- En su último informe, la OCDE sitúa la tasa de sustitución en España para 2061 en el 82%: es la pensión que cobra un jubilado respecto al salario medio
- La estimación del organismo para «casos extremos», fruto de la aplicación del índice de revalorización aprobado por el Gobierno, reduce dicha tasa al 46%
- La institución recomienda avanzar hacia el «envejecimiento activo»: alargar la vida laboral más allá de la edad de jubilación
Imagen de archivo de Mariano Rajoy, en el Congreso, rodeado de Fátima Báñez, Jorge Fernández Díaz, Soraya Sáenz de Santamaría,Ana Pastor y Celia Villalobos, en 2016 // Marta Jara
Las reformas de las pensiones que aprobó el Gobierno en 2013 tendrán un efecto a la baja en las retribuciones que reciban en un futuro los jubilados en España, según los cálculos de la OCDE. La tasa de sustitución, es decir, la pensión que cobra un jubilado respecto al salario medio, puede caer en el futuro hasta el 46% en «casos extremos» debido a la aplicación del índice de revalorización. La institución internacional sitúa este porcentaje en el 82% del sueldo en España para 2061.
Es uno de los datos que los expertos de la entidad han mencionado este lunes en Madrid, en la presentación del informe ‘Pensions at a Glance 2017’. Hervé Boulhol, responsable de Pensiones en la División de Trabajo y Política Social de la OCDE, y Pablo Antolín, jefe de la unidad de pensiones privadas de la entidad, ha desgranado el estudio, que señala a España por la alta tasa de sustitución en comparación con el resto de países de la OCDE.
Sin embargo, esta cifra se reducirá en los próximos años con la aplicación de los cambios aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según las estimaciones del organismo. Hervé Boulhol ha mencionado algunas cifras de la rebaja en ese porcentaje del sueldo que cobrarán en un futuro los jubilados. Solo gracias al factor de sostenibilidad –que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 para vincular las pensiones iniciales a la esperanza de vida–, la tasa bruta pasará «del 82% al 72%», ha afirmado el experto. La organización hace sus cálculos tomando como supuesto la entrada al mercado laboral en 2016 de un trabajador a la edad de 20 años, lo que le permitiría jubilarse con la pensión completa a los 65 años en 2061, ha explicado el especialista a este medio.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, respondió la semana pasada que aún no sabe cómo afectará este factor. En la Comisión del Pacto de Toledo, y a preguntas de la oposición, la ministra defendió que aún necesita los datos oficiales de defunciones de 2017 para saber cómo incidirá en el cálculo de las pensiones.
Además, Boulhol ha reconocido que en el informe publicado por la OCDE no hacen la proyección del índice de revalorización –la otra medida estrella de la reforma de 2013– por su complejidad. Este índice desindexó las prestaciones por jubilación del IPC y estableció por ley una subida mínima del 0,25%, dependiendo de la situación de las cuentas de la Seguridad Social. La nueva fórmula de revalorización marca, además del mínimo de 0,25%, un máximo: el IPC más un 0,50%. Ante la situación de déficit de las cuentas de la Seguridad Social, las pensiones han subido el mínimo en los últimos cinco años.
Aunque no los incluya el informe oficial, Boulhol ha dado algunos datos sobre la posible incidencia del índice de revalorización. Entre ellos, destaca que teniendo en cuenta las reformas acometidas este índice podría desplomar la tasa bruta de sustitución del «72% a los 65 años al 46% a los 80 años», ha afirmado. Sería así en el peor de los supuestos, es decir, en el que las subidas por año fueran las mínimas (0,25%).
Los cálculos de UGT no andan lejos. Según el sindicato, la aplicación en España de ambos factores (el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad) hará que la tasa de reemplazo se reduzca «hasta un 48% en 2060».
Alargar la vida laboral más allá de la jubilación
El organismo también ha destacado que España afronta una de las perspectivas de envejecimiento de la población «más acelerados». La ratio de dependencia de las personas mayores –es decir, el porcentaje de personas mayores de 65 años con respecto a las que están en edad de trabajar– será la segunda más alta de la OCDE en los próximos 35 años, solo por detrás de Japón. Según las proyecciones de la ONU utilizadas en el estudio, habrá 77 personas mayores de 65 respecto a 100 en edad de trabajar. Eurostat rebaja ese número a 69 sobre 100, aunque los especialistas han destacado que «el panorama global no cambia».
La organización alerta de que España está por debajo de la media en la edad de salida del mercado laboral. Mientras que el promedio de la OCDE es de 64,3 años, en España dejamos de trabajar a los 62 años. «La gente deja el trabajo dos años antes que la media de la OCDE y viven más que el resto», apunta Boulhol, lo que supone que «España está entre los países con periodos de jubilación más largos».
Ante este escenario, el organismo subraya la necesidad de apoyar el «envejecimiento activo», el eufemismo para resumir que las personas mantengan carreras laborales más largas. La entidad destaca que «en España solo un 5% de personas de más de 65 siguen trabajando», lo que significa que «hay una capacidad de trabajo que no se aprovecha», en opinión de la institución.
La OCDE anima a apoyar las fórmulas que permiten continuar trabajando más allá de la edad de jubilación cobrando la pensión. En este sentido, considera un impedimento que en España haya «un límite» en ese sentido: de manera general, los trabajadores que continúan trabajando cobran el 50% de la prestación y no el 100% como en otros estados. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, sí pueden cobrar la totalidad de la prestación gracias a la nueva ley de autónomos.
Además, el organismo sugiere que el incentivo para continuar trabajando a edades avanzadas podría ser mayor: en España, la bonificación en la pensión es de en torno a un «4%» por cada año de más trabajado, mientras que la media de la OCDE «está cerca del 8%».
