La justicia española diferencia entre aquellos que son amigos de sus enemigos. A este tipo de justicia se le llama “derecho penal del enemigo”
Manifestación ‘unionista’ en la plaza de Colón de Madrid // Lito Lizana
Nos hemos acostumbrado tan rápidamente a lo terrible, que titulares funestos pasan inadvertidos.
El pasado día 30 de Octubre, las principales cabeceras españolas abrían con la noticia de que Puigdemont habría recurrido a un abogado que defendió a miembros del grupo armado Euskadi Ta Askatasuna. La finalidad de estos titulares no era el brindar una información fidedigna sobre quien defenderá los derechos del President Puigdemont. Sino situarlo del lado del particular “Eje del Mal” español.
Puigdemont ha pasado de ser un adversario a ser un enemigo. ¿Qué implicaciones tiene esto? La justicia en España no es igual para todos. Esto es una obviedad que por acostumbrada deja de ser aberrante. La justicia española diferencia entre aquellos que son amigos del Estado de sus enemigos. A este tipo de justicia se le llama “derecho penal del enemigo”.
Los que son considerados enemigos reciben una legislación de excepción. Sus derechos pueden ser allanados sin muchos miramientos por parte de la policía. Pinchazos telefónicos, persecuciones, incautaciones. Los partidos políticos de los enemigos pueden ser ilegalizados, sus periódicos cerrados. Tienen penas más largas, más gravosas. Son vigilados más intensamente dentro y fuera de prisión. Son controlados aún antes de que sean instruidas causas contra ellos. Y es que los enemigos no tienen por qué haber cometido un delito para serlo. Pueden ser enemigos sin que ellos mismos lo sepan. Baste que los sujetos sean potencialmente peligrosos a ojos del Estado para que puedan ser procesados. Tú podrías ser juzgado por leer y visitar páginas web consideradas como peligrosas. La justicia española ofrece precedentes de ello. Esto nos lleva a pensar
¿Quién es peligroso? Lo peligroso, claro está, viene definido por el Parlamento, que en nuestro sistema es tanto como decir el partido del Gobierno.
En principio esta legislación de excepción fue creada con la finalidad de combatir a los más temibles retos de la democracia, entre los que se destaca el terrorismo. Curiosamente España es un país donde a pesar del atentado de Barcelona, la incidencia terrorista, es cuanto menos, anecdótica. Si nos atenemos a quién está siendo sometido al derecho penal del enemigo, es decir aquella legislación destinada a los sujetos peligrosos enemigos de la sociedad, y quienes están siendo juzgados como ciudadanos nos encontramos ante una paradoja. Aquellos que más daño social están causando, políticos corruptos a todos los niveles, empresas contaminantes, banca que roba a sus clientes, despidos improcedentes a mujeres embarazadas, son juzgados con criterios benevolentes. Prueba de ello es el juicio a la trama Gurtel. Una mafia organizada para esquilmar recursos públicos y privados a beneficio del partido del gobierno ha sido juzgada con los criterios benevolentes que ofrece el Estado de Derecho. Por la contra artistas como Strawberry o Valtonic, sindicalistas como Diego Cañamero, Andrés Bódalo u Oscar Reina, así como miles de activistas de una infinidad de movimientos han sido juzgados con todo el peso del Estado. Perseguidos, humillados, aplastados.
En las últimas semanas el gobierno de España ha dado un salto cualitativo en su estrategia represiva.
Enemigos no son solo ya ciudadanos de a pie, artistas o miembros electos de partidos políticos. Enemigos pueden ser presidentes electos de comunidades autónomas, consejeros, jefes de policía. El President Puigdemónt ya ha sido situado del lado de terroristas. De los “etarras”. Un sustantivo que perseguía deshumanizar a los miembros del grupo armado E.T.A. Deshumanizar a los sujetos para que el público disculpe toda vulneración de derechos. Descalificar al adversario para justificar el golpe a la democracia. El objetivo de esta estrategia jurídica no es el buscar justicia. Si no el de liquidar al oponente. Machacar a sus enemigos. España vive una involución radical en materia de Derechos Humanos. Vivimos sin darnos cuenta en una legislación de excepción que cada vez afecta a más sectores de la sociedad. ¿Cuándo nos daremos cuenta que para este gobierno todo los que no asintamos con sus políticas somos potenciales enemigos, sujetos deshumanizados a los que se puede perseguir y castigar? Espero que no sea demasiado tarde cuando despertemos.
