La Audiencia de Barcelona rechaza que la prohibición del 1-O fuera “patente de corso para cualquier acción de violencia” de la Policía

  • Los magistrados ordenan al juez reabrir la investigación de las cargas en un colegio de la capital catalana y niegan que la falta de imágenes sea un motivo para archivar las causas
  • La Audiencia también insta al juez a averiguar las “concretas órdenes” que recibieron los agentes y adentrarse en la cadena de mando

A girls grimaces as Spanish National Police pushes away Pro-referendum supporters outside the Ramon Llull school assigned to be a polling station by the Catalan government in Barcelona, Spain, early Sunday, 1 Oct. 2017. Catalan pro-referendum supporters vowed to ignore a police ultimatum to leave the schools they are occupying to use in a vote seeking independence from Spain.

Actuación policial el 1-O en Barcelona // AP Photo/Emilio Morenatti

Relevante auto de la Audiencia de Barcelona sobre las cargas del 1-O. Los magistrados han rechazado que la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) fuera una “‘patente de corso’ para cualquier acción de violencia” de la Policía el 1-O, uno de los motivos esgrimidos por los agentes imputados por su actuación el día del referéndum. Varios de los agentes han alegado ante el juez instructor que actuaron cumpliendo la orden judicial.

Formalmente, el auto de la Audiencia de Barcelona tiene una sola consecuencia práctica: obliga al juez instructor a reabrir la investigación de las cargas en un solo centro, el colegio Estel. Pero a nivel político, supone un desmentido en toda regla a lo declarado por exministros y exaltos cargos de Interior del Gobierno del PP que han declarado estos días en el Tribunal Supremo y han argumentado que los agentes actuaron en estricto cumplimiento de la orden del TSJC para impedir el 1-O. “Si se hubiera querido hacer un mayor uso de la fuerza, hubiéramos estado amparados por la ley”, llegó a decir este lunes el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Los magistrados de la sección 3 de la Audiencia de Barcelona, en el primer auto sobre el archivo de la investigación en un colegio decretado por el instructor, son contundentes. Rechazan uno de los motivos del juez instructor para finalizar la investigación en el colegio Estel, la falta de vídeos e imágenes para identificar a los agentes intervinientes. “La inexistencia de material videográfico no puede impedir una completa investigación de lo sucedido”, concluyen los togados en el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Pero además, destacan que en el centro Estel “el uso desproporcionado de la violencia no vendría amparado por el cumplimiento” de la orden del TSJC del 27 de septiembre a Policía, Guardia Civil y Mossos para impedir el 1-O. El auto judicial no puede ser, a criterio de los magistrados, “una especie de ‘patente de corso’ para cualquier acción de violencia cuando esta resulta innecesaria, desproporcionada y con claro abuso de poder”.

Por ello la Audiencia de Barcelona estima el recurso de los 18 heridos en este centro y del Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación popular y ordena al juez instructor reabrir las pesquisas referentes al colegio Estel. El instructor ha archivado la causas referentes a una quincena de colegios de los 27 en los que hubo cargas el 1-O en Barcelona. La decisión respecto al colegio Estel puede suponer la reapertura de otras piezas respecto a otros colegios.

La cadena de mando

Asimismo, la Audiencia de Barcelona ha instado al juez instructor a “profundizar en la investigación” y averiguar “las órdenes concretas” que recibieron los agentes actuantes. En sucesivos informes aportados al juez, los excargos de Interior han afirmado que la orden de cargar recayó en los responsables operativos de los cuerpos policiales y de los mandos que intervinieron en cada colegio sobre el terreno.

En este sentido, el teniente de alcaldía de Barcelona Jaume Asens ha destacado que del auto de la Audiencia se desprende que los mandos sobre el terreno, todos ellos identificados, tienen “responsabilidad penal” sobre el operativo, por lo que, ha concluido, “se les pueden imputar las lesiones causadas a los heridos en aplicación de sus órdenes”.


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