- “El bloqueo de iniciativas ha sido constante por parte del Gobierno y la Mesa del Congreso que han usado su mayoría para vetar o ralentizar iniciativas”, critican
- La ILP que concede una prestación a 1,8 millones de familias con bajos ingresos y sin derecho a subsidio por desempleo, “secuestrada por el Ejecutivo”
- Oxfam Intermón explica que hay “un retroceso” en cuanto a las expectativas de los primeros 100 días de Gobierno y admite que “los procesos se ralentizan por Catalunya”
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría junto al presidente del Gobierno Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados en una imagen de archivo. / Efe
Un año es un amplio espacio de tiempo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha desaprovechado para combatir la pobreza y la desigualdad. Es la conclusión del informe que analiza el primer año del Ejecutivo en esta legislatura elaborado Polétika, una plataforma que aglutina a más de 500 organizaciones y movimientos sociales. Las conclusiones son “decepcionantes”, califican los responsables de la elaboración del documento. Si parecía que este período se iba caracterizar por “los pactos” entre las fuerzas políticas, se ha convertido en “una legislatura de bloqueo de iniciativas”, sobre todo por parte del Gobierno, pero también por la Mesa del Congreso de los Diputados, critican.
Pero se necesitan medidas urgentes. En España el 27,9% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, la pobreza infantil severa afecta a más de 1,4 millones de niños y la pecariedad laboral se agudiza especialmente entre las mujeres, que sufren una brecha salarial del 19,9%.
“El bloqueo de iniciativas ha sido constante por parte del Gobierno y la Mesa del Congreso que han usado su mayoría para vetar o ralentizar iniciativas que luchan contra la pobreza y la desigualdad. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que concede una prestación a 1,8 millones de familias con bajos ingresos y sin derecho a subsidio por desempleo, permanece secuestrada por el Ejecutivo y no termina de tramitarse tras 21 aplicaciones del periodo de enmiendas.” explica Polétika en su informe.
Las temáticas cruciales “han tenido pocos o nulos avances” señalan desde Polétika. La iniciativa parlamentaria sobre la renta mínima de 426 euros para las familias vulnerables, una medida que aplaudió la propia plataforma en su anterior Informe de los primeros 100 días de Gobierno, “está bloqueada por parte del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso”.
Denuncian además que seguimos sin “un diálogo real” con la comunidad educativa y la sociedad civil para reformar la LOMCE, que la política de Cooperación al Desarrollo está “maltratada” en “un raquítico 0,21%”, que hay una nula voluntad política con la acogida de refugiados –solo ha llegado el 11% de la cuota acordada–. También, inciden en “los nulos avances” en la progresividad del sistema tributario español o la lucha contra el fraude fiscal. En cuanto a la lucha contra el cambio climática, “España vive un año de sequía”, sentencia Polétika.
El único reconocimiento que Polétika otorga al Gobierno y al Parlamento es “la subida del salario mínimo interprofesional en un 8%”. Reconocen avances “positivos” como el Pacto de Estado contra la violencia de género, la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética tras el Acuerdo de París, pero reconocen que “si estas medidas no van acompañadas de una hoja de ruta clara con dotación presupuestaria, a efectos prácticos quedan relegadas a una simple declaración de intenciones”.
Los centenares de ONG y movimientos sociales responsables de este informe arguyen que “se podían haber adoptado grandes medidas políticas, a la altura de los retos nacionales e internacionales”, pero “no lo han hecho”.
Una de las portavoces de Polétika, Lara Contresas (Oxfam Intermón) explica a cuartopoder.es que hay “un retroceso” en cuanto a las expectativas que se marcaron en esos primeros 100 días de Gobierno y admite que “los procesos se ralentizan por Catalunya”. Los Presupuestos Generales del Estado y la reforma de la Constitución que está sobre la mesa son dos oportunidades para que se garanticen los derechos sociales. “Parece que se puede estar abriendo una reforma consitucional y tememos que la prioridad no sea el blindaje de las políticas sociales”.
Protección Social: insuficiente
Nada nuevo bajo el sol, critica Polétika. “Celebramos la admisión a trámite de una ILP presentada por los sindicatos y apoyada con 700.000 firmas, que promovía el desarrollo de una prestación no contributiva a cargo de la seguridad social y dirigida a todas las familias que, en paro, hubieran agotado o no tuvieran derecho al subsidio por desempleo e ingresaran menos de 5.837 euros anuales”, recuerdan desde Polétika. Sin embargo, 1,8 millones de hogares siguen esperando a que esta Proposición de Ley se acabe de tramitar.
“PSOE, Unidos Podemos, ERC, EAJ-PNV y parte del Grupo Mixto apoyaron la iniciativa, mientras que PP y Ciudadanos, ninguno de los cuáles incluía una mejora de la protección social en sus programas, votaron en contra de su tramitación”, señalan en el informe.
Infancia: insuficiente
Polétika resume en que ha habido “muchas iniciativas” propuestas por todos los grupos en el Congreso, pero “pocos cambios reales: ni presupuestos ni cambios legislativos”. Según las ONG, “la mayoría de estas iniciativas han sido Proyectos No de Ley, que instan al Gobierno, pero no han llegado a concretarse en la acción del gobierno”. Un ejemplo es el caso del Acuerdo de Gobierno del PP con Ciudadanos. Se comprometieron a desarrollar un plan contra la pobreza infantil de 1.000 millones de euros que al final se ha quedado en 24 millones en los Presupuestos Generales del Estado. “C’s empujó por que estuviera la prestación por hijo a cargo pero al final no lo incluyó en su pacto con el Ejecutivo”, indica Contresas.
Protección de civiles en conflictos internacionales: insuficiente
En cuanto a su implicación con los derechos de los civiles en los conflictos internacionales, “el Gobierno sigue sin dar signos de que la agenda humanitaria esté entre sus prioridades”. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho oídos sordos a la mayoría del Congreso, que le ha insistido en su compromiso para acoger a refugiados. El presupuesto de este año dotaba a la Oficina de Ayuda Humanitaria con menos de 17 millones de euros, una cifra “totalmente desajustada con las necesidades existentes”.
El Gobierno, además “se ha negado a frenar la venta de armas a países con riesgo de ser utilizadas para violaciones de derechos, como Arabia Saudí o Irak” y sigue actuando con “la máxima opacidad”.
El Congreso, en cambio, ha avanzado en iniciativas que de ponerse en marcha podrán ser un punto de inflexión en la transparencia y control del comercio de armas, como “una resolución que insta al Ejecutivo a denegar o revocar exportaciones donde consten violaciones de derechos”.
Eduación: insuficiente
Polétika destaca que “hay pocas avances y mucha incertidumbre” tras un año que ha sido “marcadamente continuísta” en materia de educación.
“Es preciso derogar la LOMCE y abrir un proceso para consensuar una nueva ley educativa sostenible, sin intromisiones de los poderes fácticos”, se señala en el informe.
“Aunque a finales de octubre el ministro Méndez de Vigo en la Comisión de Educación del Congreso hablaba de la necesidad de alcanzar una financiación estable, la inversión en educación –3,9%% del PIB, el quinto país europeo a la cola en inversión– dista mucho del 7% del PIB reivindicado desde Polétika para una educación de calidad”, indican.
Cooperación para el Desarrollo: insuficiente
El Gobierno debe mejorar la contribución e influencia global de España para “luchar contra la pobreza extrema y la desigualdad”, señalan desde Polétika. “Para 2018 deben aumentarse los recursos de AOD, llegando como mínimo a un 0,3% RNB, con 150 millones de euros para ayuda humanitaria. La situación actual es insostenible”, indican.
Sanidad: insuficiente
Los colectivos sociales ponen el acento en la postura del gobierno “absolutamente continuista” con el Real Decreto Ley que fue aprobado hace cinco años y que “excluyó a miles de personas del sistema sanitario”.
En esta materia, solo hay “algunos anuncios de iniciativas” en el Congreso para modificar esta práctica, se señala en el informe.
Género: Necesita mejorar
En esta legislatura el Pacto de Estado contra la violencia de género ha sido negociado y aprobado, pero su implementación y ejecución aún no están garantizadas. “Es imprescindible la aprobación de la modificación presupuestaria para garantizar los primeros 200 millones en 2018”, alertan desde Polétika. El Gobierno, según las organizaciones, muestra escasa disposición en esta materia. Asimismo, alertan del “riesgo” que supone para las mujeres y menores que han sufrido violencia, de que se imponga un anteproyecto de ley presentado por PP y Ciudadanos sobre la custodia compartida impuesta.
Asimismo, recuerdan que la ampliación de los permisos de paternidad intrasferibles y pagados al 100% por la Seguridad Social propuesta por Unidos Podemos fue rechazada por el PP con los votos de Ciudadanos alegando que su aplicación supondría “un sobrecoste presupuestario”.
Transparencia y acceso a la información: necesita mejorar
Polétika recuerda que en este primer año de Gobierno se han abordado “importantes debates en dos ejes temáticos fundamentales defendidos por Polétika para avanzar en materia de Transparencia y Acceso a Información: la reforma de la Ley de transparencia y la regulación de la actividad de los lobbies”. Sin embargo, indicen, “ninguna de estas iniciativas se ha traducido aún en la aprobación de medidas concretas”.
Cambio climático y transición energética: necesita mejorar
Polétika destaca la “lentitud del Gobierno” ante un escenario de “urgencia climática”. España afronta la peor sequía de los últimos 20 años y continúa batiendo récords de aumento de la temperatura, pero el Ejecutivo no aprueba medidas que permitan transitar a una economía baja en carbono que deje atrás los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), causantes del calentamiento global. “El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética que el Gobierno debe tener listo en el primer trimestre de 2018 es una oportunidad única para crear un marco jurídico que acelere la transición hacia las energías renovables y con ello avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030”, advierten las ONG y los movimientos sociales.
Fiscalidad: necesita mejorar
Este ámbito se caracteriza por “los escasos avances y el bloqueo de iniciativas”. El primer año de la presente legislatura no ha habido “ninguna medida en línea de reforzar la progresividad del sistema fiscal español” y las que ha habido para luchar contra el fraude han sido “muy escasas”.
Desde Polétika, entienden que “para frenar el aumento de la desigualdad y la pobreza en España, el Gobierno tiene que entender la necesidad de apostar por una fiscalidad justa y progresiva, en la que paguen más quienes más tienen”.
El Ejecutivo ha aprobado que las grandes empresas aporten mayor información sobre ciertas operaciones de relevancia fiscal, especialmente aquellas con paraísos fiscales. “Se trata de una medida de alcance muy corto y la única que se ha aprobado en la legislatura relativa a la lucha contra los 3 paraísos fiscales y las empresas y particulares que hacen uso de ellos”, critican en el informe.
Salarios: progresa adecuadamente
Es el único aprobado del Gobierno. Desde Polétika, celebran “el aumento del salario mínimo interprofesional, aunque siguen demandado “subidas anuales significativas para garantizar que alcanzamos los 1.000 euros de SMI a finales de esta legislatura”. En cuanto a la brecha salarial de género, tanto Gobierno, PSOE y Unidos Podemos proponen obligar a las empresas a ser transparentes en los sueldos. “El consenso nos acerca a una posible iniciativa concreta en la desigualdad salarial entre hombre y mujer”, indican.
