Las dos fiscales de la Púnica estaban dispuestas a actuar contra Pedro Antonio Sánchez, pero sus superiores se lo impidieron, según informa El Mundo
Pedro Antonio Sánchez
El escándalo está servido y ha quedado demostrado que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tienen mucha mano en Madrid en las instancias judiciales que dependen del Gobierno del PP. La Fiscalía General del Estado ordenó que desde el Ministerio Público no se acusara a Pedro Antonio Sánchez por la ‘Púnica’, pese a que las dos fiscales del caso eran partidarias –al igual que el juez Eloy Velasco– de actuar contra el presidente de Murcia. Sus superiores, sin embargo, se lo impidieron.
Según el diario El Mundo, Pedro Antonio Sánchez se habría librado de la imputación por la mediación de la Fiscalía General, ya que dos fiscales de la Púnica, las que llevaron la investigación del caso directamente, estaban dispuestas a cargar contra el líder murciano del PP por planear contratos con empresas de la trama para mejorar su reputación personal con cargo a las arcas públicas.
Así lo recoge este miércoles El Mundo en su portada, en la que se añade que ‘Pedro Antonio Sánchez alardea de que le apoyan “cuatro fiscales del Supremo”’. Este Tribunal es ajeno a la instrucción realizada por Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, por lo que la citada declaración de Sánchez, concedida el martes a Carlos Herrera en la Cadena COPE, pudiera obedecer a que desde el Gobierno de España se le hubiera comunicado que la Fiscalía se opondría a su investigación.
De hecho, cuando se le preguntó el martes en San Esteban por la susodicha referencia a los ‘cuatro fiscales del Supremo’, fuentes de Presidencia respondieron que Sánchez lo sabía “por fuentes oficiales”. Sánchez se jactó en dicha entrevista de que “cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo” consideraron “que no se debe investigar”. Es decir, el recorrido interno que el caso ha tenido en la Fiscalía era conocido por Sánchez porque alguien le avisó, según El Mundo.
En contra de la opinión de dos fiscales
El informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacional en la que se opone a pedir el suplicatorio contra el presidente de la Región lo firma la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, en lugar de las fiscales del caso Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que lo hacen en el caso de la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, según confirmaron fuentes jurídicas a El Mundo. El motivo, según este diario, es que las fiscales que han llevado el día a día de la investigación que afecta a Sánchez consideraban que había indicios para proceder contra él y contra la parlamentaria, según las mismas fuentes.
Fuentes de la Fiscalía restaron relevancia a las discrepancias entre el criterio del fiscal de un caso y lo que finalmente se decide desde la cúpula del Ministerio Público, según El Mundo, y explicaron que los asuntos de trascendencia se pasan para su examen a la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al fiscal general.
Lo cierto es que la actitud de la Fiscalía Anticorrupción resultó el lunes más que llamativa, por cómo y cuándo se produjo. Horas después de que el juez Velasco notificara su auto, en el que atribuye al presidente murciano tres delitos, con un amplio eco en todos los medios nacionales, la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado en el que se indicaba su oposición a investigar a Sánchez, cuando lo cierto es que la Fiscalía Anticorrupción no acostumbra a manifestarse a través de notas de prensa –si es que alguna vez lo ha hecho–, y tampoco consta que, durante la instrucción, el Ministerio Público se haya pronunciado, a través de Anticorrupción o de las dos fiscales asignadas al caso, con resoluciones en las que expresara su parecer sobre la marcha de las diligencias.Pero el juez y la Fiscalía difieren en su criterio. El juez Velasco considera en su escrito que hay indicios de que Pedro Antonio Sánchez tuvo la intención de firmar contratos con las empresas de la trama para mejorar su reputación, unos contratos que, supuestamente, se iban a cargar a una partida de Formación en la etapa de Pedro Antonio Sánchez como consejero de Educación.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas. No opina lo mismo el Ministerio Público con respecto a Pilar Barreiro, para la que sí ha pedido que se eleve el caso al Tribunal Supremo. Sobre la senadora explica que sí que hay indicios de que pudo cometerse delito, aunque señala, la dificultad de discernir en estos caso dada la «tenue línea» que separa los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política.
+info relacionada: El PSOE pide que el fiscal general explique en el Congreso si el Gobierno presionó a favor del presidente de Murcia – eldiario.es, 15-02-2017
