El Departamento de Seguridad tramita cinco denuncias contra manifestantes. Aquel día hubo un total de 11 identificaciones, e incluso un caso fue llevado a los juzgados por “desórdenes públicos”. El PNV votó en su momento contra la aplicación de esta ley en Euskadi.
Manifestantes recorren las calles de Bilbao con motivo de la huelga feminista del 8-M // Europa Press
Hay días imborrables. Para millones de mujeres, el 8 de marzo pasado fue uno de ellos. Recordarán siempre las manifestaciones, los gritos de rabia y las llamadas a la esperanza. En Euskadi, cinco manifestantes asociarán también ese día a una de las normas represivas por excelencia: la Ley Mordaza. Según consta en un documento oficial, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco tramita media decena de denuncias contra militantes feministas que participaron en aquella histórica jornada.
Así lo ha confirmado la Consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en la respuesta enviada a la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Edurne García, quien el pasado 11 de marzo había solicitado información sobre el dispositivo de seguridad de la Ertzaintza durante el último 8-M. “A través de los medios y redes sociales se ha difundido información e imágenes sobre intervenciones de la Ertzaintza”, sostenía entonces García. Beltrán de Heredia le ha dado la razón.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco tramita media decena de denuncias contra militantes feministas que participaron en la histórica jornada
“Con el fin de garantizar el derecho de manifestación y concentración, la protección de las personas participantes, así como la protección de los derechos y bienes de terceros, la Ertzaintza desplegó recursos de Seguridad Ciudadana, tanto agentes uniformados, como no uniformados, en los distintos actos convocados en las tres capitales, contando además con la presencia de recursos de Brigada Móvil”, señala la consejera en su respuesta.
Fueron precisamente esos efectivos los que se encargaron de aplicar la Ley Mordaza contra cinco militantes feministas. En tal sentido, la consejera de Seguridad confirma que “actualmente se encuentran en ejecución cinco denuncias por infracciones; dos de ellas por no haberse adoptado las medidas para el adecuado desarrollo de la manifestación y garantizar el buen orden de la celebración; otras dos por deslucimiento de bienes inmuebles; y otra por causar desordenes en la vía pública”.
Asimismo, indica que durante el 8 de marzo “se procedió a identificar a once mujeres, nueve de ellas por estar relacionadas con la realización de diversas pintadas, otra por cortar el servicio del tranvía y la última por interrumpir la circulación”.
Al juzgado
La parlamentaria de Elkarrekin Podemos le había preguntado también por lo acontecido fuera de la sede del Parlamento Vasco en Vitoria, donde –tal como puede apreciarse en un video – “varios ertzainas detienen a una mujer y ante las protestas de las mujeres optan por usar la fuerza e introducir entre forcejeos a la mujer en un portal”. “Al parecer, un episodio similar se repitió en la calle Postas ese mismo día”, señala la integrante de la coalición de izquierdas.
Sobre este caso, Beltrán de Heredia se limita a informar que “la actuación de los agentes quedó reflejada en el atestado de referencia 598A1902219, instruido por la comisión de un presunto delito de Desórdenes Públicos, el cual fue remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Vitoria-Gasteiz”.
Medidas «adecuadas»
Beltrán de Heredia sostiene que “el ordenamiento jurídico configura la huelga como un derecho fundamental de las/los trabajadores u otros colectivos para la defensa de sus intereses, aunque este no es un derecho absoluto, sino que se encuentra limitado por el ejercicio de otros derechos y el respeto de terceras personas y sus bienes”, por lo cual “la Ertzaintza toma las medidas de control policial adecuadas para la prevención de posibles alteraciones de la seguridad ciudadana y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, desplegando los recursos estimados como necesarios en función de la información con la que se cuenta, siempre teniendo en cuenta criterios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad”.
En cuanto a lo ocurrido ese día, reivindica que la Ertzaintza “utilizó los medios adecuados y proporcionales en cada situación en orden a garantizar el derecho de reunión y manifestación, así como la protección de los derechos y bienes de terceros”. “No consta la utilización de material antidisturbios en ninguna de las intervenciones realizadas el día mencionado”, subraya.
El «compromiso» del PNV
La consejera no utiliza en ningún momento el término “Ley Mordaza”, algo que sí hacen los representantes del PNV –al que también pertenece Beltrán de Heredia- en el Congreso. De hecho, los diputados nacionalistas han promovido la reforma de esta normativa, alegando que “convierte la seguridad en una categoría prioritaria de la política criminal, como un bien que el Estado y los poderes públicos han de defender con todos los medios e instrumentos a su alcance, intensificando la acción preventiva e incrementando notablemente las infracciones”.
En Vitoria, el PNV llegó a votar a favor de una moción en la que el Parlamento Vasco solicitaba que en Euskadi no se aplicase la Ley Mordaza. Sin embargo, la Ertzaintza no actúa precisamente en esa línea: la aplicación de esa norma represiva ya ha derivado en miles de multas, e incluso se ha llegado a tramitar contra periodistas. Ahora es el turno de las militantes feministas.
