Crónica parlamentaria // En Madrid, el día después de la no declaración (o sí) y suspensión de lo no declarado (o sí), se percibió por fin la desembocadura del conflicto que vive el Estado, y lo que se vislumbró no fue precisamente la renovación por cauces progresistas del régimen del 78, es decir, el cambio político al que parecía abocarse irremediablemente España tras el 15M (amparado en nuevas formas de hacer política, en la inclusión de la ciudadanía).
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece en el Congreso para informar sobre la situación de Cataluña
La noticia saltó a mitad de mañana, y solo entonces se entendieron ciertas actitudes extrañas vistas en el Pleno. Rajoy anunció un “requerimiento” a Puigdemont para que aclarara si había declarado o no la independencia, cuestión que ni siquiera parecía evidente entre los procesistas: se leyó entusiasmo a medio gas entre sus filas, pero también frustración y rabia. Se daba, según anunciaron todos los medios y según repitió Pedro Sánchez más tarde, el primer paso hacia la aplicación del 155 (era “evidente que se está activando”, dijo el socialista). Pero la vuelta de tuerca más significativa se escuchó segundos después: Sánchez comunicó que en seis meses se abriría la piñata de la reforma constitucional. Lo había pactado con Rajoy, y a su lado se posicionaba Ciudadanos.
La persistencia en la alegalidad del procès, su mejunje de pantomima y agitación fermentado también gracias a la represión policial y la intransigencia del Gobierno, ha construido un escenario inimaginable hace meses: para el PSOE y para sus votantes, el pacto político con el PP ya no se interpreta como una traición o una demostración de derechización, sino como una urgencia sin color, y más aún, un imperativo.
Rajoy había hablado con Sánchez y Rivera antes de desvelar su estrategia. El PSOE y Ciudadanos retiraron a primera hora varias de sus preguntas sobre Cataluña: allanaban camino.
La diputada Adriana Lastra fue la única socialista que se pronunció en nombre del grupo: “El máximo responsable es Puigdemont, ayer vivimos una ópera bufa donde nadie sabía de qué se estaba hablando”. Después la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, habló en nombre del Gobierno, pero también del PSOE. Los diputados de Sánchez no se inmutaron ante la usurpación. Se olía la consumación de un frente.
Irene Montero preguntó a Santamaría por la negación del Ejecutivo a pactar las condiciones de una mediación después de la declaración gaseosa de Puigdemont. Entonces la Vicepresidenta introdujo una invectiva que conformará un ingrediente estratégico, aunque aún no sabíamos por qué. “Podemos –terció la popular- perdió la equidistancia en este asunto cuando apoyó el referéndum (…) Sean claros y digan que han pactado con Puigdemont para convertirse en los defensores de los independentistas en esta Cámara. Son ustedes la coartada de los independentistas en esta Cámara, y lo son porque en su afán corrosivo todo lo que sea desestabilización les viene bien (…) Siempre que hay un problema están ustedes ahí para agitarlo”.
Asociar a Podemos con ETA no era creíble, surtía poco efecto, además, el problema quedaba lejos; ahora pretenden vincularlo con el independentismo: la herida está en plena supuración y, por tanto, la correlación es más persuasiva.
Se mueven los hilos para batasunizar la imagen de los procesistas. Dos días antes, Pablo Casado abogó por aplicar la Ley de Partidos a las formaciones independentistas. Dijo que era una apreciación personal, pero pocos políticos incluyen opiniones personales en una rueda de prensa si no es para inocular una idea de refilón, para hacerla figurar sin dotarla de trascendencia. No significa que vayan a aplicar esta medida; simplemente se está ahondando en negar el derecho a la existencia a una postura política.
Ciudadanos capitanea esta línea argumental. No retiraron del orden del día una interpelación urgente sobre el adoctrinamiento en los colegios de Cataluña.
La defendió Toni Cantó, el Gabriel Rufián naranja. Criticó a los profesores por su “manipulación” de los niños, y al hacerlo, se notaba que tenía en mente la palabra “aquelarre”. Además, extendió el problema: “Esto ahora sucede también en la Comunidad Valenciana y en Baleares, ¿quiere encontrarse usted dentro de poco tiempo el mismo problema que en Cataluña?”, y se asustaron los pájaros que había en las cornisas del edificio. Asistimos a una estrategia muy hábil electoralmente para que no ocurra lo que con ETA, que se acabó y hubo que inventar un fantasma (poco creíble) para tratar de mantener el miedete y neutralizar toda alternativa inconveniente. En este caso, si se clausurara el independentismo catalán, ya tendrían otros en la manga para seguir arañando votos. Parece que el independentismo, incluso en modo de entelequia, se va consolidando como arma política para los constitucionalistas.
Salpicar a Podemos (ir salpicándolo) con ese caldo será útil, y el por qué se insinuó después, cuando se supo que Pedro Sánchez había pactado una reforma de la Constitución con PP y Ciudadanos, partidos que reúnen suficientes escaños para acometer los cambios que deseen. No requieren el apoyo de otras fuerzas políticas. Antes también sumaban, pero ahora el PP se ha visto obligado a emprender el camino y el PSOE, gracias al funambulismo del Govern, sabe que sus bases aceptarán su abrazo al eje PP-Cs.
En la sesión de las cuatro de la tarde, la de la comparecencia de Rajoy, hubo melancolía. Se soñó pantalones de campana, coderas de consenso, Fraga, Solé Tura (a Juan Carlos I no lo mencionó nadie, por cierto): se cantó a la Transición, y había ganas.
Margarita Robles se lanzó: “Algunos creen que hasta que no llegaron no había política en este país”. En varias intervenciones, se percibió un tono de reprimenda generacional, a pesar de que poco tiene que ver eso con el procès.
Robles defendió la reforma constitucional acordada con el Gobierno y habló mucho de la necesidad de diálogo. Lo hizo a pesar que, minutos antes, Rajoy se había inclinado por una acepción de diálogo con un cauce demasiado estrecho: “No es posible establecer un diálogo para acordar sobre lo que está expresamente prohibido en el artículo 2 de la Constitución”, expresó. Lo cual significa que el diálogo no resulta imposible sólo por las formas, las vulneraciones de la ley o “los tumultos” (como calificó el Presidente), sino por la idea en sí misma. Desde el PDeCAT, ERC y En Comú, lamentaron esta posición. Domènech dijo que debe iniciarse “sin condiciones”. El diálogo no empieza «voy a hacer una reforma constitucional y menos a caballo del 155”, precisó.
Sin embargo, no era ese el punto de Rajoy y, en tanto que socios, tampoco lo era de PSOE ni C’s. El Presidente explicó el contenido del esbozado ultimátum al final del Pleno: Puigdemont debe aclarar si el día 10 declaró o no la independencia antes del lunes a las 10 de la mañana; si responde que sí o no responde, se abre otro plazo para que revoque la declaración que finaliza el jueves 19 a la misma hora. El verbo revocar (“dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución”) deja poco espacio para maniobras. Tardà, en su intervención, pronunció una frase que tuvo más de grito lírico que de posición política convencida: “Nunca, nunca daremos un paso atrás”. Sonó como el último clamor de una película épica, ese con el que se funde a negro y aparecen los títulos de crédito.
