- El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sometió a revisión la doctrina que obligaba a pagar a los bancos en una decisión inédita
- Lesmes se vio obligado a pedir perdón por la gestión que había hecho el tribunal de este asunto: «No lo hemos gestionado bien»
- Todos los partidos se han situado del lado de los clientes mientras el Gobierno habla de una «jornada negrísima» para la justicia
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se dirige a Luis Díez Picazo en el acto de su toma de posesión. // Ángel Díaz/EFE
Han pasado dos semanas desde que el Tribunal Supremo decidió revisar aquella histórica sentencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. Este martes se ha revocado esa doctrina en un pleno dividido, convocado a través de una decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo muy cuestionada, que ha terminado por enterrar el prestigio del alto tribunal con esa maniobra para revisar una jurisprudencia perjudicial para la banca ante el impacto «social y económico» que había suscitado la condena.
Jueves 18 de octubre: se hace pública la sentencia que habían redactado los magistrados de la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El fallo anula un artículo del texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Según los jueces, el impuesto debían pagarlo el interesado en el negocio. Es decir, los bancos.
Viernes 19 de octubre. 24 horas después del fallo, el presidente de la Sala Tercera del Supremo (la del Contencioso-Administrativo) Luis Díez-Picazo adopta una decisión inédita. A través de un comunicado público, informa de que convoca al Pleno (los 31 magistrados de la Sala) para que revisen la doctrina. Su argumento es que la sentencia suponía un «giro radical» respecto a lo que el Supremo había dicho en otras ocasiones, lo que ha provocaba una «enorme repercusión económica y social».
La maniobra de Díez-Picazo es inédita porque nunca antes se había convocado al Pleno antes de publicar una sentencia. Lo habitual, en temas especialmente sensibles que requieren el respaldo de todos los jueces de la Sala, es que se convoque antes. La decisión provoca, además, la paralización de los recursos pendientes en el Supremo sobre este asunto.
Lunes, 22 de octubre. El escándalo que provocó la maniobra de Díez-Picazo obliga a Carlos Lesmes a reunirse con él y con los magistrados que habían firmado la sentencia. El caos se había apoderado del mercado inmobiliario, con cancelaciones de hipotecas y firmas de compra-ventas que se echan atrás. El presidente del Supremo y los jueces que dictaron la sentencia condenatoria a los bancos acuerdan celebrar el Pleno el 5 de noviembre y extender la incertidumbre durante dos semanas más.
El propio Lesmes se ha visto obligado a pedir perdón públicamente a los ciudadanos. Lo hizo el pasado 25 de octubre: otra decisión insólita. «No lo hemos gestionado bien», dijo a la prensa en unas jornadas de puertas abiertas en el Tribunal Supremo . Entretanto, se conoce que otras dos sentencias del Supremo aún sin publicar fallaban en el mismo sentido que la primera: los bancos debían afrontar el impuesto de las hipotecas.
El desánimo se apodera de varios magistrados del tribunal en un momento muy delicado, a las puertas de que se celebre el juicio a los líderes del procés. «La consternación que hay en la calle la hay aquí dentro», apuntaban fuentes del Supremo, que definían el sentimiento dentro del tribunal de «tristeza».
Durante estas dos semanas, en que han estado en juego miles de millones de euros, se han movido todas las partes implicadas en el proceso. La banca desplegó una campaña de presión incidiendo en que, en caso de perder este litigio, las hipotecas se encarecerían. Además, los directivos de las entidades insistieron en que en Europa el impuesto lo asumía siempre el cliente.
Esa campaña de presión se orquestó a la par que las grandes entidades presentaban sus resultados: Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankia y Bankinter ganaron entre enero y septiembre más de 13.200 millones de euros.
Los cálculos más optimistas cifraban en 2.300 millones el coste para la banca de devolver el impuesto de las hipotecas. El Gobierno, por su parte, ha elevado este martes esa cifra hasta los 5.000 millones, antes de conocer el fallo del alto tribunal.
Por su parte, los grandes despachos de abogados han dedicado estas dos semanas a preparar su estrategia seguros de que los jueces iban a ponerse de su lado. Comenzaron a contratar letrados para hacer frente a las miles de reclamaciones judiciales que preveían. Ahora su única esperanza es acudir a la justicia europea, que ya les dio la razón con las cláusulas suelo.
Tras esas dos semanas con el prestigio del Supremo en vilo se llegó a la reunión del lunes. Tres ausencia dejaron en manos de 28 magistrados la decisión del Supremo. Los pronósticos apuntaban a un pleno largo y dividido, pero que finalmente decantase la balanza del lado de los clientes. La cuestión a dirimir entonces era si se establecía un plazo de reatroactividad de cuatro años para reclamar o únicamente se decidía que, a partir de ahora, los bancos cargarían con el pago de ese tributo.
Lunes 5 de noviembre. Tras ocho horas de reunión solo se pronuncian nueve jueces que evidencian la división en la Sala. La decisión queda en el aire.
Martes 6 de noviembre. La división continua durante otra larga jornada de deliberaciones. A última hora, un solo voto evita que la banca afronte miles de reclamaciones por este impuesto: 15 votos a 13 de los 28 jueces. Tres de los 31 magistrados del pleno no participaron en la deliberación: uno por estar trabajando en la junta electoral central, otro por encontrarse de viaje y un tercero por un conflicto de intereses al tener familiares con una vivienda en Rivas Vaciamadrid (el ayuntamiento que inició el pleito).
La decisión del Supremo se ha producido el mismo día que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos ha fallado contra España por no garantizar un juicio justo a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. «Una jornada negrísima para la Justicia», según reconocen fuentes del Ejecutivo. El Gobierno estudiará el fallo y fijará su posición oficial en el Consejo de Ministras del jueves.
Desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea ha anunciado que propondrán cambios legislativos: «Los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto AJD». En una línea similar se ha pronunciado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera: «No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo. El poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro».
Podemos e IU, por su parte, han convocado una concentración para este sábado a las puertas del tribunal. «Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada», ha tuiteado el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
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