Como muchos suponíamos, los partidos políticos —principalmente PP y PSOE— se han repartido, por cuotas y en elección parlamentaria, la tarta de los vocales en la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
El caso es que el PP había incluido en su programa electoral la promesa de que, en cuanto gobernase, iba a reformar el sistema de elección de los vocales e iba a volver al que estuvo en vigor hasta 1985, en el que los jueces, es decir, sus asociaciones, elegían a los 12 vocales de procedencia judicial. Pero los populares que, con mayoría absoluta en las dos cámaras, han defendido con mano de hierro otros recortes y reformas, renunciaron de inmediato a esa batalla.
Los sagaces analistas suponían que esa vuelta a los orígenes tenía que ver con que los jueces, como los militares o la Iglesia, son sociológicamente más de derechas que de izquierdas y que muy mal se le tenía que dar al PP para que en una elección de vocales por los propios jueces, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de talante conservador, no copase la casi totalidad de esos puestos, como ya ocurrió en el pasado.
Pero el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tenía otros planes. ¡Y qué planes!
Gallardón vivió de cerca toda la crisis del Consejo del Poder Judicial cuando el entonces presidente, Carlos Dívar, tuvo que dimitir tras haber cargado a los presupuestos del organismo una treintena de viajes de placer a Puerto Banús y otros destinos turísticos. El ministro pretendió mantener a Dívar, que era absolutamente complaciente con sus deseos y dio instrucciones en ese sentido a los vocales que controlaba. Pero el descrédito del presidente era tal —se negó a dar explicaciones a los consejeros y a la opinión pública—, que primero, Jueces para la Democracia y, luego, la Asociación Profesional de la Magistratura le dejaron caer y forzaron su renuncia.
Si el ministro necesitaba algún empujón, ese fue definitivo. Por un lado, apreció que aunque los jueces eran mayoritariamente de derechas, no hacían exactamente lo que él quería, sino que, por el contrario, se habían constituido en un contrapoder. Por otro, observó que el Consejo se había convertido en un órgano ingobernable, donde había que pactar y cambiar cromos entre los vocales de uno y otro signo para cubrir los nombramientos y que su ministerio no tenía casi influencia en la designación de los más importantes cargos judiciales, sino que el reparto lo hacían las asociaciones judiciales. Las direcciones de las asociaciones, especialmente la APM, pero también las demás, jugaban a la política. Gallardón les declaró la guerra y ahora les ha castigado. A la APM la ha mandado directamente al diván del psicoanálisis.
Realizó una reforma del Consejo del Poder Judicial, en el que limitó sus funciones a las que expresamente figuran en la Constitución y aunque no redujo el número de vocales, conformó dos grupos: un sanedrín de cinco miembros, más el presidente, que integraría la comisión ejecutiva y que cobraría el sueldo completo; y un segundo grupo de vocales sin dedicación exclusiva, que sólo cobraría dietas de asistencia. Al mismo tiempo, bajo la apariencia de una mayor democratización, reducía a 25 el número de avales de cualquier candidato para poder ser elegido. [En el nuevo Consejo no estará la juez Rocío Pérez-Puig, que fue la que más avales presentó (210), pero sí la que menos, Victoria Cinto (28)] Ya podía nombrar a quien le diera la gana, puesto que 25 avales en un colectivo de 5.000 los tiene cualquiera y podía exigir obediencia perruna a los designados. Había convertido el Consejo del Poder Judicial en su cortijo, o, mejor, en la sucursal del Ministerio de Justicia.
Además, en la reforma del Consejo había dispuesto que la mayoría cualificada de dos tercios, prevista para nombramientos de magistrados del Supremo y presidente de Tribunales Superiores de Justicia, quedaba eliminada. Es decir, ya no son necesarios 13 votos, sino 11, para cualquier nombramiento. Exactamente los mismos que tiene el PP en el nuevo consejo, los 10 ya designados, más el del presidente. En los próximos cinco años, deberá nombrarse a casi la mitad del Tribunal Supremo y proceder a la renovación o remoción de todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, entre otros cientos de nombramientos. Y todos dependerán de la voluntad del PP que dispone de los 11 votos necesarios para lograrlo.
Mi impresión es que toda esta maniobra obedece a la voracidad del ministro Gallardón, que gusta de ejercer el poder allá por donde pasa. Sin embargo, no les oculto que hay otras interpretaciones más malévolas para este comportamiento y que su argumentación es perfectamente válida. Por su interés, reproduzco un párrafo de un comunicado de la Asociación Francisco de Vitoria. Es llamativo, porque esta asociación judicial, de carácter moderado, ha sido siempre muy prudente y sensata en sus manifestaciones.
Sorprendentemente, y de manera paralela al afloramiento de un verdadero rosario de escándalos de corrupción en el que, de un modo u otro, se veían implicados diferentes responsables de los partidos políticos e incluso personas del entorno de la Familia Real, el Ministerio de Justicia, en lo que no puede calificarse sino de burla al electorado, presenta un proyecto de modificación del Consejo General del Poder Judicial que consagra no ya la definitiva politización de dicho órgano, sino la asunción por parte del Ministerio de Justicia de la mayor parte de sus competencias y la configuración de un Consejo General del Poder Judicial de carácter marcadamente presidencialista (concentrado el núcleo esencial de sus competencias en una Comisión Permanente formada por el Presidente y cinco Vocales) y que, por ello, no se compadece con el diseño constitucional de un órgano colegiado. La finalidad no escondida no puede ser otra que el afán partidista de control del Consejo General del Poder Judicial, del que depende la promoción profesional y el castigo disciplinario de los jueces, como mecanismo para el control de los mismos. Los jueces que investigan la corrupción son, a su vez, gobernados por un órgano cuyos miembros son directamente nombrados por los líderes de los partidos políticos investigados. (Leer el comunicado).
Y digo que esta hipótesis no es descabellada, porque recientemente se ha conocido que el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, obviamente nombrado por el Gobierno, intervendrá directamente en la designación de los peritos de Hacienda que intervengan en casos de corrupción o de personas aforadas. Es una instrucción del mes de octubre por la que Menéndez se reserva la designación de los peritos que hayan solicitado los jueces en casos de delito fiscal y blanqueo de capitales. Hasta ahora, el director de la Agencia Tributaria no intervenía directamente en el nombramiento de los peritos, sino que los proponían los jefes de los órganos de la agencia y, en ocasiones, los jueces reclamaban a algún inspector que ya hubiera trabajado con ellos. Pero ahora, la sospecha es que la medida permitirá al director “colocar” a peritos amigos en casos que afecten a políticos o miembros de las instituciones. Un flaco servicio a la justicia.
También se ha conocido estos días que el “caso Gürtel”, en el que se investiga una inmensa trama de corrupción que afecta al PP, es una maldición para los jefes de la policía judicial. Dos de ellos han sido destituidos sucesivamente y solo durante el actual Gobierno del PP. La destitución del último parece que tiene que ver con los informes enviados al juzgado por sus subordinados en relación con la ministra Ana Mato y el extesorero del partido, Luis Bárcenas. Además, la Dirección de la Policía nombrará a dedo antes de fin de año a los jefes de cuatro brigadas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que se encargan de investigar la corrupción. Hagan apuestas sobre cómo serán.
El caso es que el PP controla en la actualidad todos los puntos clave de la justicia: El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Más Hacienda y la Policía. Si condenan a dirigentes del PP por la Gürtel, los papeles de Bárcenas y los distintos chanchullos en los que están implicados estos honradísimos próceres, no será justicia, será milagro.
No deja de ser divertido que los juristas elegidos para el Consejo del Poder Judicial lo primero que han hecho tras ser nombrados haya sido presumir de independencia respecto de los partidos que les han propuesto y designado.
Es posible que sea así.
Sin embargo, escéptico como soy, estaré dispuesto a rectificar si en la votación para la elección de presidente no sale elegido Carlos Lesmes, el candidato designado por Gallardón y Rajoy para tal fin.
Decía Aristóteles que “La ley es la razón desprovista de pasión”. De vivir ahora en España se habría llevado las manos a la cabeza.
