Por ocupar el Rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2013 // Estamos en Barcelona en la primavera del año 2013, en un contexto de recortes presupuestarios, subida de tasas universitarias y despidos en el profesorado. En esas, un grupo de estudiantes y algunos profesores ocupaban el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Ermengol Gassiot, secretario general de CGT en Cataluña // imagen de archivo CGT
Entre ellos, Ermengol Gassiot, actual secretario general de CGT en Cataluña y, en aquel momento, delegado y miembro del comité de empresa de la UAB. Tras tres semanas de protesta sin incidentes de relevancia, la ocupación se levantó y los acampados recogieron los sacos de dormir y se marcharon a casa.
Hasta aquí, todo normal; pero ayer la CGT informó en un comunicado de que había recibido un escrito de la Fiscalía en el que se suceden “imputaciones delirantes y aberrantes” y se acumulan peticiones de prisión que llegan hasta los 11 años y cinco meses tanto para Gassiot como para 25 estudiantes y un trabajador del PAS (pesonal de administración y servicios).
CGT denuncia que la Universitat Autònoma de Barcelona se ha personado como acusación particular en el procedimiento y que se trata “de la primera vez desde el franquismo que una universidad pública denuncia penalmente a un profesor y a un miembro del PAS por su práctica político-sindical”.
Y subraya también que es una situación casi inédita que una universidad pública haya denunciado penalmente a sus propios estudiantes. “Esta brutal represión y las peticiones fiscales basadas en la revancha ideológica tienen como objetivo amedrentar a los estudiantes, a la comunidad universitaria y a la población en general”, denuncia el sindicato anarquista.
Ermengol Gassiot va más allá y en declaraciones a cuartopoder se pregunta: “¿De dónde procede esa petición disparatada del Ministerio Fiscal? ¿Tiene motivaciones políticas? ¿Siguen con su táctica perversa de criminalización de la disidencia y del sindicalismo de confrontación?”
Además, Ermengol recuerda que, al margen de las consideraciones políticas, el escrito de la fiscalía afecta a 25 estudiantes, “la mayoría de ellos ya no lo son”, que van a tener que afrontar un “proceso judicial costoso, injusto y absolutamente desproporcinado” que puede poner patas arriba sus vidas… Seguiremos el delirante caso…
