La Guardia Civil ha entregado un informe al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, en el que acredita pagos por la concesión de la obra del tren de Navalcarnero.
Un informe de los investigadores de la Guardia Civil acredita que por «primera vez» han encontrado un documento interno de la constructora OHL en el que se probaría el pago de un soborno al expresidente madrileño Ignacio González por la concesión de la obra del tren de Navalcarnero.
Según informa el diario Público, estas pruebas estarían ya en manos del juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional. Juez que ha llamado a declarar como investigado a un empleado de OHL que grabó conversaciones que revelarían el pago «sistemático» de comisiones ilegales a cambio de obra pública en administraciones municipales y autonómicas. García Castellón habría llamado a declarar también como investigado al delegado de obra civil de OHL en Andaucía Oriental, José Manuel Sanjurjo Álvarez, según informa el diario Vozpópuli y EFE.
Las grabaciones que implicarían a González fueron encontradas de forma casual en el marco del caso Lezo en un registro de las oficinas de la constructora, cuyo expresidente Juan Miguel Villar Mir está imputado en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño por la adjudicación de un tren entre Navalcarnero y Móstoles.
El informe de los agentes de la UCO de la Guardia Civil señala que el importe total pagado por OHL de 2003 a 2014 en concepto de presuntas comisiones ascendería a 38,5 millones de euros. En sus 107 páginas, el instituto armado analiza las grabaciones en relación con la documentación intervenida a otro de los imputados, el exdirectivo de la constructora Felicísimo Ramos y concluye que «el análisis de los audios de Paulino y las hojas de cálculo de Felicísimo Ramos revelarían un sistema arraigado en el seno de la compañía OHL desde el año 2003 hasta el año 2014 para generar dinero en efectivo mediante facturación ficticia a subcontratistas en obras de confianza y por conceptos que fuesen difíciles de verificar a la postre (aunque también se habla de pagos a través del extranjero)».
El «presumible objetivo» de las comisiones sería la consecución de obra pública y la aprobación de modificados o liquidaciones que mejorasen el resultado de las cuentas de las obras para OHL. Igualmente, alguno de estos modificados estaría sustentado en medidas ficticias que encubrirían la obtención de fondos para pagar presuntas comisiones o financiar posibles campañas políticas: el informe acredita la existencia de una caja B de OHL para realizar estos sobornos.
Según los diarios ABC y El Confidencial, respecto a la declaración de Sanjurjo, en esta causa se investigan dos proyectos adjudicados en 2002 y 2005, años antes de las grabaciones, que fueron de 2006 a 2009. Serían la construcción por 4,4 millones de euros de un puente en río Genil y el paso de ferrocarril en Loja y de la obra de la variante de Baza en la A-334 (Granada) por 7,7 millones.
Del exdirectivo de OHL Rafael Martín de Nicolás, que prestó declaración ante el juez el pasado 9 de mayo, el informe de la UCO señala que ocupa un lugar destacado en la «consecución del dinero en efectivo, control y reparto de estas cantidades, negociación con los cargos públicos y entrega de las presuntas comisiones». En su declaración fue preguntado por las presuntas mordidas para beneficiarse en adjudicaciones de ayuntamientos y autonomías de Madrid, Canarias, Andalucía y Extremadura, aunque mantuvo que nunca oyó hablar del pago de comisiones.
