El Reino de España en el puesto 58 del Ranking Internacional de Independencia Judicial

El último informe del World Economic Forum -WEF- adjudica al Estado español un 4,2 en su indice de Independencia Judicial, y lo sitúa en un preocupante puesto 58, por detrás de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Kenia, Lituania o Botswana. Otras importantes deficiencias del sistema judicial español son la falta de medios, tanto humanos como materiales, la escasa prevalencia de métodos de mediación y arbitraje, la sesgada composición del Consejo General del Poder Judicial, o la falta de transparencia e información clara y comprensible, cuestiones que ningún gobierno ha querido subsanar hasta la fecha.

El Reino de España en el puesto 58 del Ranking Internacional de Independencia Judicial

La eficacia e independencia del sistema judicial del estado español se encuentra, una vez más, en entredicho. Tras las últimas decisiones judiciales (medidas cautelares, puestas en libertad, fianzas,…) y sus correspondientes críticas y alabanzas, resulta interesante observar el informe del World Economic Forum -WEF- que en su apartado “Independencia del sistema judicial respecto a gobiernos, particulares, y empresas” coloca al Estado español en un preocupante puesto 58 de un total de 137 estados analizados.

RanK WFE Justicia

Conocido este dato quizá resulte menos sorprendente la aparente falta de coherencia entre unas sentencias y otras, entre unos tribunales y otros, o la estrategia del PP de judicializar la vida política. La ciudadanía observa con preocupación que el entramado judicial español parece incoherente cuando aplica medidas cautelares, sentencia con menor o mayor gravedad el mismo delito, o permite ‘privilegios’ que para cualquier ciudadano resultan inexplicables.

La falta de claridad, información, y transparencia del entramando judicial del estado español obliga a la ciudadanía a dudar permanentemente de la independencia judicial, y por tanto de que el sistema de administración de justicia cumpla eficazmente con el criterio de igualdad ante la ley. Por eso resulta chocante el empeño de las clases dirigentes en machacar con el soniquete de “la ley debe cumplirse” que traducido del politiqués al castellano estándar significa “aplicamos la ley del embudo: para mí -las élites- lo ancho, y para ti -el pueblo- lo estrecho”.

Así, nos encontramos con que los partidos políticos del régimen borbónico no solo no tienen ningún interés en mejorar el sistema judicial, reforzar la separación de poderes, o aplicar criterios de transparencia, sino que desde la ‘transición’ hasta hoy se han encargado de seleccionar a las personas para las más altas instancias judiciales. Buena muestra de ello es la estrategia del PP, que casi siempre logra con su ‘potente frente jurídico’ lo que a veces le complican las urnas. Si a esto le sumamos el corporativismo judicial, según datos de la memoria elaborada por el propio Consejo General del Poder Judicial, para un total de 5.366 jueces y juezas, entre los años 2004 y 2010 el total de sanciones impuestas -de menor a mayor grado- fueron: advertencia 5, Multas 36, traslados forzosos 1, suspensión de funciones 28, y separación 3. Resulta de todo esto que dudar sobre la connivencia entre poder político-empresarial y judicatura es un secreto a voces comúnmente aceptado.

La falta de recursos humanos y materiales del sistema judicial español es bochornosa

Cíclicamente se publican noticias que ilustran la saturación de numerosos juzgados, con imágenes de montañas de legajos y expedientes enronando estancias judiciales, o incluso de situaciones de insalubridad para trabajadores y trabajadoras. Es habitual y reiterada la crítica desde los propios juzgados por la falta de personal. La falta de espacio ha provocado en ocasiones el extravío de expedientes o partes de ellos. Todo esto, obviamente, entorpece la prestación de una justicia de calidad, rápida, eficaz y al servicio de la ciudadanía.

Cuando ‘saltan noticias’ contando la precariedad de los juzgados todo el mundo clama al cielo unánimemente: sindicatos, asociaciones profesionales de juristas, partidos, etc, pero una vez ha pasado la tormenta informativa los responsables de subsanar las deficiencias detectadas, esto es: el partido gobernante de turno, vuelve a colocar ‘los proyectos de mejora de los juzgados’ en el último cajón del último sótano ministerial. Y así pasan los años, las décadas, sin que ni PP ni PSOE quieran realmente abordar la imprescindible y absolutamente necesaria modernización del sistema judicial.

El último toque de atención para la justicia española vino, el pasado mes de octubre, de la mano de Stéphane Leyenberger, Responsable del Departamento de Independencia y Eficiencia de la Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa, quien en un acto celebrado en la propia sede del Consejo General de la Abogacía española, y organizado por la ONU, señalaba que “ continúan existiendo restricciones presupuestarias en el sistema judicial” del estado español, al tiempo que exigía más recursos. Asimismo, Leyenberger afirmaba que “se producen desigualdades en las tasas judiciales, en la asistencia jurídica gratuita y en la utilización de tecnologías para el acceso a la justicia”, recalcando que “los medios alternativos de resolución de litigios tienen una tendencia al auge, pues se ofrece como un medio de asistencia judicial gratuita. El Consejo europeo trata de fomentar el arbitraje en todos los ámbitos del derecho”, y asegurando que “en la mayoría de los estados europeos se está aumentando el presupuesto del sistema judicial”.

La plataforma Lexnet: 7 millones de euros después contiene graves fallos de seguridad

Ni siquiera cuando el ministerio de Justicia del estado español se decide a invertir para dotar de alguna herramienta tecnológica al sistema judicial los resultados son satisfactorios. El software conocido como LexNet es una aplicación cuyo objetivo es la gestión de intercambio de archivos para una red restringida y especialmente sensible a la protección de datos, y que acumula una inversión pública de unos 7 millones de euros, pero que sin embargo parecen quedarse cortos para su implementación eficaz, o quizá, más bien, es que su planificación y puesta en marcha ha estado salpicada de errores y graves fallos.

De origen, sus dos principales errores son: tratarse de un código cerrado y que sea el ejecutivo, y no el poder judicial, quien realmente controle el software, y por tanto el tráfico de documentación entre las partes. Al tratarse de un código cerrado la ciudadanía debe confiar en el buen hacer del gobierno de turno, pero sin capacidad real de controlar que el software hace lo que el gobierno dice que hace, y esto en la era del BigData es simplemente inocencia. Pero además si los gobiernos creyesen realmente en la separación de poderes el control de esta plataforma dependería exclusivamente de los departamentos tecnológicos de la judicatura, sin que el gobierno tuviera mayor participación que el de, en su caso, ser una parte más de cualquier proceso.

Para agravar esta ‘sensación’ de desconfianza el pasado verano nos encontramos con un gravísimo fallo de seguridad en el sistema que permitió a cualquier usuario o usuaria acceder a los documentos de cualquier caso tramitado en cualquiera de los juzgados del estado. Y para colmo de despropósitos la solución planteada desde el ministerio dirigido por Rafael Catalá consistía en la petición a los usuarios para que desactivaran las actualizaciones automáticas en sus equipos particulares, lo que significa, ni más ni menos, que esos ordenadores sean más vulnerables a cualquier intrusión de forma sencilla. Se da, además, la circunstancia, de que LexNet ya ha sido denunciado ante la Unión Europea por colectivos de profesionales del derecho por si estos fallos de seguridad hubieran vulnerado las leyes de protección de datos.