- El ministro Grande-Marlaska manifestó días atrás «la plena solidaridad de España con Grecia ante el aumento de la presión migratoria en la frontera con Turquía»
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Grecia evita más de 4.000 entradas al país y mantiene bajo control frontera // EFE
El Ministerio del Interior ha aprobado el envío de un avión de la Guardia Civil con dos tripulaciones y a cuatro agentes del Instituto Armado y uno más de la Policía Nacional en apoyo terrestre tras la petición de Frontex para hacer frente a la crisis de refugiados en la frontera entre Grecia y Turquía, según han confirmado a Europa Press fuentes del órgano gubernamental.
La decisión ha sido aprobada tras atender a la petición de Frontex, la agencia europea de fronteras y costas que se encarga de supervisar el sistema de gestión y control fronterizo dentro del área europea sujeta al Acuerdo de Schengen. El despliegue de apoyo tanto por mar como por tierra está previsto que se lleve a cabo en los próximos días.
El 4 de marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestó «la plena solidaridad de España con Grecia ante el aumento de la presión migratoria en la frontera con Turquía», según informó en un comunicado este departamento tras la reunión del Consejo de Ministros y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI).
España anunció entonces que estudiaría, dentro del principio de solidaridad, la ampliación de la aportación española a las operaciones de Frontex en la zona con más medios materiales y personales de Policía Nacional y Guardia Civil. En la reunión se aprobó una declaración conjunta en la que se señalaba que la Unión Europea estaba «preparada para reforzar su apoyo a las áreas bajo presión».
Las fuerzas de seguridad griegas han impedido la entrada de miles de migrantes y refugiados en la frontera turca durante los últimos días en medio de un cruce de reproches con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien han acusado de utilizar a personas «desesperadas» para su «agenda geopolítica».
Las autoridades griegas han invocado una cláusula excepcional de la normativa europea para solicitar una ayuda adicional y paralizar las tramitaciones de las peticiones de asilo durante un mes, en una iniciativa cuya legalidad ya ha sido puesta en duda varias entidades especializadas en derechos humanos, entre ellas el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
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