En este rincón de CTXT que llamamos El Mentidero nos hemos dado a la tarea de poner en cuestión las narrativas dominantes y desmontar el intrincado mecanismo de los relatos del poder.
Ahora que la Constitución del 78 está a punto de alcanzar los cuarenta cumpleaños, va siendo tiempo más que nunca de someter nuestro pasado a la prueba del algodón y hacer que los mitos sagrados de la Transición respondan a la máquina de la verdad. Faltan pocos días para que las pantallas se nos llenen de ceremonias conmemorativas, de purpurina real y de lugares comunes tan transitados que ya no significan nada. Democracia consolidada. Que nos hemos dado entre todos. Espíritu de diálogo. Consenso. Libertades. Concordia.
No se trata de menospreciar aquí el optimismo de tantas personas que tras la muerte de Franco cedieron a la esperanza de un prometido orden democrático. Ni siquiera se trata de reprochar a aquellos que plegaron sus banderas con la convicción de que los vientos de cambio bien valían algunas renuncias. Después de todo, los años setenta fueron convulsos y violentos y el debate constitucional estuvo gobernando por el miedo y por la amenaza de una nueva dictadura armada, o peor aún, de una nueva guerra. Contra el mito de la Transición pacífica, la investigadora francesa Sophie Baby registra 714 muertes violentas entre 1975 y 1982. Poco diálogo iba a ser posible en un clima viciado por los disparos, las organizaciones clandestinas y el chantaje reaccionario de las Fuerzas de Orden Público y las Fuerzas Armadas.
Sí queremos hablar, sin embargo, de una tiranía que murió en la cama y de todos aquellos sectores del franquismo que un día se fueron a la cama firmando sentencias de muerte y a la mañana siguiente se despertaron con una constitución y una urna debajo del brazo. Hay que hablar de la Transición como un dispositivo envenenado que sirvió para garantizar la impunidad de la derecha a cambio de unas migajas institucionales para la izquierda. Al fin y al cabo, la misma generación de franquistas que había administrado el retorno de la democracia fue quien construyó el relato oficial del nuevo consenso político. Como si quienes detentaban el poder y quienes sobrevivían entre la clandestinidad y el exilio hubieran participado en el debate público bajo las mismas condiciones. La Transición es una fábrica de amnesias consentidas.
Todavía hoy llama la atención repasar los nombres de los Padres de la Constitución, todos hombres nacidos entre 1922 y 1940, la mayoría de ellos vinculados a partidos de derechas. El más veterano era Manuel Fraga, que había dado el visto bueno a la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau. Que encubrió la muerte de Enrique Ruano y pidió silencio a la familia. Que cargaba a sus espaldas con la masacre de cinco obreros en Vitoria. Ahí está la paternidad de una constitución que santificaba la continuidad de todos los estamentos del régimen franquista, desde el Rey hasta los cuerpos policiales pasando por empresarios, banqueros, jueces y señores de la prensa. Todo aquel que se atreviera a poner en cuestión los términos del consenso era señalado como ingrato alborotador, antiespañol y enemigo de la democracia. Y hasta ahora.
Hay un episodio poco recordado del debate constitucional, un punto de giro que amenazó con hacer encallar las negociaciones. Y es que en marzo de 1978 el PSOE abandona la ponencia y terminará denunciando que UCD y Alianza Popular han urdido “la constitución más reaccionaria del mundo”. La pataleta surte efecto y UCD accede a negociar en privado los artículos más controvertidos. Al contrario de lo que sugiere la historia, la Constitución no fue ultimada en una ceremoniosa sala de las Cortes sino en los encuentros secretos que mantuvieron, entre otros, el vicepresidente del Gobierno Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra en el restaurante José Luis de la calle Rafael Salgado de Madrid. A las puertas del Santiago Bernabéu. El futuro de la democracia en manos de una minoría constituyente entre reuniones a puerta cerrada y pactos de mantel. Aquellas sobremesas de madrugada anticipan el destino del nuevo orden político español: un sistema bipartidista a la americana sostenido por dos partidos turnantes, el uno social-liberal y el otro liberal-conservador.
El 31 de octubre de 1978, la Constitución supera el debate parlamentario con cierta apariencia de unanimidad. La prensa apunta a partidos vascos y catalanes como minoría de disenso y algunos periódicos, como el ABC, censuran que los diputados de PNV, Euskadiko Ezkerra y ERC se hayan negado a ovacionar el resultado. Hay, además, otro dato contundente. Y es que solo nueve de los dieciséis diputados de la Alianza Popular de Manuel Fraga respaldan la Constitución. Extrañas raíces constitucionalistas las del Partido Popular. En todo caso, cuando la Constitución se someta al aval de las urnas, aparecerán algunas anomalías que hoy en día nadie se molesta en recordar. En primer lugar, la llamada vasca al no o a la abstención hace que la Carta Magna solo cuente, por ejemplo, con un 27,7 % de apoyo Gipuzkoa y un 30,4 % en Bizkaia. La abstención, además, alcanza cifras elevadas en Galicia. En la suma total, la participación en el referéndum para la ratificación de la Constitución ha caído un 12% con respecto a las elecciones generales de 1977. Contra la euforia acrítica de nuestros días, los analistas hablan por entonces de desencanto y de fracaso de las fuerzas políticas, que solo han sido capaces de movilizar a dos de cada tres electores.
Ahora, cuarenta años después de aquel proceso tramado entre bambalinas y con la pistola del franquismo encima de la mesa, podemos mencionar diferentes irregularidades. Por ejemplo, la treta de Adolfo Suárez para incrustar a la familia Borbón en el texto constitucional y obligar a la población a aceptar todo el paquete sin que fuera posible el debate entre monarquía y república. Podríamos recordar también el papel de la televisión única en la creación de un estado de opinión favorable a las jerarquías políticas. Que la ley de amnistía se convirtió, por encima de todas las cosas, en un blindaje de impunidad para los criminales del franquismo. Que los Pactos de la Moncloa desactivaron la movilización popular o que el poderío de la CNT fue acallado con la tramoya policial del caso Scala. Podríamos también sacar a relucir el tenebroso papel del rey emérito en los tejemanejes castrenses del 23-F. Sin embargo, la mejor prueba del algodón, la más eficaz máquina de la verdad, es un examen casual del texto constitucional a la luz de estos cuarenta años.
Artículo 128, punto 1. “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. El Gobierno de Felipe González llevó a cabo alrededor de ochenta privatizaciones y mostró el camino al gobierno de José María Aznar, que privatizó un total de cincuenta empresas con la coartada de cumplir las exigencias de Maastricht sobre el déficit. También Zapatero y Rajoy se apuntaron al desmantelamiento del sector público. Empresas como SEAT, Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera, Argentaria, Gas Natural o AENA han abierto sus puertas al capital privado.
Artículo 47. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Este pasado abril, el Congreso aprobaba una propuesta del PDCat sobre desahucio exprés que contó con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y PNV. El impulso para la aceleración de los desahucios nace de una iniciativa del gobierno de Zapatero a favor de los desalojos rápidos que se materializa mediante la Ley 19/2009 con la contribución de CiU y el voto del PNV. Durante el año 2017 se ejecutaron 60.754 desahucios en España. El CGPJ contabiliza más de medio millón de desalojos desde el comienzo de la crisis.
Artículo 35. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”. España cuenta con una tasa de desempleo del 15,2%, el doble que la media de la Unión Europea, y se sitúa en el segundo lugar del ranking detrás de Grecia. En un informe de este año publicado por el European Trade Union Institute, España se sitúa en los últimos puestos en calidad de empleo de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia y Rumanía. España es también el país de la Unión Europea con más trabajadores que viven bajo el umbral de la pobreza a la vez que se ha multiplicado el número de millonarios.
En el papel mojado de la Constitución se acumulan los incumplimientos y las urgencias de una Transición que con el tiempo ha adquirido el estatus sagrado de un mandato bíblico. Hace no tantos años, al fragor del 15M, las calles indignadas hablaban de procesos constituyentes, de volcar el régimen, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, no hay pan para tanto chorizo, error 404: democracia not found. Parece que con el tiempo las calles se han fatigado, que ya no hay músculo constituyente o que podríamos dar por buenos otros cuarenta años de restauración borbónica sin que los barones del viejo orden encuentren resistencia. La Constitución llega a la crisis de los cuarenta con cuerpo de fake news, con la apariencia dudosa de un bulo que seguimos propagando sin habernos tomado la molestia de verificarlo. Feliz cumpleaños a quien lo celebre.
