La deuda estatal sigue batiendo récords mientras los municipios hacen los deberes

La deuda pública cierra 2017 con el máximo histórico de 1,144 billones de euros, mientras los municipios han reducido su deuda y el Gobierno sigue aplicando recortes.

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//Rubén Viqué

Si miramos la deuda sobre el PIB, el indicador de referencia de las instituciones que toma en cuenta el crecimiento económico –contabilizando el armamento o actividades ilegales como la prostitución, tráfico de drogas o contrabando, pero que no considera el trabajo de cuidado entre otras cosas–, a finales de 2017 bajó ligeramente al 98,08%, frente al 98,98% con el que se cerró 2016. En realidad, la deuda sigue aumentando, pero como lo hace menos que el PIB nominal, que incluye también la inflación, da la sensación que la deuda va bajando… esto permite al ahora ya exministro de Economía, Industria y Competitividad Luis de Guindos cumplir con la Unión Europea por estar apenas unas centésimas por debajo del 98,1%.

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡no debemos, no pagamos!, queremos contar otra realidad. Queremos recordar que antes del comienzo de la crisis, en 2007, la deuda pública española ascendía a 384.660 millones de euros, equivalente al 35,5% del PIB y sin embargo ahora roza el 100% del PIB. Así pues, esa ola de recortes de violencia extrema que ha ido imponiendo el bipartidismo (tanto el PSOE primero como el PP después), para supuestamente resolver el problema de la deuda simplemente dedicando más recursos al pago de la misma, no sirvió tanto como nos lo vendieron los políticos de estos dos partidos.

La ola de recortes del bipartidismo para supuestamente resolver el problema de la deuda dedicando más recursos al pago de la misma no sirvió tanto como nos lo vendieron

Mientras el dinero dedicado a la deuda pública sigue contenido en una hucha infinita que permite seguir rescatando proyectos fallidos como el Proyecto Castor o diversas autopistas privadas, todas las inversiones sociales pierden mágicamente la capacidad de financiación por manos públicas.

A pesar de los discursos de políticos que dicen que vamos mejorando, a pesar de cumplir con el objetivo marcado para el conjunto del año al situar la deuda pública por debajo del 98,1% (98,08%), la situación no deja de empeorar desde que empezó la crisis hace casi una década. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, la deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró 2017 en 1,144 billones de euros, un nuevo máximo histórico al aumentar en 5.879 millones de euros en un mes, de noviembre a diciembre, y en 37.424 millones comparado con diciembre de 2016, lo que supone casi un 3,4% más.

Este nivel de endeudamiento es insostenible, ya que dedicamos un 9,4% del total de los presupuestos de 2017 a pagar sólo los intereses. Más de 30 millones, por encima de las prestaciones por desempleo (más de 18 mil millones).

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LA DEUDA MUNICIPAL BAJÓ DEL 3% DEL PIB A FINALES DE 2017

El total del incremento se debe sobre todo al Estado central, no a las administraciones municipales que tanto persigue el ministro Montoro a través de su arsenal legislativo. Estas últimas han disminuido su endeudamiento hasta situarlo por debajo del limite del 3% del PIB. Representa 29.161 millones a finales de 2017, lo que supone una baja en 3.062 millones comparado con un año antes. De hecho, desde el año 2012 la deuda de las corporaciones locales, es decir los ayuntamientos, no deja de reducirse pasando de 44.000 millones a 29.000 este último año.

La deuda de los ayuntamientos se ha reducido de los 44.000 millones en 2012 a 29.000 al cierre de 2017

El ministro Montoro que tanto persigue los municipios y sus Planes Económicos Financieros (PEF) cuando no está de acuerdo con sus políticas en materia social, debería mirar sus propias cuentas antes de invalidar PEF como el de Madrid por ejemplo.

La conclusión es que a pesar del gesto de José Luis Rodríguez Zapatero hacia los inversores con el cambió de la Constitución -pactado entre PSOE y PP-, para dar prioridad absoluta al pago de la deuda sean cuales sean las necesidades de la población en terminos de servicios públicos, no alcanzamos la cifra cabalística de la que tanto hablan en los tratados. Según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), hasta 2035 no será posible cumplir el objetivo del umbral del 60% del PIB, límite establecido en el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea e incorporado en la Constitución. Un panorama catastrófico para la ciudadanía del Estado español mientras De Guindos cobrará 915 euros brutos al día por sentarse en el sillón del BCE.

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