- Representantes de las víctimas denunciaron en el Parlamento Europeo el incumplimiento de la normativa europea por parte del Estado español
- «Es la obligación de la comisión ejecutiva iniciar una investigación que cumpla con todos los requisitos de independencia», sentenció la comisión de peticiones
Concentración de las víctimas del Alvia // Marta Semitiel
Los representantes de las víctimas del Alvia Jesús Domínguez y Teresa Gómez-Limón han regresado este martes al Parlamento Europeo para exponer ante la comisión de peticiones sus demandas respecto al accidente ferroviario que en julio del 2013 remató con la vida de 81 personas y dejó a más de 140 heridos. Las víctimas han denunciado el incumplimiento de la normativa europea por parte del Estado español y la existencia de publicidad engañosa en la inauguración de la línea de alta velocidad en el tramo entre Ourense y Santiago, donde se produjo el siniestro. Tras la exposición de sus argumentos, el Parlamento Europeo ha concluido en la necesidad de abrir de manera urgente una investigación independiente que arroje luz sobre los aspectos que rodearon a la catástrofe. «Es la obligación de la comisión ejecutiva iniciar una investigación que cumpla con todos los requisitos de independencia y aborde como mínimo las debilidades señaladas», ha remarcado la presidenta de la comisión de peticiones.
El presidente de la Asociación de Víctimas, Jesús Domínguez, subrayó durante su intervención que la investigación realizada por el Estado español «no fue independiente», tal y como señala el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, ya que el equipo que lo elaboró incluía a las empresas implicadas y a «los mismos responsables que desconectaron el sistema de seguridad porque generaba retrasos». Además, Domínguez criticó que no se diera voz a las víctimas y que no se ahondara en «las causas profundas, las que atañen a las empresas públicas de Renfe y Adif».
Domínguez denunció asimismo la ausencia de constancia en la homologación del tren en su conjunto y la falta de garantías de interoperabilidad, incumpliendo una vez más la normativa europea. «Necesitamos a Europa y que se abra una verdadera investigación independiente», reclamó el presidente de las víctimas, «ya que cuando falla un Estado sólo nos queda Europa, y si Europa falla la UE no tiene sentido».
Por su parte, Gómez-Limón denunció las prácticas publicitarias en las que se presentaba la llegada del tren de alta velocidad cuando «no contaba con tales características». «En la web oficial se anunciaba la línea dotada del sistema se seguridad ERTMS –Sistema Avanzado de Seguridad–, cuando la realidad es que no estaba instalado», censuró. En conclusión, «nos dijeron a los consumidores que era una línea segura con todas las garantías, se omitió información esencial sobre la seguridad, y no se nos advirtió de que la seguridad dependía del maquinista, que no contaba con ayuda técnica», algo que Gómez-Limón entiende como una «práctica comercial agresiva cuyo autor fue el propio Gobierno».
Tras la intervención de los representantes de la Agencia Ferroviaria Europea, de la Comisión Europea y de eurodiputados como Marina Albiol, Rosa Estaràs o Javier Nart, la presidencia de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo sentenció que «es la obligación de la comisión ejecutiva iniciar una investigación que cumpla con todos los requisitos de independencia».
