El Supremo suspende la ampliación de un área natural protegida para salvar el almacén nuclear centralizado

  • Una sentencia paraliza la extensión de una zona de protección de aves que abarcaba el lugar escogido por el Ejecutivo para el silo atómico: Villar de Cañas
  • Los magistrados entienden que es “más atendible proseguir las actuaciones para la instalación del ATC” que la creación de un “espacio protegido”
  • La inversión en el almacén se ha llevado ya unos 80 millones de euros

Villar de Cañas (Cuenca), sede prevista para el ATC

Villar de Cañas (Cuenca), sede prevista para el ATC // Ecologistas en Acción

El Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente la ampliación de una zona de protección medioambiental que impedía la construcción del almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas (Cuenca). Los magistrados entienden que “es más atendible  proseguir las actuaciones para la instalación del ATC” que la creación de un “espacio protegido”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha había acordado extender la Zona de Especial Protección para Aves Laguna del Hito y dejar dentro el emplazamiento del ATC. De esta manera, el silo nuclear no tenía cabida al hacerlo incompatible con los uso permitidos.

Sin embargo, el Supremo dice que llevar allí “el combustible gastado y los residuos de alta actividad” conllevará una “pronta y correcta gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general”. Así, opina que se preserva mejor que con una zona específica “para proteger a una o varias especies animales”.

El Gobierno había pedido la suspensión de estos trámite y había sido denegado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En esa ocasión, los magistrados explicaron que el Gobierno alegaba básicamente motivos económicos para pedir que no se pusieran trabas al almacén. El proyecto ya ha consumido unos 80 millones en contratos de estudios y obras.

Ahora, el recurso del abogado del Estado ha sido atendido al enjuiciar que “el perjuicio [de no parar la declaración de la ZEPA] está en el entorpecimiento a la gestión de los residuos radioactivos y, por consiguiente, el debilitamiento de la seguridad nuclear, con lo que se daña un servicio público esencial”.


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