Desde el 1 de julio de 2015, fecha que entró en vigor, 47.980 personas fueron sancionadas por el artículo 37.4 de esta Ley. Solo en 2017 el Estado pudo haber recaudado tres millones de euros gracias al elevado número de sanciones.
Asistentes a la manifestación convocada por diversos colectivos en Madrid para protestar contra la ley mordaza justo cuando se cumplen tres años de su aprobación // EFE/Javier Lizón
La Ley de Seguridad del Partido Popular, que entró en vigor en julio de 2015, ha dejado un balance (hasta marzo de 2018) de 47.980 multas a ciudadanos por «faltas de respeto y/o consideración» a los agentes de la Policía. Es decir, Guardia Civil y Policía han multado a 48 ciudadanos cada día por este motivo durante los últimos tres años. Dicho de otro modo, cada 30 minutos, las autoridades multan a un ciudadano por una presunta, y nada delimitada, «falta de respeto y/o consideración» a los agentes.
Los datos son los siguientes. Los últimos seis meses de 2015, primeros de aplicación de esta norma, fueron sancionados 3.130 personas. En 2016, la cifra de sanciones se triplicó y ascendió a 19.497. En 2017 la cifra volvió a crecer hasta las 20.722 sanciones y en los tres primeros meses de 2018 (de enero a marzo) las multas se quedaron en 4.631. En total, 47.980 multas, que si se dividen por los 1.002 días que ha estado activa la nueva Ley mordaza suman una media 48 multas al día. Ni una más, ni una menos.
Las autoridades multan a un ciudadano cada 30 minutos por «falta de respeto y/o consideración» a los agentes
Las sanciones son puestas por los propios agentes de los diferentes cuerpos policiales del Estado y no necesitan que sean reafirmadas por un juez ni ninguna otra autoridad judicial. Es el mismo agente el que califica como una «falta de respeto» hacia su persona una actuación de un ciudadano y decide interponer la sanción. Así, en estos tres años se han conocido sanciones estrambóticas por presuntas faltas de respeto, como la que sufrió un ciudadano por dirigirse en catalán a un agente; o la de otros dos ciudadanos que fueron multados por dar a ‘Me gusta’ a un vídeo en Facebook y por fotografias un coche de Policía que estaba mal aparcado.
Los datos provienen, por una parte, del informe de Interior Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016 y, por otra, de la respuesta parlamentaria, fechada del 1 de junio, recibida por el senador de EH Bildu Jon Iñarritu. La cifra exacta de las sanciones interpuestas por los diferentes cuerpos policiales es mayor ya que los datos 2017 y 2018 no incluyen las sanciones interpuestas por los Mossos d’Esquadra ni por la Ertzaintza.
Las sanciones previstas en este artículo 37.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana oscilan entre los 100 y los 600 euros. Durante 2016, último año del que se conoce la recaudación total de cada apartado sancionador de la Ley mordaza, la sanción media fue de 154 euros, por lo que, con estos datos en la mano, el Estado habría recaudado 3.191.188 euros en el año 2017 a costa de las «faltas de respeto o consideración» de ciudadanos a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En total, a fecha de 31 de diciembre de 2016, el Estado había recaudado 131.470.206 euros con la Ley mordaza.
La reforma de la Ley mordaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su compromiso para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana nada más llegar al poder. Antes, cuando su partido estaba en la oposición, los socialistas fueron uno de los que se sumaron al recurso que presentaron todos los grupos (salvo PNV, CiU y PP) ante el Tribunal Constitucional para derogar ocho artículos de la norma.
Ahora, con Sánchez liderando el Gobierno, el compromiso ha sido impulsar la derogación urgente de estos artículos recurridos al Constitucional «que limitan desproporcionadamente los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión».
Sin embargo, el PSOE no ha dicho nada de la derogación de otros artículos de la ley no recurridos que también vulneran derechos fundamentales. Como por ejemplo, este caso de «faltas de respeto o consideración» a los agentes que además de para ampliar enormemente la discrecionalidad de los agentes está sirviendo para freír a multas a los ciudadanos.
