El Tribunal de Superior de Justicia de Murcia estima que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por Gallardón y Catalá «incrementa la posibilidad de disfunciones, errores y problemas de coordinación» en las investigaciones
Catalá y Gallardón, en una foto de archivo // Efe
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, impulsada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y firmada por su sucesor, Rafael Catalá, por la que se fijaba un límite de seis meses para la instrucción de causas que no pudieran declararse «complejas», ha torpedeado la persecución de los delitos asociados a estas causas, en general de corrupción, según han reivindicado todas las asociaciones judiciales en conversación con este periódico. En los últimos días, dicha reivindicación ha recibido un fuerte respaldo oficial procedente del propio Poder Judicial.
Más en concreto, del brazo de la Justicia en una comunidad, Murcia, que ha afrontado los resultados de la ‘ley Gallardón’ en la forma de casos sonados como el del expresidente autonómico acusado de prevaricación y falsedad, Pedro Antonio Sánchez (en cuya absolución, la autoridad judicial ya reconoció una falta de recursos de los juzgados), y la turbulenta investigación de un agujero de 600 millones alrededor de la desaladora de Florentino Pérez en Escombreras.
El 98,5% de los 80.715 asuntos registrados en todos los juzgados de instrucción de Murcia en 2018 debieron ser instruidos completamente en el plazo de seis meses
El Tribunal Superior de Justicia murciano ha reconocido, en un acuerdo de la sala de Gobierno del pasado 12 de julio, que «no obstante la bondad del objetivo perseguido por la LO 41/2015, de 5 de octubre, de reducir la duración de la fase de instrucción de las causas penales mediante la fijación de plazos máximos de instrucción, la concreta forma en que se ha regulado esta materia en el artículo 324 LECR produce efectos negativos en la eficacia de la persecución penal, que ya fueron advertidos por el Consejo General del Poder Judicial en su informe de 12/1/2015 al Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LECR para la Agilización de la Justicia Penal y el Fortalecimiento de las Garantías Procesales».
Así, según el escrito del Alto Tribunal murciano, con la nueva regulación, «se limitan las clases de asuntos susceptibles de ser declarados complejos y, por tanto, de prorrogar el plazo de instrucción de seis meses, a solo aquellos que reúnen determinados y muy exigentes requisitos, con el resultado de que la gran mayoría de asuntos objeto de investigación judicial (un 98,5% de los 80.715 asuntos registrados en todos los juzgados de instrucción de la Región en 2018) deben ser instruidos completamente en el plazo de seis meses, sin posibilidad de prórroga».
Agujero general
A juicio del TSJ murciano, el plazo de seis meses resulta en «exceso breve, especialmente en órganos judiciales con excesiva carga de trabajo, lo que incrementa las posibilidades de que, incluso en asuntos de tramitación no compleja, se agoten los plazos máximos de instrucción sin haberse podido completar las diligencias de instrucción necesarias para adoptar la decisión de fondo que en cada caso resulte pertinente».
Posteriormente, el Tribunal hinca el diente en un agujero repetido en la instrucción de las causas complejas que ha afectado, por ejemplo, al caso de la desaladora de ACS. «Se incrementa la posibilidad de disfunciones, errores y problemas de coordinación al condicionar la prórroga del primer y perentorio plazo máximo de instrucción (seis meses), y solo en los casos susceptibles de ser declarados complejos, a la actuación sucesiva y coordinada de distintas instancias», como la Fiscalía, la oficina judicial y el juez de dicha oficina.
«El hecho de que, en el diseño legal, el plazo de seis meses sea único y común para esas tres instancias de la organización judicial determina que una solicitud de prórroga que, aún instada en plazo, no se realice de forma temprana o, al menos, con suficiente antelación al vencimiento del plazo, pueda provocar como resultado que se agoten los plazos máximos de instrucción sin haberse podido completar las diligencias de instrucción necesarias para adoptar la decisión de fondo que en cada caso resulte pertinente», esgrime el Tribunal.
«Una modificación legal de tal calado no ha venido acompañada desde su implantación de medidas complementarias de apoyo a los órganos judiciales y fiscalías»
Finalmente, añade, «una modificación legal de tal calado no ha venido acompañada desde su implantación de medidas complementarias de apoyo a los órganos judiciales y fiscalías, tanto en personal como en aplicaciones informáticas adecuadas para la gestión y el control de los plazos máximos de instrucción». El órgano murciano aprovecha para reclamar así, por lo pronto, la implementación de un sistema informático de «avisos o alarmas automatizados que permitan un adecuado control de los plazos máximos de instrucción».
Para las asociaciones judiciales, sin embargo, y mientras «no se cuente con los medios suficientes», la única alternativa «realista» y «eficaz» es derogar la reforma toda vez que ya «la petición misma de una prueba de ADN puede superar los seis meses al haber solo dos centros forenses, en Madrid y Sevilla«.
Sánchez prometió derogarla
«Todos los partidos nos han trasladado que estarían ya por la labor, el tema genera ya muy mala imagen y muchos de los casos imputados a los partidos ya se han resuelto», dice el portavoz de la Asociación de Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. «Confío en que en la próxima legislatura esto pueda salir adelante».
Todos los partidos nos han trasladado que estarían por la labor, el tema genera ya muy mala imagen y muchos de los casos imputados a los partidos ya se han resuelto»
El propio presidente de Gobierno en funciones Pedro Sánchez, en el discurso de su frustrada investidura esta semana, esgrimió que, «en el ámbito normativo, es fundamental abordar la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de revertir reformas lesivas como el plazo de caducidad impuesto para la instrucción de causas complejas».
«Promesas así las hacen unos y otros en el momento de la investidura», espeta por su parte Concepción Rodríguez, de Foro Judicial Independiente. «El PSOE, que como el PP, tiene sus casos de corrupción como los EREs, ya tuvo ocasión de impulsarla en la anterior Legislatura y no lo hizo. Soy escéptica».
