La guerra de guerrillas del Partido Popular para paralizar a sus rivales políticos

La intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Gobierno se suma a la paralización de importantes leyes en la Comunitat Valenciana y a un intento, según los expertos consultados por ‘Público’, de, por una parte, tratar de desactivar a sus rivales políticos y, por otra, de recentralizar las competencias por la vía de los hechos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la comparecencia./ EFE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la comparecencia // EFE

Las cuentas de Catalunya, intervenidas. El Govern que salió de las urnas, una parte en prisión y otra en Bélgica. El Ayuntamiento de Madrid, intervenido. Las leyes de Les Cortes Valencianes contra la pobreza energética y de la función social de la vivienda, entre otras, denunciadas ante el Constitucional por el Ejecutivo. Incluso la retirada de calles con nomeclatura franquista en Alicante ha sido denunciada por el Partido Popular y suspendida por la Justicia. Es solo una muestra de la ofensiva total. La guerra de guerrillas o la guerra de posiciones, que diría otro. La paralización de la acción del adversario político. Los conservadores se saben fuertes y tras varios años a la defensiva pasan al ataque. Con todo lo que tienen a su alcance. Instituciones y lo que sea necesario.

“El PP se ve fuerte y está tomando posiciones de ataque después de estar a la defensiva durante mucho tiempo con el 15M, las mareas ciudadanas o Podemos. Estamos ahora ante una estrategia del shock. Aprovecha cada situación a su alcanza para plantar una batalla”, reflexiona el profesor en el Departamento de Teoría Sociológica de la Universidad Complutense de Madrid César Rendueles, que señala no es casual el momento elegido por el Gobierno para intervenir al Ayuntamiento de Madrid.

“Es un caso de doctrina del shock de libro. Aprovecha que todo el mundo mira a Catalunya para tomar unas medidas que hubiesen generado mayor malestar o ruido mediático”, dice Rendueles

El autor de Sociofobia cree, de hecho, que el Partido Popular “está en una guerra de posiciones”. “Si ven la oportunidad de atacar a un Ayuntamiento exitoso no la van a desaprovechar. Su electorado no se plantea si es una medida justa o injusta. Es una guerra de guerillas“, señala Rendueles, que destaca que es “un juego de estrategias” que también piensa en las ya no tan lejanas elecciones autonómicas y municipales de 2019. “Se trata de limitar al máximo las posibilidades de acción del Ayuntamiento. Es una absoluta irresponsabilidad institucional. Es una política muy nihilista”, sentencia el sociólogo, que señala que el PP solo puede suavizar su ataque en Madrid a la autonomía del Ayuntamiento si tiene la percepción de que le puede perjudicar en su objetivo de revalidar al presidencia de la guerra de guerillas del Partido Popular para paralizar a sus rivales políticos de Madrid en los comicios de 2019.

La guerra de guerillas en la que se ha sumido el Partido Popular tras años a la defensiva le ha llevado a acudir ante el Tribunal Constitucional constantemente. También a los tribunales ordinarios. Sorprende, por ejemplo, que se haya llevado ante el Constitucional el plan elaborado por Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, para ampliar el número de trabajadores que dan servicios de la Ley de Dependencia. O las leyes que terminan con los cortes de luz en los hogares pobres. O ley de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana. Y más.

“El mensaje que el PP quiere lanzar a la ciudadanía es que solo ellos saben gestionar y que, además, esas promesas que se hicieron desde las fuerzas del cambio de unas instituciones que lucharían contra los desahucios, la pobreza energética o que aumentaría el gasto social son imposibles. Nos quieren decir que no hay alternativa. Que son palabras bonitas, pero técnicamente insostenibles. Buscan calificar a los gobiernos del cambio como incompetentes”, explica a Público la profesora de Economía en la Complutense Bibinia Medialdea.

La economista explica a Público que el motivo por el que Hacienda ha decidido intervenir las cuentas del Ayuntamiento es una diferencia en la interpretación de la regla de gasto. “En ningún caso se está incumpliendo”, dice Medialdea.

No obstante, resulta sorprendente, incluso dando por buenas la interpretación de Montoro, que Madrid sea la única administración pública en el Estado que haya incumplido la norma. De hecho, Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, defiende que hay “más de 800 ayuntamientos que no cumplen la regla de gasto”.

“La gestión de Sánchez Mato está cuestionando el discurso único de que no hay alternativa a la austeridad”, dice Medialdea

“El caso está elegido a dedo. La gestión de Sánchez Mato en Economía está cuestionando el discurso único de que no hay alternativa a la austeridad. Lo está demostrando por la vía de las hechos. Ha demostrado que es posible cumplir con una Ley de Estabilidad injusta y destinar recursos a gasto social y eso el PP no lo puede permitir”, prosigue Medialdea.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.- EFE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena // EFE

El análisis de Medialdea es compartido por otro experto como el doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y exconcejal del PSOE en el Consistorio madrileño Alejandro Inurrieta. “El ministerio lo ha vendido como algo técnico, pero no hay que ser muy listo para ver que se trata de una cuestión política. Madrid ha sido uno de los ayuntamientos peor gestionados de España. Incluso con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en vigor se han esquilmado recursos y se ha llevado a cabo una gestión nefasta”, explica el economista, que denuncia que lo que Montoro quiere evitar es la comparación de la gestión de Gallardón y Botella con la del equipo de Gobierno de Manuela Carmena.

“No es baladí que intervengan el Ayuntamiento cuando suena cada vez suene más plausible que Carmena vuelva a presentarse a unas elecciones”, sentencia.

Un símbolo, un bastión y la recentralización

El secretario general de la Fundació Nexe, de la Comunitat Valenciana, Amadeu Mesquida señala que no es casual que esta guerra de guerrillas sea más evidente en Madrid y EN la Comunitat Valenciana. “Madrid, por la importancia que le dan los medios, se ha convertido en un símbolo de los gobiernos del cambio y desacreditar a su gobierno municipal es atacar también al resto de ayuntamientos del cambio con el mensaje de que no saben gestionar”, explica el politólogo, que señala que en el caso de la Comunitat Valenciana el motivo es diferente: “La Comunitat Valenciana ha sido un feudo de la derecha durante las últimas décadas y el PP está intentando no perderlo. Que no le pase como al PSOE en Catalunya. Para ellos es muy importante transmitir el mensaje de que el Govern no sabe gestionar bien. Es el mensaje de que si quieren que su Govern no esté paralizado tienen que votar a la derecha”, sentencia.

“Para el PP es importante lanzar el mensaje de que si quieren que su Govern no esté paralizado tienen que votar a la derecha”, dice Mesquida

La lectura de Amadeu Mesquida de la situación política que atraviesa el país y de las acciones que está impulsando el Partido añade una nueva clave a la ecuación.

En su opinión, estamos ante una “intensificación” del proceso de recentralización que comenzó en la segunda legislatura de José María Aznar. “Se volvió a la visión de convertir Madrid en la capital con mayúsculas de toda España.

Se hicieron grandes inversiones en obras, como la T4 de Barajas que centralizó el tráfico aéreo y se tomaron una serie de medidas para favorecer el traslado de empresas de otros territorios del Estado a Madrid”, explica Amadeu, que señala que ahora, empujado por el viento a favor, estamos en una “fase más dura” que está materializando por la vía de los hechos y a través de decisiones del Constitucional.

“Estamos viendo cómo prácticamente todas las grandes leyes del Govern están siendo recurridas ante la Justicia o ante el Constitucional. También los reales decretos. Incluso las iniciativas encaminadas a parar los desahucios o a frenar la pobreza energética. Para el Partido Popular gobiernos como el de Ribo o Colau, pero también como el de la Comunitat Valenciana representan una amenaza muy seria. Ahora quieren paralizar su acción. Poner en tela de juicio su capacidad”, sentencia Mesquida, que lamenta que la derecha pueda tener la sensación de que paralizar la acción de un Gobierno en materia social no le cuesta votantes.

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