- La Justicia continúa estudiando la entrega del expresident de la Generalitat a España por el delito de malversación, pero ahora podrá esperar la decisión en libertad si paga la fianza de 75.000 euros
- La entrega por un delito de rebelión es “inadmisible” desde el punto de vista de la legislación alemana
Un hombre celebra con champán frente la cárcel de Neumünster la excarcelación de Puigdemont // EFE
El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha ordenado este jueves la puesta en libertad condicional bajo fianza de 75.000 euros del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de decidir que su entrega al Tribunal Supremo español por el delito de rebelión resulta “inadmisible”. Fuentes de la defensa del expresident aseguraron a infoLibre que no hay posibilidad de recurrir esta decisión.
La extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, asegura el tribunal encargado de decidir sobre la euroorden planteada por el magistrado Pablo Llarena, “está fuera de lugar por motivos jurídicos” porque su conducta “no sería punible en la República Federal de Alemania con arreglo a la legislación aplicable en este caso”. Esto es así, razona el tribunal, porque para que el delito de alta traición fuese aplicable debería incluir el componente de “violencia”.
La resolución judicial cita un principio establecido por el Tribunal Federal de Justicia en un caso comparable según el cual no es suficiente para establecer que ha habido violencia “que un delincuente amenace o utilice la violencia para inducir a un órgano constitucional a tomar las medidas deseadas”. Es necesario, en cambio, “que la violencia ejercida contra terceros ejerza tal presión sobre el órgano constitucional que sea capaz de doblar la voluntad contraria del órgano constitucional”. Y “ese no es el caso aquí”, concluye el tribunal.
Porque aunque la violencia que tuvo lugar el 1 de octubre “puede atribuirse a los perseguidos como iniciadores y defensores de la implementación del referéndum”, reconoce el tribunal, “en términos de su naturaleza, alcance y efecto no era adecuada para poner al Gobierno bajo tal presión que se sintiera obligado a rendirse a las demandas de los perpetradores de la violencia”.
En cuanto a la petición del Supremo para que el expresident sea entregado a España para ser procesado por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha pedido más información a los letrados que se ocupan de su defensa.
Lo que el tribunal no ha advertido es la existencia de indicios de que Puigdemont pueda estar expuesto “al riesgo de persecución política” si es entregado a la justicia española, porque la malversación de fondos públicos también existe en el Código Penal alemán.
Como consecuencia de esta decisión y de la desaparición de la posibilidad de ser entregado or el delito de rebelión, el tribunal ha entendido que “el riesgo de fuga se ha reducido significativamente” por lo que ha decidido aplicar “medidas menos drásticas que la detención” para garantizar la ctoninuidad del proceso de extradición.
Fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy se escudaron en que el Ejecutivo todavía “desconoce los términos exactos” en que se ha pronunciado el tribunal alemán y por lo tanto no puede hacer ninguna valoración.
Además el gobierno nunca opina sobre decisiones judiciales. Mas aún cuando se trata de decisiones de un tribunal de otro país. La respeta siempre; cuando le gustan y cuando no. El gobierno está convencido de que la justicia española adoptará las medidas más adecuadas ante estas nueva circunstancia para velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país.
