un marco laboral más democrático, más moderno, más equilibrado, menos segregador y que incentive comportamientos virtuosos y no perversos, como ocurre actualmente.
Medio Ambiente y Cambio Climático: el desmantelamiento
Durante la primera legislatura, con una mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas, el PP desmanteló una buena parte de la legislación ambiental existente. La segunda, entre 2016 y 2018, ha estado caracterizada por el bloqueo sistemático de las iniciativas presentadas por otros grupos políticos, de manera que se han impedido avances significativos en materia ecosocial.
Uno de los principales retrocesos de la primera legislatura fue la reforma de la Ley de Costas, que supuso la privatización de una parte significativa del litoral así como la desprotección de la costa para permitir actividades económicas que, a menudo, tienen gran impacto ecológico.
En el plano energético destaca el freno al desarrollo de las energías renovables y la instauración del llamado impuesto al sol que, contraviniendo las directrices europeas, ha limitado la instalación de paneles solares en pueblos y ciudades de todo el territorio.
Además se dio un fuerte impulso a las prospecciones petrolíferas en alta mar, facilidades al fracking y se afianzó una reforma energética que ha dado un enorme poder al oligopolio eléctrico, permitiéndoles marcar la política energética en función de sus intereses.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, fue un verdadero adalid en el empeño de prolongar la vida de las centrales de carbón, las más contaminantes, a veces incluso con el rechazo de las compañías propietarias.
La actuación positiva en temas de cambio climático también ha sido muy escasa: además de las restricciones a las renovables mencionada, se creó un comité de expertos –sin ninguna mujer– y hecha a la medida de los intereses de los propietarios de las nucleares y plantas de carbón y gas. El resultado fue que, una vez pasados los peores momentos de la crisis económica, las emisiones de gases de efecto invernadero han vuelto a crecer y a día de hoy no existe una ley contra el cambio climático.
En temas relacionados con la calidad del aire, España ha sido el único país que no ha emprendido ninguna acción legal contra el fraude de los fabricantes de vehículos diésel, y en la Comisión Europea ha defendido las posiciones tolerantes con la industria del automóvil que mantendrá los niveles de contaminación durante varios años más.
En la misma línea se han mantenido durante ambas legislaturas la promoción de un modelo agrícola intensivo, explotador de recursos y de personas, y un abandono claro de las políticas de protección de la biodiversidad.
Al hablar de agua, hay que reconocer que se han desarrollado los planes de cuenca con algunos aspectos positivos y se han creado reservas fluviales, pero se ha mantenido la sobreexplotación del agua, con incrementos de regadíos inviables si consideramos la reducción de caudales en los cauces ligados al cambio climático,
En materia de residuos, el Gobierno de Mariano Rajoy ha seguido bloqueando la instalación de sistemas de devolución y retorno de envases, que permitirían reducir drásticamente estos residuos. Por otro lado, la estrategia de economía circular y cierre de ciclos presenta una gran falta de ambición.
A todo esto hay que sumar la ausencia de una auténtica fiscalidad ambiental, las trabas para el acceso a la justicia (costas, tasas), y las medidas aprobadas para limitar o evitar la movilización ciudadana (leyes mordaza), que se han utilizado profusamente para reprimir protestas ecologistas y de todo tipo de movimientos sociales.
Cultura: castigo, desinterés y olvido
A los recortes que sufrió el sector cultural en España desde 2011 (cerca del 30% de reducción en los PGE), hay que sumar una mezcla perversa de castigo (el improductivo y por tanto incomprensible IVA cultural y digital), desinterés (ninguna medida alternativa de financiación, como el mecenzago, para paliar la pérdida de financiación pública directa) y olvido (ni siquiera las medidas a coste cero, como las cuotas de pantalla para promocionar y proteger al sector, fueron contempladas).
Recortes, castigos, desinterés y olvido, tapados por la sola y vacía reivindicación de la marca España, ajena a las necesidades del sector pero útil, quizá, como valor promocional para el Gobierno.
Una década nefasta para el sector cultural que va a necesitar de un largo camino que, sin embargo, puede empezar a recorrerse aquí y ahora: bajada inmediata del IVA cultural y digital, ley de mecenazgo que permita autonomía financiera al sector, desarrollo del recién aprobado Estatuto del artista, un nuevo acuerdo para una comisión mixta entre Cultura y Fomento que permita, por fin, destinar el nunca aplicado 1,5% de la obra pública al desarrollo de nuestro patrimonio histórico y, sin duda también, una ley audiovisual que, como en nuestro entorno europeo, establezca cuotas para la exhibición de nuestra producción cultural. Quedará mucho por hacer, pero este sería un buen comienzo.
