Eurodiputados piden al comisario de Justicia que revise la aplicación que hace España del delito de terrorismo

  • Varios eurodiputados piden por carta a Didier Reynders que revise «lo antes posible» la aplicación que ha hecho España de la directiva sobre lucha contra el terrorismo
  • Creen que este Estado ha abierto con su transposición «casi ilimitadamente» la posibilidad de aplicar el tipo penal de terrorismo a situaciones que no lo son
  • Los eurodiputados ejemplifican con dos casos de los últimos años: el caso Alsasua y el caso de Nines Maestro

Los miembros del Parlamento Europeo durante una sesión en Estrasburgo (Francia) // Patrick Seeger (Efe)

El pasado viernes, varios eurodiputados pidieron por carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que revise «lo antes posible» la aplicación que está haciendo España de la directiva sobre la lucha contra el terrorismo 2017/54, ya que creen que este Estado ha abierto con su transposición «casi ilimitadamente» la posibilidad de aplicar el tipo penal de terrorismo «a muchas actividades» que antes estaban amparadas por la libertad de expresión y, por tanto, su aplicación ha podido dar lugar a abusos. En la misiva hacen referencia a casos como el de Alsasua o el de Nines Maestro.

El escrito, al que ha tenido acceso cuartopoder, está firmado por Miguel Urbán (Podemos, del grupo del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica), Izaskun Bilbao (PNV, del grupo Renew Europe), Pernando Barrena (EH Bildu, del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) y Diana Riba i Giner (ERC, del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea). En la misiva recuerdan que los firmantes se opusieron o abstuvieron al votar sobre el reglamento europeo sobre terrorismo por «considerarlo ambiguo e impreciso» y que «podría dar lugar a algunas acusaciones arbitrarias». Sin embargo, creen que la transposición española «ha empeorado» esta ambigüedad y ha abierto «casi ilimitadamente» la horquilla para aplicar el delito de terrorismo a otras actividades. Creen que esta circunstancia se une a otros factores propios del sistema español, como «los problemas de independencia judicial» y «las lagunas en el conocimiento del derecho comunitario» que, en su opinión, afecta a muchos jueces españoles.

Los eurodiputados ejemplifican con  casos polémicos que han saltado a la prensa en España en los últimos años: el caso Alsasua, y el caso de Nines Maestro, acusada de terrorismo por  organizar una recaudación solidaria de ayuda al pueblo palestino.

«La lista de cuestiones que deberían activar las alarmas van desde asociar este tipo criminal a una pelea tumultuosa que es evaluada de manera diferente dependiendo del lugar de España donde se produzca a la ejecución de varios arrestos de miembros de organizaciones sociales involucradas en acciones de disidencia política identificados como un peligroso comando terrorista», explican en la carta, en la que también recuerdan que en algunas ocasiones, «los detenidos han sido liberados con fianzas incompatibles con los cargos por los cuales fueron arrestados a la luz de la opinión pública», como ocurrió en el caso de los CDR catalanes.

Para demostrar la amplitud con la que se aplica este delito, los representantes europeos se detienen en el caso de Nines Maestro, aunque no mencionan su nombre: «Otro ejemplo de los problemas descritos es el uso del delito de terrorismo para obstruir la ayuda humanitaria proporcionada por algunas organizaciones no gubernamentales o asociaciones políticas a causas humanitarias.

Tres personas están siendo procesadas actualmente bajo la acusación de financiar el terrorismo por recaudar y entregar fondos para restaurar la atención médica y los daños provocados pro los ataques israelíes en la Franja de Gaza.

Los firmantes recuerdan, además, que se demostraron que los fondos donados fueron destinados al «propósito social para el cual fueron recaudados».

Tratados como terroristas aunque no lo sean

Los eurodiputados también han querido mostrarle a Didier Reynders dos excepciones españolas con respecto a los acusados por terrorismo. La primera, la constituye el hecho de que los delitos de terrorismo los juzgue un tribunal especial como es la Audiencia Nacional: «Los registros judiciales no se devuelven al sistema de justicia ordinario, incluso cuando se levanta la acusación de terrorismo», aseguran en el escrito.

La segunda es relativa al tratamiento mediático que, creen, contradice el artículo 4 y 5 de la directiva 2016/343 en la que se «prohíbe que el acusado sea presentado como culpable a la opinión pública». Estos eurodiputados creen que esta premisa es «infringida reiteradamente por el poder judicial y por los medios españoles»: «Las detenciones relacionadas con el terrorismo generalmente se transmiten casi en vivo por diferentes canales de televisión, fotos del acusado se distribuyen con sus nombres y apellidos y se utilizan recursos visuales y un tipo de lenguaje que presentan individuos en estas circunstancias como miembros de una organización criminal peligrosa».

Por todo ello, los eurodiputados piden «encarecidamente» al comisario de Justicia que examine esta cuestión y la incorpore a las «prioridades» de su cartera para los próximos meses.

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