El Gobierno vuelve a utilizar su capacidad de veto para bloquear la subida de pensiones y un pago único para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.
Soraya Saénz de Santamaría, junto a Mariano Rajoy, en el Congreso.
La proposición de ley presentada por Unidos Podemos de subir las pensiones a inicios de año con el IPC previsto, o que se abonara la diferencia en un pago único en caso de que no se cumpliera la previsión, se ha vuelto a encontrar con el muro del Partido Popular y su veto. El Gobierno, una vez más, utiliza la prerrogativa de vetar cualquier propuesta que pueda suponer una modificación presupuestaria: disminución de ingresos o aumento de gastos.
La proposición de ley también proponía la derogación de la ley de 2013 que implicaba que la revalorización de las pensiones haya sido menor que la inflación, con un efecto negativo para el poder adquisitivo para los pensionistas que ven como los precios aumentan en mayor medida que sus pensiones. Por lo que la propuesta pedía que a las personas afectadas por dicha ley reciban un pago único para compensar esa diferencia con los IPC de 2016 y 2017, años en los que la inflación fue mayor que la subida de las pensiones y, por lo tanto, periodos en los que los pensionistas disminuyeron su poder adquisitivo.
Yolanda Díaz, diputada de En Marea en el Congreso y portavoz en la comisión de pensiones de Unidos Podemos, ha declarado a El Salto que este veto impide que se pueda debatir y alcanzar un acuerdo de ley para garantizar el poder adquisitivo de las personas pensionistas: “Rajoy descubre sus cartas: el PP no está dispuesto a una revalorización real de las pensiones”, ha lamentado la diputada.
El documento remitido por el Gobierno, al que ha tenido acceso El Salto, “la aprobación de esta Proposición de Ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución”. También indica que aprobar esta revalorización es contraria a garantizar el principio de estabilidad presupuestaria contenido en el artículo 135 de la Constitución. Para Díaz, la proposición de Unidos Podemos demuestra que revalorizar las pensiones en función del IPC y eliminar el factor de sostenibilidad «no solo es justo y constitucional para que no pierdan poder adquisitivo cada año, sino que es perfectamente viable, hoy y en el futuro».
Según las conclusiones y cálculos hechos por el Gobierno, la aprobación de esta proposición generaría un aumento del gasto cuantificable en 2.175,28 millones de euros en 2018 por la paga adicional correspondiente a la variación del IPC en 2016 y 2017 y un incremento del déficit publico en el el periodo 2020-2025 por la supresión del Factor de Sostenibilidad y el IRPF.
En 2016 y 2017 la variación del IPC noviembre-noviembre fue del 0,68% y del 1,66% respectivamente, por lo que los pagos adicionales que se deberían desembolsar a los pensionistas sería de 500,60 millones de euros correspondientes a 2016, y la de 2017 de 1.674,68 millones de euros.
Este bloqueo se produce en medio de unas semanas en las que los pensionistas están preparando nuevas movilizaciones, como las protestas de pensionistas que inundaron decenas de ciudades el pasado 22 de febrero. Según la diputada de En Marea, con este veto «el Gobierno da la espalda a las reclamaciones de la marea pensionista, pero como sabe que es muy impopular mantener esta posición esta semana asistiremos a fuegos de artificio».
