- Ambos proyectos aspiraban a colocarse en la vanguardia armamentística y crear puestos de trabajo gracias a la exportación
- Sin embargo, se han convertido en agujeros negros para las arcas públicas: el coste por unidad se ha doblado respecto al presupuesto inicial y en ninguno de los casos se pueden descartar nuevos gastos extra
- Nadie ha asumido responsabilidades por ello
El A400M y el S-80
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a la ampliación del techo de gasto del submarino S-80. En total son 1.771 millones de euros más comprometidos en un proyecto de tecnología militar presupuestado inicialmente en 1.774 millones, pero que con este desembolso superará los 3.900 millones de inversión. El submarino que desarrolla Navantia se ha convertido en un dolor de cabeza para el Estado por sus constantes retrasos y unos sobrecostes de casi un 100%.
El S-80 no es el único prototipo de nuevo armamento en el que España está invirtiendo miles de millones y del que, dada la inversión realizada, ya no puede salir. El A400M, el avión de transporte militar con el que se pretendía sustituir al vetusto Hércules del Ejército del Aire, acumula más de 1.700 millones de gastos extra. Entre ambos proyectos suman desviaciones de 3.800 millones de euros, con dos puntos en común: uno es que nadie ha asumido la responsabilidad de sus sobrecostes. El segundo, que ni Defensa sabe si generarán aún más.
Los 1.771 millones que ha comprometido este viernes el Consejo de Ministros en el S-80 forman parte del nuevo desembolso de 5.000 millones en armamento que anunció Margarita Robles a comienzos de junio. Representan el último incremento de un proyecto cuya orden de ejecución se aprobó en marzo de 2004 por los citados 1.774 millones de euros. En agosto de 2013 el Consejo de Ministros aprobó su incremento hasta los 2.135 millones de euros. Para entonces el programa ya había sufrido varios retrasos y se había descubierto que existía un error en su diseño que hacía que tuviera problemas para emerger. Este problema le valió ser conocido como el submarino que no flota.
Los ingenieros de Navantia (previa contratación de una empresa asesora de EEUU) lo solucionaron alargando 10 metros el buque, renombrado como S-80 Plus, pero el consiguiente aumento de peso generó otros inconvenientes. Superar todo este bache consumió la mayor parte de la primera ampliación de gasto. En marzo de 2017, el entonces secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, informó al Congreso que con los 2.135 millones de euros comprometidos solo se podría adquirir un submarino de los cuatro que necesitaba la Armada, por lo que hacía falta una nueva inversión.
La fecha de entrega prevista del primer modelo se ha retrasado once años desde el compromiso inicial, que iba a ser 2011. Por tanto, no se puede descartar que en la recta final hasta 2022 y conforme las pruebas con el prototipo aumenten su intensidad, surjan nuevos problemas. Los 1.771 millones extra que se aprueban ahora incluyen una provisión de 100 millones de euros para imprevistos, pero si se supera esa cifra habría que volver a aumentar el techo de gasto.
Venta más barata que la compra española
Tanto en el caso del S-80 como en el de el A400M, el objetivo principal del Estado es tanto conseguir nuevo material para las Fuerzas Armadas como desarrollar armamento puntero que el resto de ejércitos quieran comprar. Al producirse en España, si el S-80 y el A400M logran ser las referencias en sus respectivos sectores y se producen pedidos del extranjero, las miles de horas de trabajo resultantes influirían directamente en el mercado de trabajo. No obstante, ambos proyectos se han tornado demasiado ambiciosos y está por ver que puedan cumplir con todas las capacidades que prometieron.
Debido a que la investigación y su desarrollo se impulsa desde el Estado (con créditos de I+D del Ministerio de Industria, no de Defensa), son las arcas públicas las que están pagando la mala planificación. Además, la inversión en nuevo armamento tiene otras consecuencias políticas. Por un lado, cuando un proyecto sufre abultados sobrecostes, el precio por unidad termina siendo mucho más alto que si se hubiera acudido al mercado desde un primer momento. Por otro, no caben remilgos a la hora de elegir clientes: las zonas donde se ubican las empresas de armas se vuelven muy dependientes del empleo que estas generan y necesitan producir. Incluso aunque haya que producir para Arabia Saudí.
Con el nuevo incremento del techo de gasto, el coste por unidad del submarino se ha disparado a cerca de mil millones de euros. En el mercado, submarinos no-nucleares como el S-80 cuestan unos 600 millones. El prototipo que desarrollan los astilleros públicos españoles aspira a liderar el sector de los submarinos militares convencionales en cuanto a autonomía, pero aun así, Navantia deberá reducir drásticamente el precio de venta para ser competitiva. Eso contando con que el submarino sea lo que Defensa prometió en 2004 que sería, ya que si sus capacidades finales se reducen, también lo harán sus expectativas de exportación.
De 130 a 358 millones por avión
El caso del A400M ha sido muy similar. El sobrecoste total del proyecto asciende a unos 8.300 millones sobre los 22.000 previstos inicialmente, según ha informado Airbus, su productor. Este no recae por completo en España, puesto que el avión se construye por un consorcio de estados europeos en el que también se encuentran Alemania, Reino Unido y Francia. Cada uno produce una parte del avión correspondiente a su inversión.
Como el S-80, el A400M también ha sufrido constantes sobrecostes y retrasos en los plazos de entrega. Para conseguir que la planta de montaje se ubicara en Sevilla, España encargó 27 unidades. El coste por cada una iba a ser de 130 millones de euros. Años más tarde y a instancias del propio Ejército del Aire, el Gobierno tuvo que reconocer que las Fuerzas Armadas solo necesitaban la mitad, anunciando que destinaría a la exportación 13 de ellos. Mientras, el coste de esos 27 aparatos había pasado de 3.500 millones a 5.019.
El año pasado el Gobierno volvió a cambiar de opinión. En la misma comparecencia ante la comisión de Defensa en la que anunció que el S-80 necesitaba más dinero, Pedro Argüelles admitió que España prefería acabar con la sangría y renunciar totalmente a estas 13 unidades (y pagar una multa de 243 millones a Airbus) que recibirlas. Serán construidas, pero será Airbus quien se encargue del mantenimiento hasta su venta. Sin contar la penalización, el coste de 14 unidades ha sido 5.019 millones de euros. 358 millones por cada avión, el tercero de los cuales ha llegado esta semana a la base del Ejército del Aire de Zaragoza.
