Román vulneró la normativa en materia de Contratación Pública; Los tribunales echan por tierra el megacontrato impulsado por el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, con el que se pretendía entregar hasta el 20% del presupuesto municipal a una empresa.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acaba de propinar un severo varapalo al alcalde de Guadalajara, el conservador Antonio Román, que durante su anterior mandato trató de sacar adelante un megacontrato para entregar a una sola empresa la gestión de once servicios municipales que representan más del 20% del presupuesto del Consistorio alcarreño.
Una medida judicial que ha provocado que se desestimase el recurso presentado por Román para sacar adelante sus pretensiones, desmontando además “uno por uno” los argumentos esgrimidos por el Equipo de Gobierno del PP.
Fue en junio de 2013 cuando el Equipo de Gobierno del PP aprobó los pliegos para adjudicar en un solo contrato un total de 11 servicios municipales, entre los que se aunaban algunos tan dispares como la limpieza viaria y recogida de basuras, el mantenimiento del alumbrado público y de los parques y jardines, el préstamo de bicicletas o la recogida de ropa usada. El plazo de adjudicación previsto era de 20 años, con un importe total de 270 millones de euros que iban a ir a parar una sola empresa. Además, Román pagó 60.000 euros a dos consultoras privadas de Madrid para que justificaran la viabilidad técnica y jurídica del contrato.
Los grupos municipales del PSOE y de IU en aquel momento presentaron un recurso y ya obtuvieron una primera resolución favorable del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, lejos de asumirla, Román recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el mes de septiembre de aquel mismo año. El pronunciamiento de este tribunal se ha conocido ahora y es “absolutamente contundente”, tal como han coincidido en señalar los portavoces del Grupo Socialista, Daniel Jiménez, y de Ahora Guadalajara, José Morales, coalición en la que está integrada IU.
De hecho, asegura que el megacontrato impulsado por el alcalde no implicaba ningún tipo de riesgo para la empresa adjudicataria, que iba a recibir pagos fijos mensuales. Además, confirma la total ausencia de relación funcional y material entre los 11 servicios que Román pretendía adjudicar de una sola vez, algo que prohíbe la ley. También sostiene que vulneró el principio de concurrencia y de libre competencia, limitando la posibilidad de que pudieran concursar empresas especializadas en cada uno de ellos. Incluso se incumplió el procedimiento legalmente establecido, al no publicar los pliegos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y, en todo caso, el tribunal dice que nunca se podría haber llevado el contrato a una duración de 20 años, sino a cuatro como máximo.
Guadalajara, banco de pruebas
El portavoz socialista ha asegurado que Román quiso utilizar la ciudad de Guadalajara “como banco de pruebas de toda España” para aglutinar en un solo contrato la prestación de servicios municipales muy distintos. Según ha indicado, esta decisión se tomó siguiendo los intereses de grandes empresas, la mayoría vinculadas anteriormente al sector de la construcción, que aspiraban a implantar este modelo de negocio por todo el país. “Guadalajara fue la elegida para llevar a cabo este experimento, pero ahora podemos decir que no volverá a ocurrir en ningún lugar de España una situación como la que Román quiso propiciar”, ha enfatizado.
“La sentencia es tan contundente que dice que Román vulneró toda la normativa vigente en materia de contratación pública, no preservó el interés general y promovió pleitos sin razón y sin ajustarse a derecho, como evidencia la condena en costas”, ha afirmado Jiménez. Por eso, ha señalado que cabe preguntarse qué responsabilidades políticas va a adoptar Román. “No vale decir que asume su responsabilidad, tiene que demostrarla. Si es honesto, cuando se ha equivocado con la magnitud que lo ha hecho con este contrato, tiene que reflexionar sobre su continuidad al frente de la gestión del Ayuntamiento”, ha indicado.
Por su parte, el portavoz de Ahora ha coincidido en que la sentencia da un “absoluto repaso al Ayuntamiento” negando punto por punto sus argumentaciones. Morales ha recalcado que las dudas manifestadas por el tribunal sobre aspectos como la libre concurrencia convierten en “una falacia” el discurso del PP sobre la libre competencia y el apoyo a las pymes. “Se trata de privatizar servicios públicos para dárselos a empresas, no para mejorarlos. Si no tienen interés en gestionar lo público, que no se presenten a las elecciones, pero que no vengan a privatizar los que es de todos”, ha subrayado.
“Con un pliego de condiciones con tales cuantías y duración, no hay empresa en Guadalajara que pueda concurrir. No hay ninguna empresa en Guadalajara que pueda presentarse. Al final, iban a ser grandes empresas del ladrillo recicladas las únicas que podrían hacerlo”, ha agregado. Morales ha manifestado su desconfianza “en alguien que quiere dedicarse a todo”, y ha apostado por “optar por empresas especializadas, en vez de recurrir a una gran empresa que ha dejado de ganar mucho dinero vendiendo viviendas y ahora se dedica a esto para seguir teniendo un lucro”.
