- El fiscal general del Estado ordena interrogar a 712 alcaldes dispuestos a participar en el 1-O y detenerlos si no comparecen
- Maza indica que los alcaldes tendrán que comparecer ante los fiscales «en calidad de investigado y asistido de Letrado»
- El Constitucional pregunta a los miembros de la Sindicatura Electoral catalana si están cumpliendo con la suspensión del referéndum
Maza pide imputar a todos los alcaldes que cedan locales para el referéndum // EFE
Nuevo movimiento de la Fiscalía para frenar el referéndum. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado a los cuatro fiscales jefe de las provincias catalanas citar a declarar «como investigados» a 712 alcaldes y alcaldesas que han mostrado su disposición a ceder locales municipales a la Generalitat el 1-O. Si no comparecen ante la Fiscalía por voluntad propia, advierte Maza, se ordenará a los Mossos d’Esquadra detener a los ediles para ponerlos a disposición de los fiscales.
La orden de Maza supone un salto cuantitativo y cualitativo en los intentos de la Fiscalía para impedir el 1-O, ya que afecta al 75% de los alcaldes catalanes. En concreto, Maza manda a los fiscales provinciales citar a declarar a «en calidad de investigados y asistidos de Letrado», ya que, subraya, la cesión de locales podría suponer un delito de desobediencia, otro de prevaricación y otro de malversación.
Si no comparecen ante el fiscal, Maza advierte que los fiscales provinciales pedirán a los Mossos d’Esquadra –y no a la Guardia Civil ni la Policía Nacional– detener a los 712 alcaldes para que presten declaración. Cabe recordar que ningún juez ha imputado, de momento, ningún delito a los alcaldes por su disposición a colaboración el referéndum.
Tanto los 712 ediles del listado de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) a los que afecta la orden de la Fiscalía, como los alcaldes que no cederán locales para el 1-O están advertidos por el Constitucional de las eventuales consecuencias penales que comporta colaborar con el Govern para el referéndum.
Entre los 712 ediles llamados a comparecer antes los fiscales jefe de las cuatro provincias catalanas, figuran las alcaldesa de Girona, Marta Madrenas; Sant Cugat, Mercè Conesa; y los alcaldes de Igualada, Marc Castells; Manresa, Valentí Junyent; o la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la AMI, Neus Lloveras.
Consultados por este diario, los dos municipios catalanes más poblados que han anunciado que cederán locales para el 1-O, Badalona y Sabadell –que no forman parte de la AMI y, por lo tanto, no aparecen en el listado de alcaldes a los que se ha ordenado comparecer ante la Fiscalía–, han explicado que, de momento, no han recibido ningún requerimiento.
Maza añade en su orden que «a la vista de municipios afectados», que alcanza la cifra de 712 alcaldes, los fiscales jefe de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona ordenarán comparecer primero a los alcaldes de localidades «de mayor volumen de población».
El TC advierte a la Sindicatura Electoral
Por otro lado, el Tribunal Constitucional (TC) ha preguntado a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral catalana, el equivalente para el referéndum de la Junta Electoral Central y encargada del seguimiento de la convocatoria del 1 de octubre, si están o no cumpliendo la suspensión de su nombramiento que el alto tribunal acordó la semana pasada.
El abogado del Estado ha pedido luego al alto tribunal que ejecute aquella decisión, pues a su juicio se está desobedeciendo. Antes de proceder, eventualmente, a multas, o de pedir al fiscal que actúe contra ellos, el Constitucional les ha dado la oportunidad de explicarse, lo que es un paso necesario de acuerdo a la ley.
Para ello el TC ha enviado un exhorto a los afectados para que expliquen cómo están cumpliendo sus resoluciones. Es decir, en la práctica, les pregunta si le están desobedeciendo, como paso previo a la deducción de testimonio por desobediencia ante la fiscalía o la imposición de sanciones cautelares para que acaten la resolución.
Además, el TC ha rechazado de nuevo la recusación contra sus magistrados de Carme Forcadell. La presidenta del Parlament presentó un recurso de súplica contra el rechazo de su recusación que acordó recientemente el alto tribunal, que ha vuelto a descartar sus argumentos.
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