La Universidad Autónoma de Madrid utilizó cientos de becarios de forma irregular para cubrir puestos de trabajo

  • La Inspección de Trabajo constata que el organismo utilizó a casi 400 personas sin relación laboral para realizar tareas estructurales: “Primó su beneficio productivo sobre el proceso formativo del estudiante”
  • La Universidad tendrá que pagar unos 300.000 euros por las cuotas a la Seguridad Social de estas personas
  • Este sistema se ha utilizado en bibliotecas, archivos, centros culturales, el observatorio económico o las aulas de informática

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid.

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid.

La Universidad Autónoma de Madrid ha utilizado de forma irregular a centenares de becarios sin relación laboral alguna para cubrir puestos de trabajo estructurales que necesita para su funcionamiento diario. Así lo ha constatado la Inspección de Trabajo, que obliga a la Universidad a pagar las cuotas a la Seguridad Social de las 376 personas que se encontraban en esa situación durante 2016 y parte de 2017. El acta, al que ha tenido acceso eldiario.es, señala que se trata de una práctica irregular que no cumple con las normas que rigen este tipo de becas.

La Universidad cuenta con un programa de prácticas remuneradas en su Oferta de Prácticas Externas. Ese programa ofrece becas de 300 euros mensuales a estudiantes de grado con una jornada máxima de 18 horas semanales y de 600 euros mensuales para estudiantes de postgrado con 25 horas de trabajo a la semana.

El sindicato CCOO presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que señalaba que estas prácticas no cumplían con las normas de referencia: en su escrito decían que tenían como objetivo “el desarrollo de actividades principales o complementarias de una actividad laboral” y que llegaban a cubrir puestos de trabajo ya existentes. El sindicato decía también que las becas no tenían relación con la formación de los alumnos que las desarrollaban, tal y como obliga la norma.

El acta de la Inspección de Trabajo, que data de comienzos de octubre y que se emite después de varias visitas a la universidad, dice que los inspectores comprobaron que el contenido de las prácticas “en nada tiene que ver con la titulación cursada por los estudiantes”. El organismo, dice el acta, no puede negar que estas becas “no suponen ningún beneficio en la formación teórica recibida por los estudiantes”.

Los estudiantes con estas prácticas, prosigue el acta, “eran incluidos inmediatamente en el organigrama funcional del departamento o servicio en el que las realizaban, de manera que con la prestación de tales prácticas el departamento cubría por turnos determinados puestos tales como atención al público, préstamos de libros, mantenimiento de bases de datos…”. Los propios responsables de los servicios reconocían que, en muchos casos, de no contar con estos estudiantes no podrían mantenerse abiertos en el mismo horario.

La UAM recurre

La UAM contesta que rechaza el acta levantada por la Inspección. Fuentes del rectorado explican que la universidad, “no estando de acuerdo con la inspección de trabajo”, ha pedido la nulidad del proceso porque, argumentan, solo ha analizado tres casos concretos de estudiantes en prácticas y ha extendido sus conclusiones a la totalidad, “lo que no es muy representativo”. Además, añaden que las prácticas se ajustan a la normativa del Real Decreto 592/2014 “por que completan el aprendizaje de los estudiantes, facilitan la adquisición de competencias transversales y favorecen su inserción laboral”

“El trabajo realizado es un trabajo sustancialmente productivo de cuyos frutos se beneficia de forma inmediata y directamente la Universidad, primando el beneficio productivo para ésta sobre el proceso formativo del estudiante”, concluye la Inspección.

La Seguridad Social ha dado de alta como trabajadores a estos estudiantes con efectos retroactivos durante el periodo que desarrollaron las prácticas. Estos estudiantes pueden ahora reclamar los salarios dejados de percibir durante esos meses. De momento, solo el alta a la Seguridad Social de estas personas tiene un coste para la universidad de unos 300.000 euros, tal y como se refleja en el escrito de la Inspección.

El efecto de este acta no queda aquí. Actualmente unas 150 personas siguen desarrollando este tipo de tareas como becarios, algunas como prórroga de sus anteriores prácticas, otras comenzaron el pasado septiembre. Todas estas personas podrían reclamar en un juzgado la laboralidad, es decir, que su beca es en realidad un puesto de trabajo, lo que obligaría a la universidad a reconocer su plaza.

Por todos los campus

La UAM tiene becarios en un centenar de servicios, que van desde las diferentes bibliotecas del campus hasta el archivo central, pasando por atención a la diversidad, el observatorio astronómico, centros culturales, de estudios, decanatos, aulas de informática, servicios de atención al alumno o laboratorios, entre otros, según se recoge en la web que ofertaba las plazas.

Los becados, casi 400 estudiantes de grado y posgrado de la universidad, se sienten estafados y que, además, se les está culpando de la situación. En una reunión de afectados que tuvo lugar el martes pasado, decidieron que irán a la huelga los días 4 y 13 de diciembre, y advierten: “Muchos servicios se van a colapsar”. Los becarios de la UAM están repartidos por todo el campus y fuentes de la universidad aseguran que sin su presencia muchos servicios directamente no funcionarían.

Para solventar la situación, la universidad pretende convertir las becas, que actualmente tienen un carácter formativo externo, en curriculares. Esto quiere decir que para poder acogerse a una beca, el estudiante tiene que estar dado de alta en una asignatura específica que justifique esa beca en concreto como prácticas de la materia. “El porcentaje de actuales becarios que puede acogerse a esta fórmula es mínimo”, explica Ana (nombre ficticio, prefiere no dar el suyo por temor a represalias), una de las afectadas.

Así, la inmensa mayoría perderán la plaza en diciembre. “En teoría las becas eran para diez meses, pero nos hicieron firmar hasta diciembre de este año para luego renovarlas porque por motivos presupuestarios y burocráticos hay que dar la baja en diciembre”, expone. Ahora no van a renovar, según les han comunicado, lo que creará un problema a más de uno.

“Yo necesito estos ingresos para pagar el alquiler, entre otras cosas”, cuenta Ana. Y como ella están muchos. Los becarios tampoco se engañan a sí mismos. Sabían a lo que iban, al menos Ana. “Tengo compañeros que habían trabajado en mi puesto y era consciente. No diría que estoy explotada, pero sí que estoy realizando labores que corresponden a los funcionarios”, asegura.

De hecho, de ahí vienen las denuncias a la UAM. “Las becas no son formativas, cubren puestos de trabajo”, explica una becaria. La universidad alega que sí lo son cuando habla de “completar el aprendizaje”, “adquisición de competencias transversales” e “inserción laboral”, pero la Inspección de Trabajo ha creído lo contrario. “¿En qué se está formando un estudiante de biología catalogando libros en la biblioteca?”, pone como ejemplo Ana.