- El Gobierno de Feijóo cerró por obras el centro ourensano de Montealegre en 2012 e inicialmente indicó que reabriría en pocos meses
- La Consellería de Política Social se dispone a privatizar su gestión hasta finales de 2020 por 3,2 millones de euros entre protestas de los sindicatos y del Colegio de Educación Social de Galicia
Una de las habitaciones del centro, antes de las últimas obras // Imagen facilitada a los contratistas
La historia del centro de menores de Montealegre, en Ourense, se remonta a los años 80 y se frena en primavera del año 2012. En abril de aquel año la en ese momento denominada Consellería de Traballo e Bienestar había anunciado el cierre temporal de este centro, que atendía en régimen de internado a menores con problemas de conducta o sometidos a medidas judiciales. La explicación oficial para cerrar Montealegre era la necesidad de realizar «obras de remodelación y acondicionamiento» e inicialmente se llegó a estimar que volvería a abrir en unos ocho meses. Seis años después de aquel anuncio la Xunta asegura que prevé reabrir Montealegre «en unos pocos meses». Pero con gestión privada y después de haberlo reformado con unos 2 millones de euros públicos en obras.
La sombra de la privatización planeó sobre Montealegre desde el propio cierre, cuando la veintena de menores internados en ese momento fueron enviados a otro centro, A Carballeira, también situado en Ourense pero dedicado a la protección de niñas y niños en situación de desamparo, no a la reeducación de adolescentes con trastornos o condenas como los que llegaron desde las instalaciones cerradas. Así lo alertó el personal al encontrarse en el Diario Oficial de Galicia del 16 de abril de aquel año, las amortizaciones -desaparición- de sus puestos de trabajo en el caso de los puestos temporales y el traslado a otras instalaciones, para los fijos.
La entonces conselleira de Benestar, Beatriz Mato, había evitado aclarar en ese momento si tenía la intención de privatizar la gestión de Montealegre. «Cuando termine la obra decidiremos cuál va a ser la gestión», había zanjado en una visita al Ayuntamiento ourensano mientras seguía tratándose el cierre como de unos pocos meses. En junio de aquel año la Consellería anunciaba la puesta en marcha del proceso para contratar las «obras de acondicionamiento y mejora» del centro para «adecuar las instalaciones y hacerlas más rentables». Antes, en 2011, ya había contratado el proyecto básico de la obra por 21.122 euros. Los trabajos serían adjudicados tres meses después -a un mes de las elecciones gallegas- por 991.431 euros a la empresa Corsan-Corviam con un plazo de ejecución de 6 meses. No obstante, se prolongaron hasta agosto de 2013, según figura en documentos oficiales de la actual Consellería de Política Social.
Beatriz Mato y José Manuel Rey, conselleira de Benestar durante el cierre y actual conselleiro de Política Social, respectivamente // Xunta<
Mientras se desarrollaban los trabajos, en junio de 2013, el departamento de Mato fue cuestionado por la «demora» desde la oposición parlamentaria. La respuesta no llegó hasta septiembre de ese año y en ella el Gobierno informaba al grupo de AGE de que «teniendo en cuenta la complejidad y envergadura de las obras acometidas y la especificidad del centro, no se puede concluir que exista una demora». Solo faltaban, aseguraba el documento, «pequeñas reparaciones y comprobaciones» para que en pocos días la Consellería realizara «el acto formal de recepción», lo que permitiría que Montealegre «siga siendo un centro de menores que responda a las necesidades actuales de atención a este colectivo». En aquel año y en los siguientes también PSdeG y BNG reclamaron, sin éxito, explicaciones sobre la demora y exigieron la «reapertura» como centro público.
Nuevas obras en 2014 y 2017 y contrato para privatizar la gestión
Interior de las instalaciones, antes de las últimas obras // Imagen facilitada a los contratistas
Aquellos trabajos finalizaron, pero el centro no volvió a funcionar de inmediato. Cuando llevaban un año oficialmente terminados, en septiembre de 2014, Benestar firmó otro contrato para mejoras de eficiencia energética en el recinto, adjudicado a Abeconsa por 592.318 euros y con un plazo de ejecución de 3 meses. Estas no fueron, no obstante, las últimas obras. En septiembre de 2017 Política Social -ya con esa denominación- encargó a la constructora Extraco mediante procedimiento negociado sin publicidad nuevas actuaciones de «adecuación» por importe de 71.454 euros. Las obras incluyeron desde adaptar dormitorios a «convertir en accesible» uno de los módulos, «mejorar las condiciones de seguridad» de las instalaciones o «enmendar problemas» como filtraciones de agua o arreglar manivelas para abrir y cerrar persianas. La empresa recibió el encargo de terminar en dos meses, a finales del año pasado.
Una vez realizados los últimos adecentamientos y cuando la factura total de las obras se eleva hasta los 1,7 millones de euros, Política Social ha confirmado lo que Mato había evitado, la privatización. Así, desde el pasado 26 de febrero el departamento dirigido desde 2015 por José Manuel Rey Varela tramita un contrato de servicios para entregar a una empresa privada toda la gestión del centro de Montealegre, incluyendo su dirección y todo el personal -más de 30 personas-.
La compañía elegida prestará todos los servicios de «acogimiento residencial» de hasta 24 menores de entre 12 y 17 años de edad «con graves problemas de conducta» que estén bajo guardia o tutela de la Xunta y sobre los que pese una orden judicial para el ingreso. La Xunta prevé contratar el servicio por tres años -de abril de 2018 a finales de marzo de 2020- y pone sobre la mesa 3,2 millones de euros para sufragarlo, partiendo de la previsión de un coste por plaza ocupada de 184,53 euros al día.
Protestas sindicales y del Colegio de Educación Social
Protesta en Ourense contra el cierre del centro de Montealegre, en 2012 // CIG
El lanzamiento de este contrato de privatización de la gestión de Montealegre ha supuesto para el comité de empresa del personal laboral de Política Social en la provincia de Ourense la confirmación de sus «peores augurios». La representación del personal, formada por los sindicatos CCOO, CIG, CSIF, UGT y SUMA, lamenta que «como siempre hemos sospechado», el Gobierno del PP acabe privatizando el centro en vez de atender sus reiteradas reclamaciones de que «Galicia cuente con un centro de atención especializada» como este y que sea de «gestión pública». Política Social, reclaman, debe «renunciar a formalizar el contrato» y «cumplir lo manifestado en numerosas ocasiones, que el cierre era temporal debido a obras incompatibles con la habitabilidad y que, una vez terminadas, el personal reubicado en otros centros volvería a sus puestos».
Además de ejecutar «un ERE encubierto» el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo «regala el negocio» tras destinar fondos públicos para la reforma, lamentan en un contexto en el que elevan lo gastado a cerca de los 3 millones porque, mantienen, se han producido modificaciones contractuales tras las adjudicaciones.
Este contrato ha activado las alarmas también en el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales, uno de los sectores profesionales más directamente implicados en el trabajo con menores como los atendidos en este centro. Más allá de «sumarse» a la crítica a la «privatización del centro», el CEESG «llama la atención sobre el personal educativo que se va a contratar». El pliego de condiciones del contrato incluye 17 plazas de educadores o educadoras, pero no fija como requisito que estas personas cuenten con formación en educación social. Sólo pide que la empresa se dote de personal «en posesión de una titulación universitaria media, superior o de grado en materias propias o relacionadas con la intervención educativa o social».
Esta «descripción» y las labores especificadas para el personal -«atención directa a las personas e intervención en el proceso socioeducativo»- dejan claro que «la titulación necesaria y adecuada» es la de Educación Social, advierte el colegio, quien recuerda que la propia titulación fue instaurada en Galicia en los años 90 del siglo pasado «por la necesidad de promover una formación específica» para realizar estos trabajos.
«Resulta incoherente y anacrónico» que la Xunta obvie esta circunstancia y ponga «en juego no solo los intereses laborales» del sector de la educación social, sino también «la calidad de los servicios socioeducativos» a las personas que serán internadas en el centro privatizado. Es por eso, advierte, que el Colegio está «estudiando tomar acciones legales contra esta contratación» mientras, advierte, en el seno de la Facultad de Educación del Campus de Ourense ya se preparan movilizaciones.
