- Los jueces afean que el instructor archivara el caso de forma «prematura» y mandan localizar a los migrantes, que fueron deportados a Argelia, para que testifiquen
- La dirección del centro alega que la intervención policial empleó «la fuerza mínima imprescindible» para repeler las agresiones de los internos a los policías
- Las cámaras de seguridad del recinto de la Zona Franca captaron empujones, patadas y porrazos de policías a migrantes tras un intento de huida
La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación sobre presuntos malos tratos y lesiones de agentes de la Policía Nacional a tres migrantes tras un intento de fuga en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital catalana de septiembre de 2017. En un auto, los magistrados afean al juez encargado del control del CIE de la capital catalana, José Julián García de Eulate –ahora jubilado– que archivara la causa de forma «prematura» y sin practicar todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido. Entre las nuevas pesquisas que los magistrados han ordenado figura la identificación de los policías implicados y su citación como investigados. Los migrantes que denunciaron los maltratos fueron deportados en octubre de 2017.
Los hechos ocurrieron un mes antes, el 16 de septiembre de 2017, cuando un grupo de unos 30 migrantes argelinos pretendió escaparse del CIE de la Zona Franca de Barcelona. Según relató entonces al juez el jefe de seguridad del centro, los migrantes «se abalanzaron bruscamente» sobre los policías que abrían una de las puertas del patio e intentaron agredirles con «objetos contundentes preparados de forma artesanal» tras «atrincherarse» en la enfermería. Para repeler el ataque, añadió el jefe de seguridad, los agentes tuvieron que emplear «la fuerza mínima imprescindible». Esta agresión se investigó en otro juzgado de Barcelona y fue archivada.
El relato de los tres migrantes que denunciaron malos tratos es opuesto. Además de denunciar que fueron arrastrados y golpeados en el pasillo entre la enfermería y la sala de la Cruz Roja –tal y como se muestra en el vídeo captado por las cámaras de seguridad del CIE incluido en el sumario del caso que acompaña a esta información–, los migrantes expusieron que después, dentro del lavabo, cinco policías les aporrearon a gritos de «hijo de puta» y «putos moros». A otros internos, añadieron, les encerraron durante tres horas en la celda de aislamiento. Los partes médicos que obran en la causa exponen que dos de los tres denunciantes presentaban hematomas en la cara y en la zona lumbar, mientras que del tercero «no consta que sufriera lesiones».
El juez, con el visto bueno de la Fiscalía, archivó el caso en mayo de este año. El instructor dio carpetazo a la investigación al no localizar a los migrantes en Argelia, lo que impidió citarles como testigos para ratificar la denuncia. Y aquí se cerró la investigación del caso. El instructor concluyó que no había suficientes indicios de mala praxis en los policías y que la intervención policial fue necesaria para contener «el motín/agresión» de los internos.
El cierre inicial al caso se podría haber evitado si el juzgado de guardia ante el que se presentó la denuncia hubiera tomado declaración a los migrantes o el instructor hubiera paralizado temporalmente su expulsión hasta que hubieran testificado, según expone el letrado del centro Iridia Andrés García Berrio, que representa a los tres denunciantes junto a la abogada Marta Bolinches.
Los magistrados de la Audiencia de Barcelona acogen los argumentos de García Berrio y ordenan reabrir la investigación para garantizar la tutela judicial efectiva a los tres migrantes. Los jueces remarcan que casos como este, de denuncias de tratos inhumanos o degradantes, requieren «de una una investigación exquisita sin que pueda existir el menor atisbo de duda de que no se han practicado todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos». Y es este punto el que debe corregirse, ya que los magistrados concluyen que el instructor «no agotó todas las posibilidades de investigación de los hechos».
En consecuencia, los togados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona ordenan al juzgado tomar declaración como testigo a la enfermera que atendió a los migrantes, identificar a los policías que se encontraban en el lugar de los hechos y que declaren como investigados, así como intentar tomar declaración a los denunciantes a través de un auxilio judicial internacional. Se trata de las diligencias que ya pedían los migrantes cuando denunciaron los hechos hace dos años. Según explica García Berrio, se ha conseguido localizar en Argelia a uno de los tres denunciantes, que quiere seguir adelante con el procedimiento.
«Es imprescindible que cuando llega una denuncia al juzgado de guardia sobre violencia institucional en el CIE, el juez tome medidas urgentes para asegurar la práctica de la prueba», asevera García Berrio. El letrado hace hincapié en que cualquier persona encerrada en el CIE «puede ser deportada en cualquier momento».
Por ello desde Iridia, Tanquem els CIEs, el Ayuntamiento de Barcelona, la comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona y Migrastudium han reclamado a los juzgados de Barcelona que todos ellos adopten como práctica habitual la suspensión de las deportaciones en casos de denunciados de malos tratos. Algunos juzgados de guardia decidieron en 2014 aplazar las expulsiones, pero esta medida cautelar, denuncia García Berrio, ha desaparecido de los juzgados cinco años después.
Esta situación, lamenta el letrado, «ha instaurado un miedo fuerte a denunciar» entre los internos en el CIE de la Zona Franca –que permanece operativo tras perder el Ayuntamiento de Barcelona la batalla legal por cerrarlo. «Si los operadores jurídicos ni la dirección del CIE actúan para proteger a las eventuales personas agredidas, éstas son deportadas de manera rápida evitando la investigación de los hechos», agrega García Berrio.
