El juez señala que esta decisión fue un acto arbitrario // El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nula la reordenación de facultativos especialistas llevada a cabo por el Partido Popular en los hospitales de Almansa y Villarrobledo. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.
María Dolores de Cospedal, ex presidenta de Castilla-La Mancha // EFE
Los tribunales han dado la razón a la Asociación de Facultativos Especialistas de Albacete (AFESALBA) tras el recurso de apelación presentado contra el proceso de reordenación de personal sanitario impulsado por el Gobierno de María Dolores de Cospedal en el 2012 y que obligaba a sesenta facultativos a desplazarse a los hospitales de Almansa y Villarrobledo, negándoles la titularidad de la plaza obtenida por oposición en el Área Integrada de Albacete. Esta orden es la quinta que se dicta en contra de decisiones en materia sanitaria tomadas por el anterior Ejecutivo autonómico.
En rueda de prensa, el colectivo daba a conocer la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha fallado a su favor, dando la razón a los sesenta médicos especialistas que hace cuatro años se vieron afectados por el mencionado plan que llevó a cabo del Partido Popular.
Cabe destacar que AFESALBA surgió precisamente a raíz de este conflicto, cuando los facultativos afectados por esta situación crearon una asociación independiente, sin ánimo de lucro y fuera de cualquier condicionamiento político o sindical, cuyo objetivo era defender los intereses profesionales de sus asociados, agrupando para tales fines a todos aquellos interesados y relacionados con la actividad sanitaria.
Dos meses para cumplir la resolución
José Daniel Jiménez y Manuel García, presidente y vicepresidente de AFESALBA, junto a la responsable regional de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras, Consuelo Cuadra, han informado que esta sentencia anula la emitida en su día por el Juzgado contencioso-administrativo de Toledo y que el plazo para ejecutarla es de dos meses, ya que la misma es firme y contra ella no cabe recurso.
En este sentido, Manuel García ha recordado que a finales del año 2012 el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, dividió el área única de Albacete en tres partes: Villarrobledo, Almansa y Albacete capital, todo ello “sin tener en cuenta a médicos ni a pacientes” y «buscando la gestión público-privada de estas áreas».
Por otro lado, aunque ahora el Sescam dispone de dos meses para cumplir la sentencia, desde CCOO, a través de su portavoz Consuelo Cuadra, afirman que negociarán la vuelta a las plazas de los facultativos afectados en un plazo razonable porque “no queremos que los servicios de los hospitales y los pacientes se vean perjudicados”, añadiendo que esperarán todo lo posible para que la solución se lleve a cabo de la mejor manera, teniendo en cuenta a aquellos médicos que deseen regresar a sus plazas y a los que no.
Cuadra ha afirmado que la semana que viene tendrá lugar la primera reunión con los responsables del servicio de salud y que son optimistas de cara a las negociaciones. “Parece que están más dispuestos a dialogar que hace cuatro años con el Gobierno de Cospedal”, ha señalado la responsable de CCOO para seguidamente señalar que el sindicato también tiene una demanda interpuesta por esta reordenación de facultativos, por lo que ahora esperan que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha «falle en la misma línea que en el caso de la sentencia favorable a AFESALBA».
Asimismo, Cuadra ha manifestado que seguirán «peleando» para que sus reivindicaciones salgan adelante, «porque los facultativos recuperen el nombramiento adquirido por oposición y para que ni la ciudadanía de Almansa ni la de Villarrobledo se vean afectados cuando se ejecute el cumplimiento de la sentencia».
La portavoz de CCOO ha recordado que desde el sindicato negociaron hace ya cuatro años, en una reunión con responsables del Sescam, que no se les cambiase el nombramiento obtenido por oposición a los facultativos y estos, a cambio, aceptaban desplazarse a las nuevas áreas creadas; pero el servicio de salud solo les ofrecieron volver a Albacete cuando hubiesen plazas vacantes, “algo que nunca se cumplió” porque cubrían esas plazas a través de la figura legal de acumulación de tareas, imposibilitando la vuelta de estos médicos. “Fue claramente un acuerdo trampa”, manifiesta Cuadra.
El Ejecutivo de Page aplicará la sentencia
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que se cumplirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ha declarado que se buscarán fórmulas para garantizar la prestación del servicio sanitario en los hospitales de Villarrobledo y Almansa.
A preguntas de los periodistas, Martínez Guijarro ha opinado que esta es una más de las sentencias que se están motivadas «por las decisiones que en materia de personal tomó el anterior Ejecutivo autonómico» del Partido Popular.
«Se está dando marcha atrás en muchas decisiones que se tomaron por falta de entendimiento con los representantes sindicales», ha comentado Martínez Guijarro, quien ha aseverado: «La falta de diálogo del anterior Gobierno de Cospedal es el hilo conductor de las sentencias que ahora está recibiendo el Ejecutivo de García-Page».
«Este es el día a día que tenemos en el último año, ir resolviendo problemas provocados por decisiones del anterior Gobierno que nos están dificultando mucho la gestión, fundamentalmente en los servicios sanitarios y educativos», ha lamentado Martínez Guijarro.
Otros varapalos judiciales al Gobierno de Cospedal
Tras conocerse la sentencia, la diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Josefina Naverrete, ha exigido que el PP pida disculpas. «Lo que deberían hacer es pedir perdón por la enésima sentencia judicial contra las decisiones adoptadas por el Gobierno de Cospedal», ha considerado la diputada socialista, quien ha recalcado que el juez señala que la decisión tomada por la Junta fue «un acto arbitrario, como otros muchos que adoptaba el Ejecutivo de Cospedal».
A ello, ha sumado otros «sonoros varapalos judiciales» y, entre otros, se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a la Junta a readmitir a 400 interinos despedidos en 2012 «de forma ilegal» o la sentencia del TSJCM «anulando la ley que promulgó contra los dependientes».
«Han sido muchas las sentencias contrarias por la nefasta gestión de Cospedal», ha afirmado Navarrete y ha añadido que «también este Gobierno está pagando cuantías millonarias a empresas por la paralización de muchas obras» como consecuencia de sentencias emitidas por los tribunales.
Ha detallado que «solo en Fomento ha habido que pagar más de 200 millones por esos incumplimientos» y, en este sentido, ha opinado que «cada día queda más patente que el Gobierno de Cospedal, además de ser el Gobierno de los recortes, se caracterizó por incumplir la ley reiteradamente».
