- El tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en 15 días formulen las alegaciones que consideren
- La principal queja de la formación popular era que, en este decreto ley, el Gobierno «ordena» a las cámaras un proceso, lo que, a su juicio, supone una «invasión de su autonomía»
Imagen de archivo del Tribunal Constitucional.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decido por unanimidad admitir a trámite los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados y senadores del Partido Popular (PP) contra el decreto-ley por el que se concreta con carácter urgente el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidente, informa Europa Press.
El tribunal acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
Los recurrentes consideran que se ha podido vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución por falta de presupuesto habilitante, así como por lesionar la autonomía de las Cortes Generales recogida en el artículo 72 de la Constitución en relación con los artículos 23.2, 9.3 y 1.1 de la Carta Magna.
En la providencia del Senado se acuerda oír a las partes sobre la posible acumulación de este recurso con el registrado por los diputados del PP sobre esta misma materia.
El pasado 6 de julio, el PP interpuso un primer recurso ante el Constitucional contra el decreto-ley para la renovación urgente del Consejo de Administración de RTVE, aprobado por el Gobierno el pasado 22 de junio.
Fue el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien anunció que llevaría al TC este documento, que recoge las directrices para renovar en 15 días a la cúpula de la Corporación en el Congreso y en el Senado.
La principal queja de la formación popular era que, en este decreto ley, el Gobierno «ordena» a las cámaras un proceso, lo que, a su juicio, supone una «invasión de su autonomía«, y que además, determina que, si el Senado no consigue las mayorías necesarias, será el Congreso quien se ocupe de la elección de los consejeros que le corresponden.
Doce días después, el 18 de julio, fue el Grupo Parlamentario Popular en el Senado el que presentó un segundo recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley. «Es un atentado a la democracia porque no se ha respetado el papel que constitucionalmente tiene encomendado el Senado para elegir a los representantes en ese Consejo», dijo el portavoz popular en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro.
El Gobierno aprobó el pasado 22 de junio la renovación urgente y transitoria –hasta que se resuelva el concurso público– del Consejo de Administración de RTVE, que exige que los diez consejeros que forman parte de dicho órgano estuvieran elegidos «en el plazo de 15 días naturales» desde su entrada en vigor.
De los diez consejeros, seis debían ser elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, en ambos casos por una mayoría de dos tercios en primera vuelta, y por mayoría absoluta, en segunda. Los consejeros del Congreso fueron elegidos, pero los que debía nombrar la Cámara Alta no lograron el apoyo suficiente ni en el Senado ni tampoco en la votación que se produjo después en la Cámara Baja, como establecía el documento.
Según el decreto-ley, si el Congreso no era capaz de consensuar a los 10 miembros del Consejo de Administración de RTVE, debía ser el Gobierno quien pusiera sobre la mesa un nombre para administrar, de forma transitoria, la radiotelevisión pública. Así, la periodista Rosa María Mateo fue propuesta para gestionar RTVE después de que el proceso fracasara con una votación fallida en la que dos diputados se equivocaron al meter la papeleta y otros dos no acudieron a la sesión plenaria.
Mateo obtuvo el respaldo del Parlamento en una votación celebrada el pasado 27 de julio, cuando recabó un total de 180 votos a favor, cuatro más de los 176 necesarios y que suponen la mayoría absoluta del Congreso. La votación se completó con 1 voto en blanco y 131 nulos.
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