- IU, el Partido Comunista de España y la Asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas presentaron conjuntamente una querella contra Juan Carlos de Borbón y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos
- El Tribunal Supremo, que todavía no ha admitido a trámite la demanda, les ha impuesto una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acción popular y continuar con el litigio
Sira Rego y Alberto Garzón // Izquierda Unida
El Tribunal Supremo ha impuesto a Izquierda Unida (IU) y al Partido Comunista de España (PCE), además de a la Asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (FAI-RADE), una fianza de 12.000 euros «para el ejercicio de la acción popular» en la querella que presentaron conjuntamente el pasado 5 de diciembre ante la Sala Segunda de lo Penal contra el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos.
El Alto Tribunal no ha decidido aún la admisión o no a trámite de esta querella, pero sí ha abierto la Causa Especial 21092/2018 y ha acordado la «competencia para el conocimiento» de la misma de la Sala Segunda, que estará compuesta por el propio presidente, Manuel Marchena Gómez, como ponente, más otros cuatro magistrados: Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.
La querella del PCE e Izquierda Unida va dirigida a Juan Carlos de Borbón, a su amiga especial y empresaria comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein, al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, a los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, al excomisario José Manuel Villarejo, al abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
En el texto se imputan hasta 13 supuestos delitos, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y corrupción entre particulares.
El documento presentado el pasado diciembre hace un relato pormenorizado de estos hechos, tal y como fueron recogidos por los medios de comunicación a raíz de las conversaciones desveladas que mantuvieron en su momento Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el empresario Juan Villalonga y el polémico comisario José Manuel Villarejo. En las grabaciones, la amiga íntima de Juan Carlos de Borbón explica que el rey emérito exigió y habría cobrado comisiones que habrían ascendido en su totalidad a cerca de 100 millones de euros.
La decisión que deben tomar a partir de hora los/as cinco magistrados/as del Tribunal Supremo dentro de esta causa especial va a coincidir en el tiempo con otras actuaciones judiciales ya en marcha, entre ellas la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el pago de supuestas comisiones multimillonarias en Arabia Saudí por las obras de construcción del trazado del AVE a La Meca.
