Los afectados por iDental: una lucha que empezó mucho antes del cierre de las clínicas

Las víctimas, algunas con graves infecciones, otras con trastornos depresivos y la mayoría en situaciones económicas vulnerables, responsabilizan a las administraciones públicas por no haber tomado medidas a tiempo y piden que se amplíe la cobertura bucodental pública.

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Concentración de afectados de IDental en Tarragona // Alícia Fàbregas

A Lorena Rodríguez la denunció iDental. Le pedían una orden de alejamiento para que dejara de manifestarse en la puerta de la clínica de Barcelona, algo que empezó a hacer en abril de 2017, cuando el cierre de las clínicas todavía no estaba ni en el horizonte. “Veía a gente mayor llorando, todo el mundo reclamando. He llegado a ver gente con hemorragias y he tenido que llamar varias veces a ambulancias porque ellos se negaban…Decidí que algo tenía que hacer”, cuenta Lorena. Así que cuando en la clínica le suspendieron el tratamiento, empezó a ir allí todos los días. “A primera hora, desde que abrían, me ponía en la puerta hasta el último metro”. Le explicaba su experiencia a los que acudían para contratar nuevos tratamientos y les enseñaba las páginas de afectados: “Les decía que se lo pensaran, que no firmaran nada, que lo consultaran con sus familiares, sobre todo a la gente mayor. Allí te lo pintaban todo muy bien hasta que firmabas el contrato y luego se convertía en un infierno”.

No desistió y ahora continua con esa lucha desde la portavocía de Adafi en Barcelona, una plataforma de afectados por iDental que en toda España ya cuenta con más de 10.000 adheridos. Son algunas de las cerca de 400.000 personas afectadas por esta supuesta estafa a nivel nacional que tiene como precedentes cercanos otros casos que estallaron en 2016: el de Vitaldent y el de Funnydent.

Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que la red de clínicas low cost iDental —actualmente investigada por la Audiencia Nacional— consiguiera atraer a clientes con situaciones económicas vulnerables a través de unas campañas de marketing dudosas. Se definían como “dentistas con corazón” que trataban “de acercar la odontología a todos los sectores de la población, incluyendo a las personas en exclusión social o en riesgo de padecerla”, según afirman en su web, y prometían grandes descuentos gracias a tratamientos supuestamente subvencionados. Solían recomendar préstamos con entidades bancarias para cubrir esos tratamientos que muchas veces se dilataban irresponsablemente en el tiempo y acababan causando más daños que beneficios, según describen los afectados.

Francisco Javier Camacho, presidente de Adafi a nivel nacional, también lleva tiempo levantando la voz. Un par de años “luchando y haciendo concentraciones en la puerta de las clínicas, en mi caso en Alicante. Siempre ha habido un grupo de afectados por iDental. Lo que pasa es que nunca trascendía a los medios. Nunca se nos escuchaba hasta que decidimos unirnos los afectados de distintas ciudades de España”. Eso sucedió en abril de 2018, cuando se reunieron con distintas formaciones políticas en el Congreso de los Diputados. “Tuvimos primero reuniones con formaciones políticas locales —explica Francisco—, y ellos fueron quienes nos abrieron las puertas del Congreso de los Diputados. Ellos nos instaron a que nos agrupáramos y creáramos una asociación. De hecho nos hemos reunido con la ministra actual [de Sanidad], María Luisa Carcedo, cuando estaba en la oposición”.

“Se veían algunas irregularidades: la publicidad engañosa, que les obligaban [a los pacientes] a firmar financiación, que después no se les daban horas para hacerse el tratamiento o les daban largas…”

Pero los afectados no son los únicos que denunciaron la situación hace tiempo. La doctora Conxita Curull, presidenta del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya (COEC) en Tarragona, asegura que en 2016 el COEC ya puso la situación en conocimiento del Departamento de Salud de la Generalitat, del Departamento de Bienestar Social y del Síndic de Greuges. “Se veían algunas irregularidades: la publicidad engañosa, que les obligaban [a los pacientes] a firmar financiación, que después no se les daban horas para hacerse el tratamiento o les daban largas…”, explica Curull. Incluso algunos trabajadores, de forma anónima, se habían quejado de lo que estaba sucediendo en iDental. “No se nos hizo caso”, zanja la doctora.

Las consecuencias

La invisibilización de esa lucha y de esas advertencias hizo posible que iDental siguiera captando a nuevos pacientes.

A finales de mayo, Rosa María Gil salía de casa aliviada porque por fin le iban a poner la dentadura definitiva. Una vez en la clínica iDental de Tarragona, le comunicaban que, aunque los dientes definitivos ya estaban hechos, iba a seguir con los provisionales. Lo que nadie le dijo es que, pocos días después, la clínica cerraría sus puertas para siempre y su tratamiento se quedaría a medias.

Aún así, ese mismo día, en la puerta ya había gente quejándose: “Empezamos a organizarnos, a ponernos en contacto”, recuerda Rosa María mientras coge la cuchara del café temblando por la ansiedad que le ha generado la supuesta estafa de la que ha sido víctima. Una ansiedad que le ha costado su puesto de trabajo en una fábrica en la Selva del Camp, en la provincia de Tarragona. “Como estaba con todo lo de la boca, estaba muy nerviosa, me cogían ataques de ansiedad y me dijeron: ‘Tómate unos meses y en enero te volvemos a llamar’”. No sabe si eso sucederá, pero espera poder haber acabado el tratamiento que le dejaron a medias antes de volver a su puesto, si finalmente vuelve. “He ido a un dentista privado y pide 6.000 euros mínimo. Yo estoy en el paro”. Ya firmó un crédito con EVO Banco de 5.200 euros vinculado a su tratamiento en iDental. Con la dentadura provisional que lleva, no puede comer bien: “Tiene que ser todo muy blandito, purés… He adelgazado once kilos, que yo haya visto, ya no he mirado más porque miedo me da”.

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Mari Carmen Gascón, una de las afectadas de IDental // Alícia Fàbregas

A su lado, Mari Carmen Gascón va asintiendo y de vez en cuando interviene: “A mí me llamó la atención eso de que decían que iDental estaba con Cáritas, la Cruz Roja… Entonces lo ves tan bien que dices: ‘Bueno voy a ir’”. Le aseguraron que su tratamiento costaba 20.000 euros pero que, gracias a estar subvencionado, se lo dejaban por 4.900 euros. “Es una forma de atraparte”, reflexiona Mari Carmen. Tenían que ponerle ocho implantes y la correspondiente dentadura de arriba y de abajo enganchada con tornillos. Pero eso no ha llegado a suceder: “Me han puesto la parte de arriba”. Abajo no tiene dientes, solo cuatro implantes totalmente al aire. “Tengo bastante infección porque, como son implantes malos, se queda toda la comida alrededor. No puedo masticar. Encima no tengo estómago, me va al intestino directamente la comida”, debido a una operación que le practicaron hace unos años.

Sanidad bucodental pública

Ellas dos se han unido a la plataforma Adafi, que después de reuniones con diferentes formaciones políticas, ha conseguido, recientemente, presentar mociones en varias comunidades autónomas y en diversos ayuntamientos para pedir soluciones. En Murcia, en la Comunidad Valenciana y en Catalunya ya se han aprobado.

Lo que se pide en esas mociones es, entre otras cosas, la colaboración del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos tanto en el tratamiento de los afectados como a la hora de investigar si sus colegiados o colegiadas realizaron alguna mala praxis. Se reclaman también peritajes gratuitos, ya que pueden costar entre 200 y 1.000 euros, que son necesarios a la hora de demostrar en un juicio los daños y perjuicios sufridos y los afectados por iDental son, en muchos casos, personas en una situación económica muy vulnerable. Se pide, además, que se actúe para evitar casos de publicidad engañosa y que las entidades financieras paralicen el cobro de las cuotas de los créditos vinculados con tratamientos iDental, algo que en muchos casos no se ha dado. Por eso hay afectados que tienen que seguir pagando su crédito pese a no estarse tratando y pese a tener que invertir en un nuevo tratamiento para enmendar los daños sufridos.

“IDental se ha aprovechado de gente con muy pocos recursos para engañarlos, porque estas personas no se pueden permitir cuidarse la boca ya que la Seguridad Social no lo cubre”

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// Alícia Fàbregas

Y todavía hay dos reivindicaciones más. Tal vez las de mayor calado: que se declare emergencia sanitaria nacional, para que los casos más graves puedan ser tratados de inmediato, y que se amplíe la cartera de servicios públicos de tratamientos bucodentales, para que esto no vuelva a suceder y para que los afectados puedan acabar sus tratamientos de forma gratuita. Como corrobora la doctora Curull, “iDental se ha aprovechado de gente con muy pocos recursos para engañarlos, porque estas personas no se pueden permitir cuidarse la boca ya que la Seguridad Social no lo cubre”. En las diversas concentraciones que los afectados han organizado, resumen esta reclamación al grito de “la boca no es un lujo, es una necesidad”.

Francisco Javier Camacho, presidente de la plataforma Adafi, completa esa idea: “Consideramos que lo que nos ha ocurrido con esta empresa es que el Gobierno, las autonomías y los propios ayuntamientos no han tomado las medidas necesarias para vigilar o regular este tipo de situaciones. Ellos sabían perfectamente el volumen tan grande de reclamaciones que estaban teniendo y sin embargo no han hecho nada”. E intuye que si las instituciones públicas hubieran actuado a tiempo, quizás ahora no habría pacientes “que han perdido la sensibilidad del maxilar inferior porque les han lesionado los nervios”, otros a los que les “dañaron el nervio del trigémino, y eso te provoca grandes mareos, fuertes dolores… Con eso te destrozan la vida, eso es para siempre”. También subraya las consecuencias psicológicas: “Hay gente que está muy mal, hay gente que se está intentando quitar la vida”.

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