La Audiencia Nacional admite un recurso contra los recortes en Educación

La Audiencia Nacional admite a trámite un recurso de CCOO contra el Real Decreto de Rajoy que consolidó los recortes en educación desde 2012.

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Con la propuesta del MIR educativo, Méndez de Vigo ha conseguido centrar toda la atención en este tema. Edu León

El jueves se conoció que la Audiencia Nacional admitía a trámite un recurso de CC OO contra el Real Decreto 14/2012, uno de los decretazos de los viernes con los que el Gobierno en mayoría absoluta de Rajoy introdujo los recortes exigidos por la Unión Europea tras el rescate bancario. En este caso, las “medidas urgentes de racionalización del gasto” afectaban a todos los niveles el sector educativo público, y fueron responsables de que se dispararan las tasas universitarias o del aumento —hasta de un 20%, según CC OO— del ratio de alumnos por clase.

El escrito presentado en abril por el sindicato plantea que dicho real decreto estuvo motivado por una situación económica que hoy no existe. Su propio nombre, “de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, ya indica que la intención —al menos la declarada— del Ejecutivo era hacer frente por el lado del gasto a una crisis de las cuentas públicas provocada por la recesión y los ataques a la deuda. Así lo justificó entonces el ministerio de José Ignacio Wert.

“Ahora estamos en una situación de crecimiento económico y sin embargo la mayoría de medidas incluidas en el RD se mantienen”, señala a El Salto José María Ruiz, responsable de educación no universitaria de la federación de enseñanza de CC OO. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, de inminente aprobación gracias al apoyo del PNV, son en efecto los quintos PGE de la denominada recuperación económica desde que ésta comenzara en el último trimestre de 2013.

En todo este tiempo, algunas medidas se han compensado, como la mayoría de los puestos de trabajo perdidos entre 2012 y 2015, unos 32.000 según CC OO. Pero otras —con impacto a largo plazo también para el empleo público en educación— siguen igual: más jornada lectivas para el profesorado de primaria y secundaria (hoy de 25 y 20 horas, respectivamente), el aumento de la carga docente, el ya mencionado aumento de un 20% en el ratio entre alumnado y profesorado o los límites a la sustitución de personal docente.

Además, el RD ha sido señalado como uno de los responsables de que las tasas universitarias se hayan disparado en la mayoría de las comunidades autónomas. Con fuertes diferencias territoriales: Galicia con la menor intensidad, 5,1% y Cataluña con un record del 158%, seguida de la Comunidad de Madrid con un 117% y la Comunidad Valenciana con un 93%.

CC OO también ha planteado a los Gobiernos autonómicos que pidan la retirada del Real Decreto en la conferencia autonómica intersectorial, donde una mayoría simple tiene peso vinculante para obligar al Gobierno central. No obstante, señala Ruiz, la actual correlación de fuerzas (el Gobierno tiene su propio voto, al que habría que añadir el de la intervenida Catalunya) sería de empate si se toma como referencia una reciente votación contraria a otra propuesta de CC OO.

Para Ruiz, el real decreto ha influido para que en términos relativos “el actual nivel de inversión en Educación esté a niveles de principios de los 90”. Y lo peor es que la tendencia ha venido para quedarse, si se atiende a los datos de los últimos años y a los planes presentados por Montoro a Bruselas para los próximos años: el gasto público en educación habrá pasado de representar el 4,40% del PIB en 2011 al 3,8% previsto para este año, y así hasta el 3,67% que se ha incluído en las previsiones enviadas a la Comisión Europea. Estos porcentajes colocan al Estado español claramente por debajo de la media europea de gasto en educación, que en 2015 suponía un 4,8% del PIB.

Sanidad y educación: Decretos gemelos

Ese viernes 20 de abril el Consejo de Ministros aprobaba otra medida urgente de racionalización del gasto, en este caso del gasto sanitario. Sin contar con ningún estudio empírico que respaldara la medida, el departamento de Ana Mato –ayer condenada por haberse lucrado con la trama Gurtel– terminó con la asistencia sanitaria universal en el Estado español al excluir a extranjeros sin tarjeta de residencia, entre otros colectivos, de la sanidad pública, por el supuesto gasto extraordinario que implicaba atender a estas personas.

más INFO: El gasto de los hogares en educación sube un 32% para paliar los 9.000 millones recortados desde 2009 – Pablo Elorduy