Golpismo desde la prensa contra un gobierno de coalición

  • Si un medio titula «Los empresarios se plantan y ‘vetan’ a Yolanda Díaz como ministra de Trabajo», le está concediendo a los empresarios el poder de «vetar» la voluntad popular
  • Al empresario le podrá gustar o no esa persona para ministra, como a todos los demás ciudadanos nos gusta o disgusta otra opción, pero vetarlo o no aceptarlo sí que supondría un golpe de Estado
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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias antes de su reunión para abordar la investidura.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias antes de su reunión para abordar la investidura Inma Mesa (PSOE).

Que un posible acuerdo entre PSOE y Podemos, junto con una abstención de ERC, pueda permitir que haya Gobierno, es fácil que sea motivo de crítica desde los partidos de la derecha y, por supuesto, lícito. Incluso que lleguen a airear espantajos de que vienen los comunistas o que se está pactando con los que quieren romper España forma parte de la teatralidad de nuestros políticos.

Algunos hasta para decir que tendremos un ministro de Hacienda etarra. El problema surge cuando determinados sectores, con el apoyo de los medios, se arrogan la autoridad para considerar ese pacto ilícito y desautorizarlo. Si un medio titula «Los empresarios se plantan y ‘vetan’ a Yolanda Díaz como ministra de Trabajo», les está concediendo a los empresarios el poder de «vetar» la voluntad popular, porque si fuese ministra de Trabajo no sería por otro motivo que por la decisión de unos diputados elegidos por el pueblo.

Dice el periódico que «miembros de la CEOE, según ha podido saber Vozpópuli, se niegan a que Díaz ocupe la cartera de mayor relevancia en el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias». Pero, ¿cómo es que se niegan a aceptar el ministro que acuerde el presidente elegido por los ciudadanos?

Al empresario le podrá gustar o no esa persona para ministra, como a todos los demás ciudadanos nos gusta o disgusta otra opción, pero vetarlo o no aceptarlo sí que supondría un golpe de Estado. No hace falta recordar que hace más de 80 años Franco no aceptó a Azaña como presidente de España. Si, encima, el medio acepta esas declaraciones como una opinión política más, está dando alas a posiciones contrarias a la democracia.

Pero tenemos más casos de medios que ponen por encima de la voluntad popular a otros poderes fácticos, inventados o no: lo grave es darles esa legitimidad desde un periódico. «La Seguridad del Estado teme a Podemos en La Moncloa», titula El Mundo el 18 de noviembre.

Dice el periódico que «la sensibilidad de los servicios de Inteligencia se ha visto sacudida con virulencia por el anuncio de un Gobierno en el que entraría una formación como Podemos. La cercana posibilidad de que el partido de Pablo Iglesias forme parte de las estructuras gubernamentales ha despertado una profunda preocupación entre los agentes de la Seguridad y de la Inteligencia del Estado».

Según señala, el problema es que «en el Consejo de Ministros se vayan a sentar representantes de una formación que incluye al Partido Comunista (…) porque, como recuerdan a este periódico fuentes tanto de los servicios secretos como de la Policía y la Guardia Civil, España forma parte de la estructura de la OTAN y tiene unos potentes acuerdos de colaboración militar firmados con EEUU, entre otros países».

Según esa tesis, está bien que el Partido Comunista se presente a las elecciones, pero solo faltaba que tuviera apoyos electorales como para acabar en el Gobierno. Pero obsérvese que no se cita ninguna fuente concreta, por tanto, es directamente el periódico el que asume la función de promover la ilicitud de que algún comunista forme parte del Gobierno en nombre, nada menos, que de la seguridad de España.

Donde sí que recoge fuentes claramente golpistas el diario El Mundo es publicando un artículo de opinión de quien fuera general y jefe del Ejército de Tierra de 2008 a 2012, Fulgencio Coll. Se titula nada menos que «Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional» (El Mundo, 18 de diciembre).

Y no, no es una exageración el titular: dentro señala que Sánchez, por sus negociaciones para la investidura, debe ser acusado ante la Sala Segunda del Supremo «por traición o cualquier otro delito contra la seguridad del Estado». Afirma que «los poderes del Estado» (no señala cuáles) «no deben permitir esta actuación lesiva y proceder a constatar si la conducta del candidato incurre en responsabilidad criminal. Estamos ante un problema de seguridad nacional».

Un periódico publicando a un militar diciendo que el candidato más votado por los ciudadanos es un peligro para la seguridad. Lo razonable en un periódico comprometido con la democracia sería difundir que quien es un peligro para la seguridad es un militar que no acepta los resultados de la voluntad popular.

Muchos ciudadanos se indignarán, con razón, con empresarios, militares o sectores de inteligencia que no aceptan la democracia, pero quizás no habrán caído en que igual de peligrosos que ellos son los medios que les legitiman y les dan voz sin asomar la más mínima crítica.

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