Amnistía Internacional denuncia que tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio de interior del Estado español han llevado a cabo maniobras para obstaculizar la investigación de las cargas policiales del 1-O
Foto: Robert Bonet
Amnistía Internacional (AI) ha hecho público un informe este jueves 10 de mayo en el que denuncia que la Fiscalía General del Estado está obstaculizando la investigación sobre los hechos ocurridos durante el referéndum en Catalunya del 1-O.
“1-O en Cataluña: Obstáculo para la investigación del uso excesivo de la fuerza” es el título que recibe el documento de la ONG. En éste, AI considera que el Ministerio público “está desarrollando acciones tendentes a la descalificación de las denuncias, la obstrucción de diligencias, e incluso mostrando una falta de interés en el proceso, dificultando el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales pertinentes”.
El informe sale a la luz tras meses de investigación y observación por parte de la organización de defensa de los derechos humanos, y en él se constatan faltas graves cometidas por la Fiscalía. El informe asegura que el órgano judicial “se opuso a que el Juzgado de Instrucción número J17 ofreciese a personas lesionadas poder personarse en el procedimiento, asegurando que debido al carácter leve de las lesiones no cabría investigar de oficio dichos hechos, a menos que la persona afectada formulase denuncia”.
Además de esto el documento añade que “la Fiscalía instó a que sólo se hiciese este ofrecimiento a aquellas personas lesionadas, que, sin haber denunciado, hubiesen tenido que recibir tratamiento médico o quirúrgico, pero en ningún caso a aquéllas que únicamente hubiesen precisado una única asistencia facultativa”.
No son las únicas acusaciones de AI. El órgano judicial del Estado español también habría intentado mostrar “la violencia de manifestantes como elemento clave” para de este modo hacer que los juzgados descartaran la necesidad de investigar la violencia policial. Es decir, presentar videos en los que se observa violencia civil, asumiendo que es la responsable de la violencia policial.
Del mismo modo, AI también ha denunciado que el Ministerio del Interior no está asumiendo su responsabilidad de investigar los abusos cometidos durante el 1-O, exculpando a los agentes que emplearon la brutalidad policial para intentar evitar el referéndum. Al mismo tiempo, la cartera dirigida por Juan Ignacio Zoido solo daría preeminencia a los heridos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Según datos ministeriales del 9 de marzo de 2018, 58 agentes de la Policía Nacional y 37 agentes de la Guardia Civil.
El diario catalán el Nacional, relata que, en realidad, en el informe presentado por la Policía Nacional en el Juzgado de Instrucción número 7, “las lesiones más graves que presentan los agentes son contusiones en dedos de la mano o en una uña, un pie torcido, un moratón en el muslo o un arañazo en la nariz”. “Algunos de los casos son tan leves” añade el medio digital, “que ni siquiera van acompañados de informe médico, ya que no necesitaron ningún tipo de asistencia”.
Es por todos estos motivos que Amnistía Internacional pide que las autoridades adopten “medidas para garantizar que se realizan investigaciones efectivas sobre los casos de uso excesivo de la fuerza”. Al mismo tiempo la organización demanda que se asegure que “las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía el 1-O reciben reparación inmediata y adecuada, incluyendo indemnización, y que este hecho no dependa de la condena penal de los agentes individuales implicados o de que las víctimas presenten una demanda civil en los tribunales”.
