Los conservadores presentan, tanto en Les Corts como en el Congreso, una iniciativa de «no discriminación» para los alumnos que elijan estudiar en español y presumen de querer «desnaturalizar» el Estatuto de Autonomía
La presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig (i), conversa con el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando (d), tras el Consejo de Dirección del grupo parlamentario popular en el Congreso // EFE/Emilio Naranjo
Wert quería «españolizar a los catalanes» y el PP arremete ahora también contra los valencianos. Aunque parecía que el nuevo Gobierno en minoría de Mariano Rajoy quería dejar atrás las polémicas del exministro de Educación y promover, de verdad, un pacto educativo entre todos los partidos, hoy su partido ha utilizado la Lomce de entonces para usarla contra el decreto lingüístico aprobado por Les Corts Valencianes el pasado 27 de enero.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, y la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, han registrado este martes en la Cámara baja una proposición no de ley (PNL) «relativa a eliminar cualquier discriminación para los alumnos en función del modelo lingüístico de enseñanza».
Ambos han denunciado lo que, dicen, es la «antesala [en Valencia] del sistema de inmersión lingüística en Catalunya«, lo que supone, a su entender, una vulneración «del derecho de los padres a elegir en qué lengua quieren que estudien sus hijos» -en palabras de Bonig- y una «experimentación de ingeniería social en el ámbito educativo» -en las de Hernando-.
«El Gobierno del cambio que venía a restaurar derechos, sólo los restringe y crea problemas donde no los había», opinó la líder de los conservadores valencianos. «Nunca ha habido problemas con la Ley de Ensenyament del 83 que permite la alternancia de las dos lenguas cooficiales«, aseguró. «El PSOE y Compromís, con el apoyo de Podemos, están convirtiendo la Educación en un arma de adoctrinamiento político», siguió.
«Al Estado le corresponde velar por le respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo», reza la PNL del PP
Nada sorprendente si tiene en cuenta la opinión que, desde siempre, han mantenido los populares con respecto al plurilingüismo en las Comunidades que tienen lengua cooficial. En este caso, en el texto de la iniciativa incluso se jactan de intentar «desnaturalizar» el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que establece que «la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano».
El PP asegura que el «Programa de Educación Plurilingüe Dinámico» obliga a quien quiera estudiar inglés en condiciones a elegir la vía íntegramente en valenciano, mientras que quienes elijan el español como lengua vehicular tendrán que conformarse con «niveles inferiores de inglés, peores profesores, menos horarios y se quedarían sin el certificado correspondiente». También afirma que «desaparecen el 24% de los colegios y el 37% de los institutos que tenían las dos lenguas» e incide en que ello «vulnera la igualdad de oportunidades».
Para defenderlo, el texto de la PNL recurre a los artículos de la Lomce que apelan, precisamente, a los «principios de equidad, igualdad de oportunidades y de derechos», así como al «reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos». «Al Estado le corresponde velar por le respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo«, reza el documento, que insiste en la idea recentralizadora que Wert tenía del mismo.
Un argumento que choca frontalmente con las cesiones que el nuevo titular de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, estaba realizando en busca del citado Pacto Educativo. Mientras él ha paralizado algunos aspectos de la Lomce y hasta estaba dispuesto a sustituirla en un futuro por otra normativa que contentara al mayor número de partidos posible, el PP la utiliza para arremeter contra una norma valenciana. Y no sólo en forma de PNL en el Congreso de los Diputados y Les Corts Valencianes, sino que los conservadores han anunciado que presentarán sus correspondientes quejas en el Defensor del Pueblo y el Síndic valenciano.
