Interior adjudicó dos contratos de vigilancia privada a una empresa ‘low cost’

  • La empresa Marsegur, con un convenio que ha sido anulado por la Audiencia Nacional y que rebaja los salarios un 30%, se hizo con los contratos de dos organismos que dependen del ministerio
  • UGT ha presentado una demanda contra la empresa por no respetar las condiciones laborales que tenían los vigilantes, que han pasado a cobrar poco más de 700 euros
  • “No hemos inventado nada, esto es la reforma laboral”, se defiende el director de la empresa
  • +reciente: eldiario.es, 04-09-2017

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Zoido y Rajoy en una reunión con altos cargos policiales tras el atentado de Barcelona // EFE

Dos organismos adscritos al Ministerio del Interior –la Subdirección General de Servicios Penitenciarios y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias– han adjudicado en los últimos meses dos contratos de seguridad privada a una de las empresas ‘low cost’ del sector: Marsegur.

La compañía aplica a sus vigilantes su convenio colectivo, que ha sido anulado por la Audiencia Nacional y que Marsegur ha recurrido al Supremo. Los trabajadores han pasado de cobrar un sueldo base de unos 1.100 euros a poco más de 700 euros.

Se trata de la misma empresa que se adjudicó el contrato de vigilancia del Ministerio de Defensa.

Precisamente, el 19 de mayo de este año, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hablaba del reglamento del sector que se está negociando y pronunciaba estas palabras durante la celebración del día de la seguridad privada: “El nuevo escenario normativo ha de ser contundente con un problema acuciante para el sector como es el intrusismo profesional y la competencia desleal. Unas malas prácticas que dañan de manera injusta la buena imagen de estos profesionales y que deben combatirse mediante eficaces mecanismos de colaboración entre las administraciones”.

En julio la Subdirección General de Servicios Penitenciarios adjudicó el contrato del servicio de seguridad de sus instalaciones a Marsegur por un valor de 374.352 euros, como figura en el portal de contratación del Estado. El presupuesto del que se partía, no obstante, era mayor: 440.000 euros.

Poco después, la empresa se hizo cargo del servicio y los vigilantes notaron un cambio en sus nóminas: de los 1.100 euros de media que cobraban pasaron a 700 y pico. Aunque el convenio estatal de seguridad privada establece que las nuevas adjudicatarias tienen que mantener las condiciones laborales anteriores, Marsegur decidió aplicar su propio convenio.

Fuentes de Interior aseguran que el pliego de adjudicación contenía una cláusula que exigía aplicar el convenio estatal y que no les consta que Marsegur esté incumpliendo este punto. “Hemos registrado dos cartas para reunirnos con la Dirección de Protección Civil e informarles de la situación y aún no tenemos respuesta”, asegura Valle Sanz, una de las sindicalistas responsables del sector en FESMC-UGT Madrid. El sindicato ha presentado una demanda contra la empresa por no respetar las condiciones laborales que tenían los vigilantes, tal y como exige el convenio estatal.

El pliego de prescripciones técnicas, que ha consultado eldiario.es, explicita en su punto número 5 que el personal tendrá derecho a la subrogación en el contrato “en las condiciones establecidas en el vigente Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada”. Por otro lado, el pliego de cláusulas administrativas explica que durante el periodo de ejecución la empresa está obligada a “no aminorar unilateralmente” las condiciones de trabajo que corresponda a los trabajadores adscritos “en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores”.

Marsegur es una de las empresas del sector más señaladas por sindicatos, pero también por la patronal, por tirar los precios y distorsionar la competencia. En marzo, la Subdirección General de Servicios Penitenciarios también formalizó un contrato con esta compañía por valor de 300.500 euros para gestionar el servicio de vigilancia del Centro de Estudios Penitenciarios. 

“El convenio de Marsegur contempla rebajas de hasta el 40% en sueldos y complementos”, dice José Olmo, secretario sectorial de seguridad privada en UGT Madrid.

Hace ya dos años, los sindicatos llevaron a los tribunales el convenio de esta empresa. Ganaron: la Audiencia Nacional lo declaró nulo porque consideró que no se negoció con una representación adecuada de trabajadores. También recurrieron el siguiente convenio y la Audiencia también lo anuló. La empresa, sin embargo, ha recurrido al Supremo y sigue aplicándolo.

Marsegur no es la única empresa que ha visto su convenio anulado por la Audiencia Nacional. Sinergias, que se adjudicó un contrato del Ministerio de Empleo, también vio cómo la Sala de lo Social lo hacía por motivos similares.

“Esto es la reforma laboral”

El director de Marsegur, Antonio Redondo, asegura en conversación con eldiario.es que mientras no exista una sentencia concluyente o se ordene la ejecución de la sentencia que ya existe, seguirán utilizando su convenio. En cuanto a la exigencia que contiene el convenio estatal de aplicar las condiciones laborales preexistentes, Redondo se escuda en la reforma laboral.

“No hemos inventado nada, esto es la reforma laboral, que dice que el convenio de empresa tiene prioridad en la aplicación”, sentencia.

Redondo asegura que los contratos que licitan las administraciones están “por debajo del precio del convenio colectivo del que las propias administraciones hablan”. “Si lo aplicas, es imposible ganar los concursos. Y hay muchas empresas que se presentan”, dice. El director de Marsegur insiste en que las prácticas de la empresa son legales y advierte: “A quien nos llame empresa pirata le denuncio”.

UGT ha denunciado que la empresa no aplica las condiciones laborales preexistentes en la Dirección General de Protección Civil, sino su propio convenio. Lo ha hecho con una demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que deberán resolver los tribunales. El sindicato asegura que al organismo sí le consta cuál es la situación de estos trabajadores.

El director de Marsegur asegura que no tienen problema con ninguna Administración: “Nosotros cumplimos lo que pone en la licitación. No pueden decirnos nada”.

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