El PP acude al rescate de los planes de pensiones privados

El plan de ataque del Partido Popular frente a la crisis de las pensiones públicas: hacer más atractivos los planes privados.

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// David Fernández

Las malas noticias sobre el sistema público de Seguridad Social y de pensiones han acaparado los titulares de los últimos tiempos. El año 2016 terminaba con el déficit más abultado de la historia de la Seguridad Social —unos 19.000 millones— y, a principios de 2018, en la hucha de las pensiones apenas quedaba dinero para afrontar un pago más de las jubilaciones después de que el Gobierno del PP decidiera un nuevo retiro de 7.792 millones para poder hacer frente a la paga extra de las pensiones de diciembre.

El paro estructural y la caída de los salarios, la precariedad del nuevo empleo creado y el exilio laboral habían dejado en estado terminal un sistema de previsión social sostenido en exclusiva con las cotizaciones sociales.

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La demanda de buena parte de la oposición y de colectivos sociales, como Marea Pensionista o Yayoflautas, de que la financiación de las pensiones públicas salga de los presupuestos generales y se financie mediante impuestos a las grandes empresas y grandes fortunas no solo ha sido desoída por el Gobierno de Mariano Rajoy, sino que las primeras medidas de 2018 van dirigidas a rescatar a los planes privados de pensiones.

Más ventajas para los planes privados

El 9 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que reforma el reglamento de los planes y fondos de pensiones que se llevaba preparando en los últimos meses.

A partir de ahora, los usuarios de estos planes podrán retirar sus fondos a los diez años, cuando en su origen la única forma de rescatar el dinero de las jubilaciones privadas era alcanzar la edad de retiro. La prensa económica ha interpretado esta medida como una apuesta por el público más joven y una forma de dar liquidez a un negocio “en retroceso”, según publicaba El Confidencial.

Este diario digital especializado en economía reflejaba un estudio realizado por docentes del IESE y la Universidad de Navarra en el que indicaban que ocho de cada diez fondos de pensiones no cubrieron el coste de la vida en España, en una constante pérdida de valor “al no haber sido capaz de batir a la inflación en los últimos 15 años”. De los 335 planes de pensiones comercializados en este periodo, 278 han generado pérdidas de poder adquisitivo al quedarse por debajo del incremento de la inflación.

Un problema de rentabilidad en un negocio a merced de la salud —escasa en estos tiempos— de los mercados financieros y especulativos, que en 2017 alcanzaba un nuevo récord. En los 30 años de vida de los planes de pensiones, señalaba el diario Cinco Días, siempre entraba más dinero del que salía del sistema. Pero en los primeros nueve meses de 2017, el balance había sido por primera vez negativo: 580 millones de euros habían salido del sistema. “El importe ahorrado en planes de pensiones no llega a 5.000 euros por persona, una cantidad que difícilmente puede ayudar a completar los ingresos del trabajador en los 20 años que vivirá tras jubilarse”, se podía leer en este periódico económico.

“ahora que las cosas empiezan a ir bien”

En medio de esta crisis de rentabilidad y de falta de clientes para los planes y fondos de pensiones privados, en medio de nuevas propuestas de recortar y endurecer el sistema público —en 2019, entrará en vigor el factor de sostenibilidad, es decir menos pensión durante más años—, surge el Real Decreto del Gobierno de Rajoy.

“Ahora que las cosas empiezan a ir bien, es el momento de volver a ser previsores”, fue la explicación del presidente del Gobierno, sobre una iniciativa para incentivar un ahorro a largo plazo “que sirva como complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales, como la educación de los hijos, un proyecto personal o superar cualquier revés que nos pueda traer la vida”.

Además del rescate del dinero de los fondos privados a los diez años, las personas que inviertan en planes de pensiones verán a partir de ahora reducidas las comisiones que pagan a las gestoras desde el 1,75% al 1,25%, unas ventajas que se suman a las desgravaciones existentes que, según denuncian desde la Marea Pensionista, terminan pagando todos los ciudadanos.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones han convocado concentraciones en decenas de municipios de toda España este 22 de febrero en defensa del sistema público de pensiones y la actualización en función del incremento del IPC. “El Gobierno se tiene que enterar que no puede jugar con sistema de Seguridad Social”, claman.


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