La Comunidad de Madrid recurrirá la sentencia que anula la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre

  • La consejera de Transportes y Vivienda asegura que el Gobierno recurre para defender el “interés general” de los madrileños
  • Rosalía Gonzalo justifica que hay “disparidad de criterio jurídico” respecto al tema porque recursos de otros inquilinos no se han resuelto “en esa línea”
  • El fallo obliga a que la vivienda de un vecino de Navalcarnero vendida a Goldman-Sachs vuelva a ser pública y abre camino a otros

Manifestación en el barrio madrileño de la Ventilla contra la venta de vivienda protegida.

Manifestación en el barrio madrileño de la Ventilla contra la venta de vivienda protegida.

La Comunidad de Madrid presentará un recurso a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid que anula la venta de 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión en 2013, pese a no compartir la operación que acometió entonces el anterior Gobierno regional.

Así lo ha detallado la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura, Rosalía Gonzalo en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press. La responsable ha anunciado que este mismo lunes mantendrá una reunión con la Abogacía General de la Comunidad para articular dicho recurso con el objetivo de defender el “interés general” de los madrileños.

Gonzalo defiende que el actual Ejecutivo autonómico ha dejado “claro” que no se va a vender vivienda pública a ningún fondo de inversión y que esa operación de 2013, efectuada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, no la comparten pues entienden que no es la forma de gestionar la vivienda pública.

La sentencia conocida el pasado viernes anula las dos resoluciones del IVIMA que permitieron la venta de  2.935 viviendas públicas por 201 millones de euros en 2013 y abre la puerta a que los inquilinos que tenían sus casos judicializados recuperen la titularidad pública de sus casas. El fallo, motivado por el recurso de un vecino de Navalcarnero, cancela su relación con el fondo buitre propietario, Goldman Sachs-Azora, de manera que su vivienda debería volver a ser pública. 

La consejera justifica que hay recursos de otros inquilinos que “no van en esa línea” y por tanto precia una “disparidad de criterio jurídico”. Se refiere a pronunciamientos judiciales que son anteriores al fallo del Tribunal Supremo que reconoció la “legitimación activa” de los inquilinos para recurrir el cambio de manos, sin previo aviso, de sus casas. En la mayoría de casos entraron en ellas en régimen de alquiler con opción a compra, un derecho que con el fondo buitre ha quedado automáticamente anulado.

Conocida la sentencia del Supremo, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 ha emitido el primer fallo favorable a los inquilinos. Y hay, según abogados de la Plataforma por la Vivienda Pública y Social, al menos otros cuatro recursos por resolver que se esperan en la misma línea.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid van a redactar el “recurso que corresponda” conforme de derecho pues, pese a no compartir la venta, se debe atender al interés general y recuerda que el fallo afecta a una “cuantía importante” por el número de viviendas incluidas en esa operación.


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