Falsos autónomos // La plantilla de la empresa Sada en Sueca se suma a los más de 50 centros de la empresa Servicarne en todo el Estado para reclamar ser contratadas directamente por la matriz, considerada por la Inspección de trabajo como una falsa cooperativa.
Treballadores de l’empresa càrnica SADA (Sueca) convoquen vaga indefinida per a reivindicar la llibertat sindical.
Desde que Inspección de Trabajo se ha pronunciado en torno a lo que la plantilla de Servicarne venía denunciando cinco años atrás, en compañías como Sada, las socias trabajadoras de la cooperativa han sido dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Esto les ha permitido constituir una sección sindical dentro de la empresa en la que desarrollan su actividad —en este caso en la planta de Sada en la localidad de Sueca—, elegir a una delegada sindical y solicitar una reunión a la dirección de la compañía. Ante la negativa de la dirección a reunirse con las trabajadoras y no reconocer ni la sección sindical ni que están dadas de alta en el régimen general, han decidido ejercer otro de los derechos que les otorga, precisamente, el régimen general: el derecho a huelga.
Las socias trabajadoras de la falsa cooperativa vienen denunciando desde 2013 su indefensión ante los abusos laborales, la falta de información y las represalias del gigante cárnico Servicarne. Uvesa, situada en Rafelbunyol, fue la primera empresa del País Valencià contratante de Servicarne en recibir un acta de liquidación de Inspección de Trabajo. Esta señala que la utilización de los servicios prestados por la cooperativa se ha llevado a cabo para evitar, de forma fraudulenta, la contratación directa del personal trabajador.
Secció sindical de CNT de l’empresa SADA durant la vaga indefinida, a Sueca (València).
En total, Inspección le exige a Uvesa un importe de más de medio millón de euros a la Seguridad Social por las cuotas de todos sus trabajadores. No obstante y pese a que Servicarne lleva más de quince años proporcionando personal a la planta de Rafelbunyol, Uvesa adquirió el centro de trabajo hace menos de un año —en agosto/septiembre de 2017— a la mercantil Sada. Por tanto, el acta de liquidación que se ha hecho pública a través de los medios sólo hace referencia a las irregularidades con respecto al personal trabajador de la cooperativa desde la adquisición de la planta y sus instalaciones por Uvesa y no la totalidad del tiempo que Servicarne lleva prestando servicio en ese centro de trabajo.
De las posibles responsabilidades que se esperan de Sada, sin embargo, solo se contabilizarán las de hasta cuatro años atrás, desde que ha salido el acta de inspección, por lo que el importe total de la liquidación que se le exija a esta empresa será relativo solamente a los últimos tres años que le perteneció la planta.
Y es que, según explican desde CNT València, el conflicto de Servicarne con sus socias lleva bastante tiempo activo. El sindicato empieza a movilizarse durante la primavera de 2013, cuando uno de los trabajadores demandó por cesión ilegal y falsos autónomos a la cooperativa cárnica en un centro de Álava (Vitoria). La reclamación no fue estimada debido a una sentencia del Tribunal Supremo que consideró legal el funcionamiento de la cooperativa. Pero a partir de ese momento y, sobre todo desde 2015, con las protestas en la empresa Productos Florida de Almassora (Castelló), aumentaron las movilizaciones. El sindicato empezó a repartir información entre la plantilla sobre las sombras de la cooperativa que afectaban —y afectan, según el acta de liquidación de Trabajo— directamente a su personal socio-trabajador, y se fueron encadenando manifestaciones y protestas en diferentes puntos del estado.
Vitoria y Zaragoza, donde desarrollan su labor las empresas Arpisa y Uvesa, respectivamente, son por el momento los otros municipios donde opera personal de la cooperativa que han recibido actas de liquidación. En total, como ha dado a conocer este semana El País, unas 50 empresas repartidas en 20 provincias distintas pueden verse afectadas por las resoluciones de Inspección, lo que también influirá sobre las más de 5.000 personas que trabajan para la cooperativa y que son consideradas falsas autónomas desde marzo.
Años de conflicto contra el modelo ‘Servicarne’
El cuestionamiento de la legalidad de Servicarne empezó a desarrollarse por las incoherencias que suscitan los ‘contratos’ de sus socios-trabajadores y el desajuste de lo que en ellos se acepta —que se acogerán a todo lo que digan los estatutos— con lo que implica que se trate de una empresa cooperativa. La teoría es que anualmente se celebra una asamblea general en la que se aprueba al Consejo Rector, que es quien después lleva a cabo la gestión de las contratas. Pero como ratifica la reciente acta de Inspección de Trabajo de Uvesa, en lo relativo a la toma de decisiones en Servicarne, “solo asiste a la asamblea anual de la Cooperativa el jefe de equipo” y “los socios trabajadores no reciben personalmente la convocatoria de la misma”. Y se añade, que además de que los trabajadores dicen no haber conocido en ningún momento tales convocatorias, “nunca se reúnen tampoco en el centro para elegir o nombrar representante o delegado para su asistencia o para discutir sobre el orden del día de la asamblea anual”.
Así lo corrobora Santano, de la Coordinadora Estatal de CNT en Servicarne y ex-trabajador de la cooperativa, que explica que acudir a las asambleas no es nada fácil para las socias trabajadoras: “Hay centros en los que algunos días durante la asamblea se trabaja, por lo que no se facilita el acceso a la asamblea de ninguna forma”. Y matiza que cuando desde el sindicato han intentado organizarse para ir, “ellos [los cargos de Servicarne] han intentado meter miedo”.
Servicarne y cada empresa concretan unilateralmente cuáles serán las condiciones de las trabajadoras
La elección del Consejo Rector afecta directamente al personal societario de Servicarne. Una vez las futuras trabajadoras firman la solicitud de inscripción y pasan a ser socias de la cooperativa, el Consejo Rector es quien establece una relación contractual específica con cada una de las empresas cárnicas a las que proporciona personal. Junto con la respectiva empresa, Servicarne concreta unilateralmente cuáles serán las condiciones de las trabajadoras que le suministra; pero no existe ningún contrato o procedimiento a través del cual las trabajadoras puedan confirmar o aceptar dichas condiciones. Ni siquiera en la solicitud de preinscripción, como muestran desde el sindicato, se advierte de que puede haber diferenciación en las condiciones contractuales de las socias-trabajadoras según sea el destino y la empresa en la que vaya a desarrollar su labor.
La falta de información y de transparencia ha llevado a las socias trabajadoras a señalarle a la propia Servicarne, verbalmente, por escrito e, incluso, a través de burofax, las incongruencias de que no se estén cumpliendo sus propios estatutos y las reclamaciones que hacen como socias de la cooperativa. Por lo que respecta a la CNT, ha llevado a cabo numerosas peticiones formales escritas al Consejo Rector y a la Asamblea General de socios/as, y firmadas por personal de diversos centros de trabajo en los que opera Servicarne.
El Salto PV ha tenido acceso a una reclamación sindical por escrito, del pasado mes de marzo (2018) de la Federació Local de València de CNT al Consejo Rector, en la que se exponen varias peticiones firmadas por personal de los centros de trabajo de Rafelbunyol (Uvesa), Almassora (Productos Florida), y Torrent (Campofrío). Según este conjunto de peticiones, las personas afiliadas al sindicato que trabajan en Servicarne han exigido saber en qué consiste cada uno de los contratos que la cooperativa ha firmado con las diversas empresas a cuyas condiciones ellas están sujetas y manifiestan que han recibido sanciones por “irse antes” o “no hacer todo su trabajo”, cuando, en realidad, no saben ni cuál es su trabajo, ni su horario, según explicaban en la petición.
Represalias al personal movilizado
La ausencia de respuesta por parte de Servicarne a todo tipo de demandas, sin embargo, no ha impedido que el gigante emprenda represalias contra las trabajadoras que se han estado movilizando. A finales del 2015, en la planta avícola de Productos Florida de Almassora (Castelló), el reparto de información sobre la desventajosa situación de las socias trabajadoras, que llevó a cabo CNT, se cobró la plaza de tres personas, a las que Servicarne dejó de asignarles un puesto de trabajo. Santano, que por aquel entonces todavía era socio de la cooperativa, fue una de las tres afectadas por esta represión. “En principio, Servicarne no te echa, sino que no te asigna un puesto de trabajo. Por lo tanto, durante seis meses, tú seguías siendo socio, no trabajabas ni ganabas un duro, pero seguías pagando el autónomo y la cuota social [50 euros mensuales]”, explica.
A finales de 2016 condenaron a Servicarne por represión sindical contra los trabajadores
El apoyo sindical facilitó que, a pesar de no estar trabajando, las tres personas perjudicadas aguantaran durante medio año la situación de no tener un salario, y mantuvieron sus cuotas de socia. Finalmente, Servicarne las despidió, y lo que había empezado como reclamos y demandas al Consejo Rector, acabó convirtiéndose en acciones legales contra la cooperativa. Así, a finales de 2016, ganaron sentencia: condenaron a Servicarne por represión sindical contra los trabajadores. Al negarse a hacer efectiva la reincorporación de las tres personas, la cooperativa acabó teniendo que abonarles una indemnización por despido, equivalente a 30 años trabajados en cualquiera de las empresas de la cooperativa cárnica.
Las amenazas, al parecer, también han formado parte de los condicionantes a los que se han visto expuestas las socias trabajadoras de Servicarne. Una trabajadora del centro Productos Florida de Almassora, que prefiere mantenerse en el anonimato, comenta que en los últimos meses han sido recurrentes las advertencias, por parte de las encargadas, que aludían a que, si denunciaban, las iban a echar. “Casi siempre vienen con amenazas de que nos van a echar, de que el sindicato para lo único que está es para hacernos perder el trabajo y que por culpa de ellos perdemos líneas [de producción]… No dicen en concreto a qué línea se refieren, pero ahora están diciendo que hay una en la que estamos ‘tardando mucho en llegar a trabajar’ o ‘que no estamos sacando la producción que quiere Florida” y que [esa empresa] puede cargar contra nosotros por daños y perjuicios por no cumplir ese objetivo”, cuenta la trabajadora.
Pero las presiones, a menudo se ven fundamentadas por el propia estructura y el mismo modelo estatutario de Servicarne. En la solicitud de inscripción, que las socias trabajadoras firman cuando pasan a formar parte de la cooperativa, se apunta que las personas firmantes se comprometen “a cumplir, sin dilación, las órdenes emanadas por la Junta Rectora […], así como la asignación de puestos de trabajo, pudiendo ser destinado a cualquiera de los centros de trabajo dentro de la red de servicios de la cooperativa, aunque esté fuera de mi -/la- residencia habitual”.
Cuando llegué a Almassora vi cómo les hacían bajar, fichar después de diez u once horas trabajando, y después hacerles hacer dos o tres horas gratis
En este sentido, desde CNT explican que el Consejo Rector se basa en la legalidad que comporta la aceptación de los estatutos para aplicar su capacidad de acción a modo de correctivo. “Con la libertad que tienen de sancionar, trasladar a gente y de todo, pueden hacer barbaridades. Yo cuando llegué a Almassora vi cómo les hacían bajar, fichar después de diez u once horas trabajando, y después hacerles hacer dos o tres horas gratis”, cuenta Santano, y explica que hay a gente a la que “simplemente por molestarla, la cambian de un día para otro, por ejemplo, de tardes a noches o al revés; pero para nada tienen en cuenta su situación personal”.
Y es que, según comenta el ex trabajador a El Salto, al sindicato le han llegado casos de gente que tiene problemas porque tiene criaturas o personas mayores a su cargo y les han cambiado de puesto u horario sin que se lo consulten.“Ese tipo de cosas las saben. Saben si tienes casa o familia y te pueden mandar al mes siguiente a Ourense. La gente traga porque no sabe cómo puede defenderse de eso y no tiene información”, explica.
La falta de información, según el acta de Inspección de Trabajo, también afecta al conocimiento de las socias trabajadoras sobre a cuánto se cobra la hora trabajada. “Las percepciones mensuales se documentan mediante un recibo de ‘haberes a cuenta del retorno cooperativo’, en el que sólo figura un concepto “‘TRABAJOS MES’, sin desglose de la actividad realizada”, apunta el acta citada anteriormente, que recoge también testimonios de socias que alegan no saber realmente cómo les pagan. “Te lo explican de una manera que no te enteras y nunca son capaces de enseñarte los ficheros para decirte cuál es el despliegue de tu sueldo hora por hora”, cuenta en este sentido la trabajadora anónima.
Aun así, Santano explica que esas condiciones entran dentro de las que pacta Servicarne y cada empresa, y entiende que lo grave “ya no es que no paguen las horas extras, si no que ni siquiera sabemos si la empresa que les contrata le paga de verdad a Servicarne un plus y luego Servicarne no se lo paga a los trabajadores”. “El caso es que los trabajadores no ven reflejado el esfuerzo extra en dinero y lo ven en un bruto que está cobrado en general, pero no en concepto de ‘esto es por esto y esto es por lo otro’, añade.
