Financiadores del PP valenciano: 16 empresas, seis entes públicos y billetes de 500 para la campaña de Barberá

Adjudicatarios municipales, entes del Ayuntamiento controlados por Alfonso Grau y aportaciones de dinero negro reunieron más de dos millones de euros para las elecciones de 2007 en las que Barberá arrasó

Alfonso Grau, rodeado de guardias civiles, tras el registro de su domicilio.

Alfonso Grau, rodeado de guardias civiles, tras el registro de su domicilio // Carlos Navarro Castelló

El PP de València ciudad se convirtió en una verdadera máquina de recaudar dinero para la campaña electoral. Siguiendo la máxima de que las elecciones en la Comunitat Valenciana se ganan por la capital, la agrupación municipal se convirtió en una verdadero polo de atracción de recursos para la candidata Rita Barberá.

Según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -fechado el 29 de agosto e incorporado al sumario del caso Taula-, 16 empresas, seis organismos del Ayuntamiento de València y donantes anónimos inyectaron al PP local más de dos millones de euros a través de las firmas de Vicente Sáez Merino, propietario de la Laterne y otras mercantiles.

Según el informe de la Guardia Civil, la campaña se financió de tres maneras diferentes. La primera, similar a la que utilizó presuntamente la trama Gürtel a través de su empresa instrumental Orange Market. Contratistas públicos -en este caso del Ayuntamiento de València- pagaron a Laterne los actos que la empresa de Vicente Sáez Merino organizaba para la campaña de Barberá. Según la UCO, lo acredita el hecho de que Laterne recibiera ingresos de hasta 1,8 millones de estas firmas por trabajos que nunca habría hecho para estas sociedades.

Un ejemplo paradigmático que presenta la UCO en su informe de 200 páginas es el de la Sociedad Agricultores de la Vega (SAV). La firma habría pagado 498.000 euros a Laterne durante los años 2006, 2007, y 2008. Se trata de una adjudicataria de servicios como el de limpieza y recogida de basuras de la zona sur de València que en esos mismos años facturó cerca de 106 millones de euros al Ayuntamiento de València.

Las otras contratistas o adjudicatarias que la Guardia Civil señala como aportadoras de dinero son Lubasa (350.000 euros), TVCB (210.000), Secopsa (375.000), UTE RULV Secopsa-Nagares (100.000), Rover Alcisa (80.000), Urbana Ducat (30.000), Nou Litoral (360.000), PKL Real State (30.000), Pavasal (240.000), CMC (178.150), FCC (200.000), Grupo Luján (20.600), Lubasa (350.000), Ágora Patrimonial (30.000) y Product Management Council (620.000). Muchas de estas mercantiles aparecen también como presuntas financiadoras en la trama Gürtel.

La segunda forma de financiar presuntamente la campaña de Barberá consistió, según la UCO, en las aportaciones de instituciones municipales controladas por el entonces vicealcalde Alfonso Grau a las empresas de Vicente Saez Merino. En este caso los entes contrataban trabajos al grupo Laterne por precios muy superiores a los reales, según las pesquisas basadas en la contabilidad y los interrogatorios a trabajadores de las empresas. El dinero de las facturas hinchadas se utilizaba para pagar los actos de campaña montados por Laterne. Se trata de Feria Valencia, Valencia Turismo Convention Bureau -que también estuvo en el centro del caso Nóos-, Fundación para la Innovación Urbana y Económica, Centro de Estrategias y Desarrollo, Fundación de la Calidad y el propio Ayuntamiento de València.

Y el tercer método utilizado por la presunta red corrupta es el más convencional pero el más burdo. Alfonso Grau, según la Guardia Civil, habría entregado 350.000 euros en billetes de 500 a un empleado de Laterne -Jesús Gordillo, que también fue asesor del vicealcalde-. “Recibió además instrucciones de Grau para recoger de la empresa Secopsa un cheque bancario de 150.000 euros”, afirma la UCO. Según los agentes, Grau le ordenó “girar facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros para dar soporte a dicha entrada de dinero y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el partido”.

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