- El Gobierno anuncia al grupo parlamentario que ha decidido no vetar la proposición de ley de reforma de la LAU, que aún debe admitirse a trámite
- La proposición sugiere que municipios y CCAA pudieran establecer controles de precios en áreas de mercado especialmente calientes
Lucía Marín e Irene Montero con representantes de la PAH
El Gobierno ha decidido no vetar la tramitación de la proposición de ley de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El grupo parlamentario pretende volver a los contratos de cinco años (frente a los tres en la actualidad). En el caso de los propietarios personas jurídicas, la obligación sería de otros cinco años de prórroga, siempre que los inquilinos hayan cumplido sus obligaciones de pago.
La portavoz de Vivienda de En Comú Podem, Lucía Martín, decidió reducir la propuesta a la mínima expresión para evitar la negativa gubernamental por motivos presupuestarios, tal y como ocurriera con la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que fue vetada el pasado marzo. Esa ley incluía las llamadas «cinco de la PAH»: evitar desahucios; regular el precio del alquiler; dación en pago reatroactiva; realojo temporal a familias en emergencia en pisos vacíos y combatir la pobreza energética. El Gobierno alegó motivos presupuestarios para evitar su mero debate parlamentario. Muy distinta había sido la suerte de otra iniciativa sobre vivienda que se ha tramitado este año en el Congreso, la de «desahucios exprés» del PDeCAT. Modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de acelerar el proceso para agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda. La medida contó con el respaldo del PP, Ciudadanos y el PNV.
Límites a las fianzas, regulación de precios
La proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pretende la reforma de la LAU (una ley de 2013 que ha sido recurrentemente señalada como uno de los principales orígenes de las subidas de precio excesivas de las viviendas para arrendar, junto al boom de las plataformas de alquiler turístico).
Para mejorar las garantías de las personas que arriendan, además de aumentar la duración del alquiler para dotar a los inquilinos de mayor estabilidad, otra de sus reivindicaciones es que los servicios de intermediación los pague quien contrata y poner un límite a la cantidad que se pone como fianza.
En cuanto a la regulación de precios, inspirados en otras partes de Europa como París y Berlín, Unidos Podemos sugiere que municipio y CCAA puedan establecer controles de precios en áreas de mercado especialmente calientes. Se trataría de establecer unos máximos que eviten alquileres abusivos, según características de la vivienda, accesibilidad, ubicación, o rentas familiares de la zona). «El objetivo no es evitar una rentabilidad razonable, pero no se puede permitir que el alquiler sea objeto de especulación, para eso hay otros mercados, está la bolsa», señalaba Lucía Martín en una entrevista a este diario.
Tras conocer que no habría veto, Martín explica que «es triste que forme parte de la excepción que se pueda debatir en el Congreso un tema que preocupa y afecta tanto a la ciudadanía. Esta proposición de ley es fruto del trabajo, la movilización y las demandas de muchas personas». Cita a los movimientos por el derecho a la vivienda (PAH, sindicatos de inquilinas, y asociaciones de vivienda), y a los ayuntamientos dirigidos por Unidos Podemos y sus confluencias, con los que se registró la iniciativa. «Su admisión a trámite puede suponer un punto de inflexión para acabar con un modelo de acceso a la vivienda que nos ha llevado al desastre a la mayoría y que ha convertido el alquiler en el principal objeto de especulación inmobiliaria hoy».
Recientemente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acudió al Congreso de los Diputados para pedir que se tramitase esta ley. Mantuvo encuentros con el PP, ERC, PDeCAT, Unidos Podemos y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y denunció que ni el PSOE ni Ciudadanos se habían querido reunir con ella.
«Con lo que vivimos aquí con las hipotecas, parece mentira que el Congreso permita que vuelva a pasar algo parecido a los desalojos masivos por las hipotecas. ¿Es que no aprendemos?», dijo Colau, que se mostró dispuesta a volver a las Cortes «las veces que haga falta y con alcaldes de otras muchas ciudades».
Hasta ahora Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea cuenta con el apoyo expresado por ERC, y tiene dudas sobre la posición que podría adoptar el resto de los grupos, aunque parece probable que PP se posiciones en contra. En total, para admitirse a trámite tendría que obtener más síes que noes cuando se debate en pleno su toma en consideración, para lo que necesitarían por lo menos el apoyo del PSOE y la abstención del PNV. Los socialistas sí que vieron vetada una propuesta sobre alquileres porque el Gobierno consideró que podía afectar al presupuestos.
DOCUMENTO: Texto íntegro de la proposición de ley
