El retraso del polémico almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió ubicar a finales de 2011 en Villar de Cañas (Cuenca) se va a traducir en una compensación millonaria para Francia. La demora obliga a Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos en España, a abonar a partir de este sábado una penalización de más de 67.000 euros diarios a la empresa semipública francesa Areva por la custodia de los residuos de la central nuclear Vandellòs I, clausurada en 1989 tras un incendio.
Este viernes, 30 de junio, expira el acuerdo que firmaron Enresa y Areva en octubre de 2012 para mantener en el almacén de la compañía francesa en La Hague (Normandía) los residuos de Vandellòs I que se custodian allí desde hace décadas. En junio de 2014, la propia Enresa cifró la penalización a abonar en caso de que para junio de este año no volvieran los residuos en 67.000 euros diarios.
Fuentes oficiales de Enresa no precisan la cifra, pero sí avanzan que es superior a esos 67.000 euros, ya que la penalización se ha actualizado desde entonces. Esa cantidad equivale a 469.000 euros a la semana, dos millones de euros mensuales o 24,4 millones al año. Los residuos no han vuelto a España porque el ATC no está listo. De hecho, la parte nuclear del almacén ni siquiera ha empezado a construirse.
Preguntado sobre este asunto, el Ministerio de Energía, al que está adscrita Enresa, señala que «no se ha firmado ningún acuerdo nuevo con Areva» y que «según el protocolo actual, en caso de incumplimiento de la fecha de retorno se aplicaría una penalización que, no obstante, será devuelta en el momento del último retorno de residuos, una vez descontados los costes de almacenamiento». Energía, que no precisa el importe de la penalización, añade que está previsto «un próximo contacto entre Enresa y Areva sobre los procedimientos específicos que permitan el cumplimiento de los términos de los acuerdos establecidos», sin dar más detalles.
La instalación del ATC que debería custodiar esos residuos es el almacén de espera de contenedores, que tras la elección del emplazamiento conquense Enresa esperaba tener construido en diciembre de 2015. El proyecto del ATC inicialmente debía estar en marcha en 2010, y tras la elección de Villar de Cañas acumula años de retraso. La instalación dispone de la apreciación favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desde el 27 de julio de 2015, pero no tiene todavía la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente, paso previo a la autorización de construcción del CSN.
Silencio de Nadal y el presidente del CSN
La multa por el retraso del ATC fue, según fuentes parlamentarias, una de las cuestiones sobre esta instalación que evitó contestar el presidente del CSN, Fernando Marti, en la comparecencia a puerta cerrada que realizó el pasado 6 de junio ante los diputados de la Comisión de Energía del Congreso. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, también ha evitado desde su llegada al cargo en noviembre aventurar plazos sobre la puesta en marcha de la instalación. La ubicación fue decidida cuando la secretaria general del PP y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, era presidenta de Castilla-La Mancha.
En enero pasado, el ATC recibió un espaldarazo cuando el Tribunal Supremo anuló la ampliación de un espacio natural protegido que había decretado el Gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page, para bloquear el proyecto. Las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos no están todavía resueltas.
Desde la clausura de Vandellòs I, España ha tenido que abonar a Francia más de 500 millones de euros por quedarse con la basura radiactiva de esa central en Tarragona. Tras su cierre, España firmó un primer acuerdo con la compañía pública francesa Cogema (actual Areva), fabricante del reactor, para que se hiciera cargo de la custodia y el reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones de euros, que por entonces sufragaron los consumidores españoles mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.
Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para la vuelta de los residuos el 31 de diciembre de 2010. Incumplido ese plazo, y ante la inexistencia de un almacén nuclear en España, Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original en la que, a cambio de prorrogar el plazo de devolución hasta junio de 2017 y retirar las penalizaciones diarias devengadas hasta la fecha, se comprometió a abonar otros 213 millones de euros adicionales a los ya pagados hasta entonces. La cifra incluía el encargo a Areva de fabricar cuatro contenedores que servirían para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.
El esqueleto de Vandellòs I (el esqueleto de la central), ya sin combustible nuclear en su interior, fue recubierto por una coraza de hormigón y permanecerá así al menos hasta 2029, cuando se prevé que los niveles de radiactividad en su interior hayan disminuido para proceder a su desmantelamiento y el envío de los restos contaminados al basurero nuclear de residuos de media y baja actividad de Enresa en El Cabril, Córdoba. Los costes incurridos hasta ahora para este desmantelamiento parcial, del que también se encarga Enresa, superan los 100 millones.
Fondo insuficiente
La actividad de Enresa se financia a través del Fondo para la Gestión de Residuos Radiactivos, que a 31 de diciembre de 2015 acumulaba 4.613 millones. Una cantidad insuficiente, según el Tribunal de Cuentas, que en un informe publicado en febrero del año pasado cuestionó su sistema de financiación y advertía de un «déficit» de 1.486 millones a junio de 2014.
El informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010, cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas (antes lo abonaban directamente los consumidores), no se han actualizado desde entonces pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del último Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, que tiene ya diez años y que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha actualizado hasta la fecha.
La tasa que pagan las eléctricas para nutrir el fondo está ligada a la producción de energía de cada central, por lo que dejan de pagar desde el momento en que no generan electricidad. Al no haberse actualizado esa tasa, las eléctricas no han asumido ninguna de las desviaciones de costes. Fuentes del sector creen que «bajo la actual regulación, esas desviaciones correrán sin duda alguna y en un futuro próximo, por cuenta de la Hacienda pública».
