Pertenezco a una generación sorprendida en plena adolescencia por el asesinato del que pretendía ser garante de la continuidad de la dictadura a la muerte del dictador. Las consecuencias políticas del atentado contra Luis Carrero Blanco sólo las comprendimos tiempo después.
Recuerdo que se suspendieron las clases, que vi en blanco y negro llorar a Franco, que mi madre me envió a comprar harina, arroz, azúcar… “por si vuelve la guerra”. Y que a la vuelta del instituto, semanas después de las navidades de 1973, en el autobús se cantaba un estribillo que decía “Voló, voló, Carrero voló…”.
Pertenezco a una generación que, diez años más tarde, empezaba a ejercer el oficio del periodismo ya entrada la transición política. De un redactor jefe llamado Pedro Cuesta aprendí en la última etapa del diario Informaciones a hacer entradillas, y también a “contarlo todo, sin dejarte nada; ya vendrá alguien con la tijera”. Discutía él con los de las tijeras, y procuraba que no se enteraran de nada sensible hasta después de haberlo publicado. Aquello duró lo que duró.
Pertenezco a una generación que tuvo la suerte de vivir en un estreno permanente. Formé parte del equipo de un programa llamado Si yo fuera Presidente, en el que cada semana se estiraba un poquito más la libertad. Llegamos a meter a siete ministros en un vagón de Metro para que ciudadanos corrientes les preguntaran a saco lo que quisieran. Y se armó un buen carajal en toda la prensa conservadora (casi toda la prensa, como siempre) un día que a Fernando García Tola y a Arturo González se les ocurrió dedicar el programa al cuerpo humano desde múltiples enfoques, lo cual incluía a viejecitos que hablaban del amor y el sexo; a una prostituta que, por primera vez en España, aparecía con cara y ojos en TVE contando su verdad, o a un grupo nudista gallego que protagonizó el primer desnudo colectivo e integral en televisión. Hubo editoriales que pedían la suspensión del espacio y nuestro despido inmediato. Hubo colegas que calificaban de “pervertidos” a aquellos muchachos que denunciaban que las prohibiciones del nudismo sólo subsistían en Turquía, Albania… y España.
Una deriva autoritaria
Ahora que de casi todo hace cuarenta años (con perdón de Gil de Biedma), uno tiene la terrible impresión de vivir un retroceso permanente, una regresión pertinaz, una deriva autoritaria que no deberíamos permitir. Porque en aquel mismo programa aparecían a veces Tip y Coll y contaban chistes sobre el Gobierno, sobre el rey, y sí: también sobre Carrero Blanco. No pasaba nada. Y desde luego nadie era condenado a un año de cárcel y siete años de inhabilitación total, como le acaba de ocurrir a Cassandra Vera. Como les ha ocurrido ya a unos cuantos tuiteros, cantantes o humoristas. Tuvimos titiriteros en aquel programa, que hicieron decir a sus guiñoles lo que les salió del cerebro o de las tripas o del corazón. ¡Hace de eso más de treinta años! Y a nadie se le ocurrió que dos titiriteros pudieran pasar cinco días entre rejas y meses sin pasaporte, en libertad condicional.
El artículo 578 del Código Penal, que establece el castigo por enaltecimiento del terrorismo o la humillación de las víctimas y sus familiares, es una barbaridad porque puede utilizarse y se utiliza para convertir la opinión en delito. Porque a los jueces que lo aplican no les importa si había o no intencionalidad de humillar a las víctimas por parte de los autores de los mensajes. Hay fiscales que actúan y jueces que sentencian que ha habido “humillación” incluso cuando los presuntos humillados aclaran que no se han sentido ofendidos, como lo han hecho Eduardo Madina, Irene Villa o la propia nieta de Carrero Blanco. No tiene ningún sentido.
El problema, una vez más, no empieza en los jueces o en las salas de la Audiencia Nacional, sino en la ley. Y ese artículo que, incomprensiblemente, aún no ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional, es un arma cargada por el Gobierno del PP para disparar contra la libertad de expresión, cuyos límites están establecidos en la jurisprudencia del propio Constitucional y del Supremo. Existen y se aplican los delitos de calumnias, injurias, difamación, daño al honor, etcétera. Y por supuesto que hay tuiteros (muchos lo sabemos y sufrimos cada día), pero también locutores y tertulianos y directores de periódicos y columnistas y políticos que difaman y calumnian y no están suficientemente perseguidos. Discrepo de quienes reclaman que se aplique el artículo 578 a los disparates ofensivos escuchados a voces de la caverna, se llamen como se llamen. Cualquier homosexual o transexual se sentirá humillado por esos tipos que van pregonando que la homosexualidad es una enfermedad curable. Pero nadie pide prisión o siete años de inhabilitación para los de Hazte Oír: lo que exigimos es que se les retire de una santa vez esa “utilidad pública” que les regaló el Gobierno y a cuyos beneficios no tienen ningún derecho. Cualquier familiar de una víctima de ese franquismo ejercido de forma sanguinaria por Carrero Blanco se sentirá humillado por las infamias pronunciadas por Rafael Hernando. Pero nadie pide prisión y siete años de inhabilitación para el portavoz parlamentario del PP: lo que sostenemos es que no debería dedicarse a la política quien no respeta el derecho de un ciudadano a enterrar dignamente a sus muertos.
Fuera del Código Penal
La calidad democrática es más alta cuanto mejor resiste su puesta a prueba. La libertad de expresión se mide en el borde de sus límites, no en la complacencia de su existencia teórica. Como sostiene el profesor Emilio Lledó (como también lo hacía el añorado José Luis Sampedro), “es obvio que hay que tener libertad de expresión, pero lo que hay que tener, principal y primariamente, es libertad de pensamiento. ¿De qué me sirve la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente?”. Y la libertad de pensamiento se logra a través de la educación, del respeto, del cultivo de la inteligencia y del provechoso ejercicio de la libertad de expresión, que incluye y acoge la sátira, la burla y el humor negro.
La mayoría de los chistes que han sido juzgados no tienen a mi entender la más mínima gracia. Pero el mal gusto no se dirime en los tribunales. Una democracia sólida pone los límites en los hechos, no en las ideas. Claro que hay ideas dañinas, repelentes, peligrosas, pero una democracia de verdad sólo puede penalizar la expresión que incita directa o indirectamente a la comisión de un delito (como explica la profesora Ana Valero en este mismo periódico). Quien crea que sólo deben poder difundirse y discutirse ideas sensatas, moderadas o inofensivas debe saber que está otorgando a alguien la potestad de decidir lo que es admisible y lo que no.
Hasta Cassandra hemos llegado. Hay que sacar del Código Penal todo simulacro de delito de opinión porque es incompatible con la democracia, y porque si no lo hacemos nosotros, si no lo hace nuestro Parlamento, terminará haciéndolo el Tribunal de Estrasburgo, y la cacareada Marca España recibirá una nueva colleja que se añadirá a la de los desahucios o la de las cláusulas suelo de las hipotecas.
P.D. El nivel de respeto que este Gobierno tiene a la libertad de expresión es similar al demostrado por la autonomía de RTVE como servicio público. A los tres meses de llegar al poder, el PP se cargó la ley que exigía un consenso amplio para elegir al responsable de la corporación, y ha utilizado desde entonces la radiotelevisión pública como si fuera un cortijo propio. Así lo han denunciado reiteradamente con múltiples pruebas los Consejos de Informativos. Esta misma semana, al ver que se quedaba absolutamente solo y ante la unanimidad de los demás grupos para recuperar un modelo profesional y plural en RTVE, el PP decidió sumarse a la iniciativa. Con tanto cinismo como el que demuestran un montón de editorialistas y tertulianos que estos días apoyan con entusiasmo la recuperación de ese consenso, pero que han callado como estatuas durante años ante las manipulaciones, los vetos, las listas negras y las mentiras.
