Jaén, Alcorcón, Gandía… Corrupción, ladrillazo y una gestión nefasta: la historia de los nueve ayuntamientos que bordean la quiebra

  • La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala a los consistorios de más de 20.000 habitantes en riesgo de quiebra, tres madrileños, tres andaluces, un valenciano, un murciano y un castellanoleonés
  • Todos tienen ratios de deuda de más de 200% de sus ingresos corrientes, remanentes de tesorería negativos persistentes y periodos medios de pago a proveedores ampliamente superiores a los treinta días fijados en la normativa vigente
  • Algunos han sido escenario de tramas de corrupción, otros son víctimas de una mala gestión

Montoro reclama a sus nuevos altos cargos de Hacienda diálogo y pedagogía

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el ex alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández Moya // EFE

Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, (Andalucía); Parla, Navalcarnero y Alcorcón (Madrid); Gandía (Comunidad Valenciana); Totana (Murcia) y San Andrés de Rabanedo (Castilla y León) son los nueve municipios españoles de más de 20.000 habitantes en riesgo de quiebra, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Su situación dista de la de la mayoría de ayuntamientos, que con su superávit consiguen sanear el déficit del conjunto de las administraciones.

Con los ánimos a flor de piel tras la batalla entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid que se ha saldado con el cese del concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, el organismo que tutela las cuentas públicas en España ha dado este martes a conocer los nueve consistorios en “riesgo de sostenibilidad”, es decir, que podrían entrar en bancarrota (situación en la que ya están o han estado varios de ellos).

Todos tienen ratios de deuda de más de 200% de sus ingresos corrientes, remanentes de tesorería negativos persistentes y periodos medios de pago a proveedores ampliamente superiores a los treinta días fijados en la normativa vigente. De hecho, según la AIReF “su grado de cumplimiento anual de las reglas fiscales reviste una importancia secundaria frente a un problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas”. Además, aunque el organismo no entra en este asunto, varias de ellas coinciden en ser la sede de tramas de corrupción crecidas a la sombra de la burbuja inmobiliaria.

La recomendación del organismo es que el Ministerio de Hacienda “convoque y lidere” una comisión que se encargue de resolver los problemas de sostenibilidad de estos ayuntamientos. En algunos casos (Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León) con participación de la comunidad autónoma que les tutela, ya que así lo establece su estatuto de autonomía.

Deuda total Deuda por habitante
Ayto. de Alcorcón 298 M€ 1780,7€
Ayto. de Gandía 283 M€ 3782,7€
Ayto. de Jaén 462 M€ 4029,4€
Ayto. de Jerez de la Frontera 642 M€ 3016,5€
Ayto. de Línea de la Concepción 149 M€ 2354,7€
Ayto. de Navalcarnero 104 M€ 3858,4€
Ayto. de Parla 433 M€ 3473,4€
Ayto. de San Andrés del Rabanedo 61 M€ 1938,4€
Ayto. de Totana 95 M€ 3066,4€

Jaén, la ciudad que el secretario de Estado de Hacienda dejó en quiebra técnica

Es la única capital de provincia del listado. Según explica el portavoz de Ganemos Jaén, Manuel Montejo, el problema de fondo es el déficit estructural, que ronda cada año entre 30 y 40 millones. “Esto viene de muy atrás y alcanza varios equipos de gobierno. Se fue tapando durante muchos años sobre todo con el dinero que venía de la gerencia de Urbanismo, el rendimiento de la construcción sin sentido y la ampliación de la ciudad de manera desaforada. El patrimonio municipal se malvendió rápido y se obtuvieron muchos beneficios. Cuando estalla la burbuja y sin urbanismo que compense el déficit, la deuda exponencialmente aumenta. Ni lo paró un gobierno de coalición PSOE-IU en 2007-2011, ni el PP con la mayoría absoluta de 2011 hasta ahora”.

El actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, fue alcalde entre 2011 y 2015, cuando dejó el consistorio en quiebra técnica. Le sucedió Francisco Javier Márquez Sánchez, también del PP.

En la actualidad, según el informe de AIReF, la media del ratio deuda/ingresos supera el 400%, y tiene un periodo medio de pago a proveedores de 620 días.

Jerez de la Frontera, dos ex alcaldes condenados a prisión

La ciudad andaluza, conocida mundialmente por sus vinos, sus caballos y su circuito de velocidad, arrastra también un historial de gestión muy poco halagüeño.

Tiene dos ex alcaldes condenados a prisión.

En 2014, el Supremo elevaba a cinco años y medio de cárcel la condena impuesta al histórico dirigente andalucista Pedro Pacheco por la contratación irregular como asesores de dos compañeros del Partido Andalucista en empresas municipales. Sigue en prisión.

Un año después, la Audiencia de Cádiz condenó a cuatro años y medio de cárcel y a ocho de inhabilitación a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pilar Sánchez (PSOE), por varios delitos relacionados con las subvenciones que concedió a una empresa para que se instalara en el parque tecnológico de la ciudad. Recientemente obtuvo el tercer grado penitenciario.

En la actualidad, Mamen Sánchez (PSOE) gestiona una deuda acumulada de 642 millones de euros, con un periodo medio de pago a proveedores de 284 días.

La Línea de la Concepción, paro y economía sumergida en la frontera de Gibraltar

Este municipio, que se enfrenta a problemas endémicos de desempleo (con un 35% de paro ha encabezado en alguna ocasión el ránking de las ciudades con más desempleados de España) y economía sumergida, tiene un nuevo reto a corto plazo: el “brexit”. Este proceso puede afectar a los casi 13.000 trabajadores españoles que cruzan diariamente la Verja, ya que la salida del Reino Unido de la UE podría suponer el cierre permanente por primera vez desde hace cinco décadas. Mientras tanto, su regidor, Juan Franco (La Línea 100×100), debe enfrentarse a una deuda municipal de 149 millones de euros.

Gandía, la resaca de Arturo Torró

En esta localidad valenciana, los cuatro años de gestión del alcalde del PP Arturo Torró (2011-2015) dejaron un reguero de imputaciones para el ex regidor. Torró vio su nombre salpicado por uno de los grandes escándalos de corrupción de los últimos años: El alcalde contrató al presunto ‘conseguidor’ valenciano de la Operación Púnica , Alejandro de Pedro, por unos “19.000 0 20.000” euros por posicionar la web del consistorio, según admitió. También reconoció haber contratado los servicios del imputado en la trama de Granados para su campaña electoral de 2011.

La actual alcaldesa, Diana Morant ( PSPV-PSOE), que asimismo ha estado investigada por prevaricación, aunque el caso ha sido archivado, tuvo que aplicar un draconiano plan de ajuste. La deuda de Gandía en la actualidad es de 283 millones de euros, con un ratio sobre ingresos corrientes de 381%.

El PSPV dejó la deuda en 2011 en 114 millones y Torró la disparó en cuatro años a los actuales 240. Deuda fruto de excesos, en el caso socialista, el año Borgia y en el del PP de los conciertos de Julio Iglesias, Tom Jones, proyectos fallidos como la ciudad agroalimentaria, la creación de un grupo mediático o el intento fallido de una nueva Terra Mítica.

Totana, escenario del “caso Tótem”

El municipio murciano, que fue escenario de manifestaciones contra los planes urbanísticos de los años del “pelotazo”, arrastra una deuda de 95 millones de euros.

Fue escenario del “caso Tótem”, la causa de corrupción urbanística más importante que se conoció en la Región de Murcia. La sentencia judicial, del año 2012, dejó sentado que el alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales, del PP, lideraba una trama que pedía comisiones por agilizar proyectos. Cumplió algo más de dos años de cárcel.

La media de la ratio de deuda sobre ingresos corrientes en el Ayuntamiento es del 312%, 10 veces superior a la del subsector, tres veces superior a la de los ayuntamientos de la Comunidad y cinco veces superior a los ayuntamientos de su grupo de población. La AIReF estima que se producirá un crecimiento de la misma en 2017.

Este municipio está regido en la actualidad por el socialista Andrés García Cánovas.

San Andrés del Rabanedo, una deuda asfixiante

El municipio castellanoleonés arrastra una deuda de 61 millones de euros. Situado apenas a un kilómetro de la capital leonesa, experimentó un enorme crecimiento en los años del boom de la construcción, al pasar de alrededor de 15.000 a unos 30.000 habitantes en poco tiempo. Durante este crecimiento exponencial se produce un gran endeudamiento producto, en gran parte, de la política de privatizaciones, según Izquierda Unida. Según afirmaba Laura Fernández, concejal de IU, en Diario de León,

“con el primer plan de ajuste del PP se pagaron 27 millones de euros a la multinacional de la basura. A otra gran empresa, Gexin, se le adeudaban más de 2 millones. A la multinacional del agua, el PSOE le revende, mediante una reprivatización, que supone un aumento de lo que hay que pagar de más de un millón de euros al año. Y muchos más casos que han ido arruinando este Ayuntamiento”.

Esta formación ha pedido que una parte de la deuda sea declarada ilegítima.

Alcorcón, un terremoto financiero

En los últimos años, uno de los grandes feudos madrileños del Partido Popular es famoso, sobre todo, por las salidas de tono de su alcalde, el diputado autonómico David Pérez. El político es conocido por comentarios misóginos como que las feministas son “mujeres frustradas” o la más reciente polémica en la que sugería que Ada Colau había “allanado” el paso a los terroristas en los atentados de agosto en Barcelona.

Pero menos conocidas son las cuentas de este pueblo (167.000 habitantes), al que la Airef ha pedido vigilancia especial a Hacienda para que elabore un plan de sostenibilidad que frene la quiebra del consistorio.

Pérez, nada más llegar a la alcaldía en 2011 culpó a las anteriores administraciones del PSOE de haber creado una deuda oculta y no ha perdido oportunidad durante su mandato para publicitar cómo iba “saneando” la situación de la ciudad que pretendió a ser la sede de Eurovegas.

La proporción de ingresos sobre deuda es del 220%, sobrevive gracias a los mecanismos de liquidez del Estado (85% de su deuda) y paga a sus proveedores en un plazo medio de 220 días. En total, la deuda del municipio ha rozado los 300 millones de euros. El PP gobierna en minoría el consistorio, con una importante contestación por parte de la oposición constituida por Ganar Alcorcón.

Navalcarnero, el primero en la lista

Navalcarnero tiene el dudoso honor de ser considerado el municipio más endeudado de España, con una ratio de deuda por ingresos del 400%. Este éxito se lo debe sobre todo al regidor del PP que tuvo durante 20 años, Baltasar Santos, que dejó el cargo en 2015. La Cámara de Cuentas de Madrid y el Tribunal de Cuentas han dejado por escrito informes en los que se especifica cómo generar una situación insostenible en un municipio no se logra de la noche a la mañana.

En los años 2007 y 2008 se inflaron varios contratos de obra. Por ejemplo,  la plaza de toros del municipio, que pasó de 15,6 millones de euros a costar 22 millones. Otra obra faraónica cuyas consecuencias arrastran ahora los vecinos son las cuevas de la Plaza de Segovia que pasó de costar un millón de euros a casi 4 y que la Intervención General del Estado sospecha que se hizo en fraude de ley.

El nuevo alcalde, el socialista José Luis Adell, tuvo que emplearse en un duro plan de ajuste para que los poco más de 25.000 vecinos puedan hacer frente a la deuda que acumula el municipio. De media, el municipio tarda 300 días en pagar a sus proveedores (llegó a rozar los 700 días de demora).

Parla, la perla del endeudamiento

La tercera ciudad del sur de Madrid sobre la que alerta la Airef es posiblemente la que haya acaparado más titulares.

Tomás Gómez, el defenestrado líder del PSOE de Madrid, fue regidor de este pueblo entre 1999 y 2008. Entre los escándalos que acumula está el sobrecoste de su tranvía, que según el Tribunal de Cuentas se desvió en un 38% sobre el presupuesto original.

Parla tiene una deuda de 433 millones de euros, y el tranvía son alrededor de 256 millones de euros.

Además, en el exdiputado del PP, y otrora mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados ha involucrado en varias ocasiones parte de sus negocios en la trama Púnica con adjudicaciones por parte del ayuntamiento. También ha trascendido que Baltasar Santos perdonó más de 500.000 euros en impuestos municipales a la constructora Hispánica, implicada en el trama Gürtel y que ganó un concurso para levantar un colegio en la localidad sureña.

 

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