FACUA-Consumidores en Acción ha rechazado frontalmente la multa que propone la Unión Europea a las comunidades autónomas que obliguen en las gasolineras a tener trabajadores que atiendan a personas discapacitadas. A juicio de la asociación, es inadmisible sancionar con 600.000 euros diarios a las regiones que tienen recogidas en su normativa la protección a las personas con diversidad funcional ante este tipo de negocios.
La UE se plantea multar con 600.000 euros a las comunidades que tengan trabajadores que atiendan a discapacitados
Según indica la Unión Europea, la disposición que se incluyó en la Ley de Acompañamiento de 2015 referente a la atención de personas con diversidad funcional puede ser contraria a una directiva comunitaria sobre los servicios del mercado interior.
FACUA considera indignante el respaldo desde el Ejecutivo comunitario a un modelo de negocio como este, que atenta contra la protección de los derechos de los consumidores, sobre todo aquellos que, por sus circunstancias físicas y/o personales, puedan encontrarse especialmente desprotegidos, impidiéndoles el acceso a servicios de carácter esencial.
FACUA se suma a la reclamación del Cermi a la Comisión Europea para que no permita que las estaciones de servicio puedan estar en funcionamiento sin personal de atención
La asociación rechazó en su momento el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a este tipo de gasolineras, pues arremete contra los elementos más básicos de protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos de la sociedad que son más vulnerables.
FACUA señala que la ausencia de personal genera, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura.
La asociación indica que si la estación de servicio no tiene personal se vulnera la protección de las personas con algún grado de discapacidad física, que se ven discriminadas y obligadas a buscar alternativas de uso.
FACUA recuerda que estás gasolineras suponen también un gran riesgo contra la seguridad, ya que la vigilancia a la que se someten estos recintos brilla por su ausiencia. Por lo tanto, no hay capacidad alguna para una intervención ante cualquier accidente o incidente.
Asimismo, la asociación sostiene que resulta imposible supervisar quiénes y de qué manera se recoge el combustible, ya que existe la posibilidad de que sea embotellado en recipientes no reglamentarios usados de manera fraudulenta o negligente. Todo esto afecta a la seguridad de los usuarios.
FACUA se suma a la reclamación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a la Comisión Europea para que no permita que las estaciones de servicio puedan estar en funcionamiento sin personal de atención, ya que excluye a este colectivo.
La asociación ve inadmisible que la legislación europea permita la existencia de gasolineras desatendidas, que ponen trabas al derecho al libre movimiento de las personas con discapacidad.
La Directiva europea en cuestión señala, además, que el mercado debe desarrollarse en un marco de equilibrio y preservación de los servicios públicos, los derechos sociales y de los consumidores.
El propio TJUE ha establecido que «de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los objetivos de salud pública, protección de los consumidores, sanidad animal y protección del entorno urbano constituyen razones imperiosas de interés general que permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras restricciones».
La postura de FACUA o del Cermi no es la primera consecuencia de esta legislación comunitaria. Sin ir más lejos, hace unos días el Gobierno de Asturias daba marcha atrás a su proyecto impulsado en 2016 para obligar a las estaciones de servicio a contar con personal en horario diruno, basándose en que las personas con movilidad reducida pudieran repostar. El Principado, por tanto, no implantará finalmente esta medida, pero otras comunidades como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana sí lo hicieron hace años, y ya han anunciado cambios para adaptarse a la normativa europea.
